Por Juan Pablo Blanco
Comienza un nuevo año en medio de restricciones y prohibiciones por culpa de una pandemia que tiene arrinconada a la humanidad desde marzo del año pasado, aunque se haya iniciado en China a finales del 2019.
Preocupa la lentitud del gobierno español para de una vez por todas comenzar a vacunar a la población, incluso en Baleares desde la Conselleria de Salut ya han expresado su molestia por el retraso de las vacunas que no llegan puntualmente a las Islas.
Al cierre de esta edición ya se habían aplicado las primeras vacunas a un 20% de los profesionales sanitarios de Baleares, que se juegan el tipo a diario como ocurre en el resto del mundo. Es una buena señal en medio de la incertidumbre.
No obstante, al pánico colectivo por el elevado número de casos de contagios en el archipiélago balear se suma el económico. Y es que cuando el bolsillo se toca la paciencia se agota.
La inconformidad va creciendo a medida que no se encuentran soluciones que satisfagan la apremiante coyuntura del sector empresarial, y todo lo que éste genera como familias enteras que dependen de que un bar, un restaurante, una cafetería o un gimnasio abran sus puertas, solo por citar unos pocos ejemplos.
Las preguntas se repiten en las comparecencias ante la prensa. La Presidenta Francina Armengol o la Consellera Patricia Gómez tienen que responder sobre el porqué las restricciones no atajan los contagios. La justificación mediática apunta a las consecuencias de las fiestas de final de año, en donde en algunos grupos no hubo conciencia, ni disciplina social por las recomendaciones sanitarias de las que algunos hicieron caso omiso, y hoy por hoy, las UCI se encuentran saturadas.
Hay opiniones para todos los gustos, algunos apuestan por un confinamiento en las Islas, esto último habría de consensuarse con Madrid, otros opinan que si no se fallece de coronavirus habrá muertes por falta de comida o por enfermedades mentales. Este virus sigue haciendo estragos y crea cada vez más crispación social.
Tuve la oportunidad de cubrir esta semana que finaliza la manifestación de algún sector de los restauradores a la que se sumaron hosteleros y empresarios de pequeños y medianos negocios.
Pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno en Baleares por recomendación de las autoridades sanitarias de las Islas para evitar más contagios, los organizadores en un claro gesto de desespero le echaron un pulso al Gobierno a sabiendas de las sanciones económicas que puede suponer este acto de desobediencia.
Es quizá, de las manifestaciones en la que he visto gente más alterada de lo normal y desencajada por la coyuntura que cada uno vive. Los negocios se desploman y detrás de este hundimiento centenares de familias que no ven la luz al final del túnel. Incluso se advierten más concentraciones para los próximos días.
Y para más Inri, el nuevo año nos da la bienvenida con una desorbitada alza en la factura de la luz en esta oleada de frío, negocio redondo para el sector privado. A esto se agregan los deficientes servicios de la administración pública que están colapsados generando un caos social y un descontento generalizado de los usuarios. Es evidente la falta de personal y recursos en las diferentes administraciones.
Pensar en un confinamiento general en toda España por pocas semanas mientras que se organiza el tinglado para proceder a la vacunación, no sería descabellado, además permitiría un margen prudencial para bajar el número de contagios y no repetir la pesadilla de marzo del año pasado.
El halo de preocupación trasciende por estar viviendo aún los estragos del 2020, que parece no haberse despedido todavía. La positividad pasa por pensar que veremos la luz al final del túnel como sucedió con la pandemia de hace un siglo con un rumbo que marcó tendencias muy similares a las de ahora. No hay mal que dure cien años ni país que lo resista.
