Antes de entrar en materia sobre el tema central de estas líneas, decir que no son nada alentadoras las noticias esta edición. El efecto domino del cierre del tour operador Thomas Cook puede convertirse en un golpe devastador para todos los sectores. No se necesita ser analista económico para deducir que si el epígrafe turismo, el padre de los pollitos sufre un duro revés, los demás también acarrearán graves consecuencias.
Hablamos de la restauración, la construcción y los servicios que también, sin duda, quedarán malheridos. Conozco a muchas personas que trabajan en estos sectores, por ejemplo, en reformas de hoteles en invierno. Seguramente usted tendrá conocidos que ya le han expresado su preocupación por el inminente decrecimiento de los puestos de trabajo respecto al otoño-invierno del año pasado.
Es un batacazo que no se esperaba nadie. Veintidós mil puestos de trabajo menos, y miles de turistas tirados a su suerte en las Islas, entre los lugares más afectados..
El panorama sombrío no deja perspectivas de ver la luz al final del túnel, y ahora más que nunca cuando la clase política va de mal en peor, y si no son capaces de pactar entre ellos, menos aun cuando se tenga que resolver un problema mayúsculo como el terremoto económico que ha supuesto el cierre de este gigantesco tour operador. Esperemos como transcurren las cosas, ojala el golpe sea leve y no sea el comienzo de otra crisis en la que la peor parte la lleven los destinos cuyo sustento en un gran porcentaje depende del turismo.
No hay funcionarios suficientes
Y si la pasada edición hablamos de trámites administrativos, papeles en regla, plazos para la obtención de la nacionalidad, en esta quincena desde luego que no pasaremos por alto la noticia publicada en estos días por el Diario de Mallorca (ya anunciada desde hace tres meses en Baleares Sin Fronteras) sobre la otra crisis administrativa que se avecinaba con las personas que estaban expuestas a quedarse con los papeles caducados, y efectivamente ha ocurrido.
Es aterrador que el gobierno a estas alturas no haya podido cubrir las plazas de funcionarios en la Oficina de Extranjería de Baleares, por no mencionar a otras de la Administración para evitar salirme del tema.
Hay personas de diferentes nacionalidades en las empresas que no han podido seguir trabajando. La explicación es muy sencilla: los papeles les han caducado y por más que hagan el intento de renovarlos cumpliendo con todos los requisitos exigidos, todo se convierte en una odisea. Es imposible acceder a la cita previa.
Con esto se está abriendo el camino para otro nuevo tipo de irregularidad administrativa que afecta gravemente a quienes están cotizando, no solo para renovar sus papeles, sino para acceder a la nacionalidad española, hacer una reagrupación, o incluso, un trámite bancario.
Lo que está sucediendo en la Oficina de Extranjería de Palma no es cualquier chiste. Las abogadas que escriben para este periódico, concretamente Beatriz Tobón y María Sabater se han mostrado preocupadas por las estrictas políticas de las empresas de negarse a prolongar o renovar contratos a trabajadores con papeles caducados.
Simplemente lo que hacen las empresas es curarse en salud, obviamente no quieren meterse en líos por muy buenos y eficientes que sean esos trabajadores. Y lo peor de todo es que las asociaciones de inmigrantes que hace tres meses se reunieron con la delegada del gobierno en ese entonces, Rosario Sánchez y el delegado de gobierno en funciones, Ramón Morey, al día de hoy no tienen respuestas concretas sobre las soluciones que se avizoran. La tecla está muy seguramente en Madrid, pero si no hay voluntad política este problema se puede salir de las manos a tenor de la gran cantidad de personas que en la práctica van quedando en situación irregular.
