Por Juan Pablo Blanco
Me hace gracia cuando se afirma que este gobierno prefiere a los de afuera que a los nativos. No falta el día en que salga la típica noticia de que los inmigrantes viven a cuerpo de rey y no pasan penurias de nada.
Y es que la verdad, nadie indistintamente de su procedencia, debería sufrir la angustia de estar mendigando un plato de comida, el acceso a un techo o un trabajo decente para sobrevivir.
Lo que también resulta indigno y sorprendente es que a estas alturas de la vida en la que los avances tecnológicos nos ahorran tiempo y nos simplifican esfuerzos de desplazamientos para agilizar trámites, es que cientos de extranjeros estén mendigando una cita para obtener una tarjeta física de residencia y trabajo que les conceda el derecho a identificarse para sobrevivir decente y dignamente en España.
Lo que está sucediendo para renovar la tarjeta física de residencia y trabajo es de cuarto milenio. Parece mentira que cientos de personas estén expuestas a perder sus trabajos por carecer de este documento. Ya no hablamos de gente que llega en pateras o están irregularmente en este país.
No, para nada. Nos estamos refiriendo a la incompetencia del Gobierno de no responder desde hace dos años a esta problemática y mirar para otro lado. Cientos de trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social y pagan sus impuestos en España, a partir de marzo de 2021 estarían en situación administrativa irregular de no poner freno a esta situación.
Recordemos que a quienes se les caducó la tarjeta de residencia y trabajo durante el estado de alarma han tenido un periodo de gracia de seis meses para renovar su documentación. Para muchos de ellos el plazo vence el 21 de diciembre y tendrán otro periodo de tres meses añadidos una vez expiren los términos para obtener su tarjeta física.
En las entidades financieras no aceptan las resoluciones de concesión de renovaciones para identificarse. Incluso, en algunos organismos oficiales tampoco. Por lo tanto, no sería aventurado asegurar que en 2021 nos podríamos ver enfrentados a una irregularidad masiva de inmigrantes sobrevenida de la incompetencia de la administración.
Por enésima vez me muestro incrédulo ante semejante barbaridad en un país del primer mundo, en donde miles de ciudadanos extranjeros no pueden renovar sus papeles por falta de recursos humanos y tecnológicos en las dependencias de la Policía Nacional encargada de este trámite burocrático.
La responsabilidad de esta situación no hay que achacarla a los encargados del área de extranjería de la Policía Nacional. La culpa de que miles de inmigrantes se vayan a enfrentar a una irregularidad masiva se le puede endosar al Gobierno.
No lo afirma quien escribe esta columna. Lo confirman los abogados y gestores administrativos que no entienden por qué la opción de la plataforma virtual no concede citas para que de una vez por todas cientos de inmigrantes desesperados encuentren una fecha para la toma de huellas.
Existe la sensación de que están desgastando y aburriendo a la gente para que claudiquen y regresen a sus países de origen. No cabe en la mente otra explicación. Y lo peor es quienes vivían pregonando igualdad de oportunidades y hablaban de discriminación institucional hoy no se les ve el pelo.
La integración no vive de discursos falaces. La cohesión social se demuestra con políticas de igualdad del trato a los ciudadanos desde las administraciones. Cierto es que existen problemas burocráticos de tramitaciones en los diferentes organismos públicos originados por la pandemia, por ejemplo en la Seguridad Social y en el SEPE.
Pero lo que ocurre con la falta de citas de huellas para renovar los documentos de identificación es inverosímil. Quienes tienen competencias en este asunto reconocen el problema, pero se desentienden de este grave cáncer burocrático que arrastramos desde mucho antes de la pandemia.
