Cincuenta y dos mil inmigrantes irregulares, o “ilegales”, o “potenciales delincuentes” en Andalucía expulsados a sus países de origen. Multiplicado por el resto de comunidades autónomas podría sobrepasar el millón o mucho más, no es poca la cifra sobre la cantidad del total de la población en España.
Al comienzo de esta semana sorprendía a propios y extraños la osada propuesta de VOX de expulsar a los inmigrantes de esa Comunidad Autónoma que no tuvieran en regla sus papeles. Y es que más que ser una propuesta pre-electoral y un condicionante para permitir la formación del gobierno en la Junta de Andalucía junto al PP y Ciudadanos, no dejaban de llamar la atención algunos puntos que a nivel personal por trabajar en este tema de inmigración desde hace quince años me quedaban flotando en el aíre.
No podía entender, y es que en definitiva existen ideas que aunque no nos gusten se deben de aceptar, en la política como en el deporte se gana o se pierde, pero es que en este caso no se trata de eso, simplemente es cuestión de planteamientos con una gran cantidad de elementos carentes de fundamentación jurídica, no lo digo yo, lo afirman los eruditos en la materia de extranjería, ellos lo explican mucho mejor, pero no es muy difícil de entender.
En resumen tal y como está conformado el organigrama de este país, existen competencias autonómicas y estatales, y según entiendo las de extranjería se rigen por la estatal, es decir desde Madrid. Nada está exento de cambiar, pero en el caso de los inmigrantes sin papeles a los que VOX propone echar del país, primero deben pasar por un procedimiento que nuestra abogada Margarita Palos Nadal, una de las mejores intérpretes de la Ley de Extranjería, no sólo en Baleares, sino a nivel estatal, nos explica con lujo de detalles en la página 7 de esta edición.
Por Ley, las modificaciones a la normativa de extranjería siempre han sido competencias de Madrid, y por consiguiente, desde las áreas de inmigración de las Comunidades Autónomas no se puede hacer absolutamente nada, más allá de proponer una iniciativa a través de una conselleria en el caso de Baleares.
Recuerdo cuando existía la Conselleria de Inmigración en Baleares en el Govern de Jaume Matas entre los años 2005 y 2007. Y se me viene a la memoria cuando en las reuniones de la consellera de aquel entonces, Encarnación Pastor, algún que otro despistado ciudadano foráneo o representante de algún colectivo le pedía a la consellera solución a los problemas de los indocumentados, la respuesta inmediata era que las Comunidades Autónomas no tenían competencia y hoy por hoy siguen sin tener injerencia en las leyes de extranjería cuyas directrices dependen de Madrid y éstas a su vez de una directiva europea.
Las propuestas populistas con visos de pasión y entrega hacia un potencial electorado ansioso de que las cosas cambien generalmente nunca terminan bien, y ya no lo digo en este caso por VOX, sino por la política en general que adopta la estrategia del marketing apuntando a un tema sensible como la inmigración para la captación de votos, eso sucede en la derecha, en el centro y en la izquierda.
Cierro con este apartado de la abogada Margarita Palos: “Convendría que todos nos dedicáramos a estudiar la legislación vigente, comunitaria e interna y las decisiones de los Tribunales de Justicia para acertar en esta materia como en otras. La expulsión de un extranjero irregular en nuestro país, de un ser humano en situación de irregularidad, está sometida a garantías jurídicas”, las expulsiones masivas están sujetas a los principios generales del Derecho Comunitario, las decisiones que se tomen en el marco de la presente directiva deben adoptarse de manera individualizada, (de ahí que no caben las expulsiones masivas), así de sencillo.
