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jueves, noviembre 21, 2024
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    Editorial 425: Ucrania cuenta mucho… y el resto también

    Esta semana leía una noticia que reproducimos en esta misma edición sobre unas declaraciones del ministro Escrivá en el que públicamente afirmaba que “la emergencia de Ucrania ha supuesto un gran reto para el sistema de acogida y hemos respondido de forma ejemplar”.

    El titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones agregaba que la llegada de más de 168.000 personas desplazadas procedentes de Ucrania en el último año, tras la invasión rusa, ha supuesto “un reto enorme para nuestro sistema de acogida, exigiendo un gran esfuerzo de coordinación entre administraciones”. Durante la presentación del balance ‘Ucrania: un año de acogida’, Escrivá ha recalcado que “la respuesta que ha dado España ha sido ejemplar, demostrando una gran agilidad y capacidad de adaptación a los diferentes momentos de la crisis”.

    Decía que más de 82.000 personas están empadronadas en algún municipio español, 78.000 tienen tarjeta sanitaria y 14.000 están ocupadas, con alta en la Seguridad Social, “datos que muestran la rápida integración de este colectivo”.

    Al leer estos tres párrafos no cabe ninguna duda de que cuando se quiere se puede, y por supuesto, a la gente de Ucrania y de otros países azotados por la lacra de las guerras hay que acogerlos y ofrecerles asilo con todas las garantías del caso para acceder a derechos básicos universales como los de la salud, el trabajo y la educación.

    Desde luego me uno al minuto de silencio de hace una semana en el que los responsables políticos de las diferentes instituciones encabezaban para la foto de la solidaridad.

    España por historia se ha caracterizado por ser un Estado acogedor y hospitalario. Sin embargo, también es necesario echar un vistazo a la casa por dentro para ayudar a solucionar dramas sociales de personas de diferentes procedencias, que también viven su propia guerra interna al no poder normalizar su vida administrativa por fallos garrafales del sistema. Cuando me refiero a fallos garrafales apunto al ejemplo que cito en la portada de esta edición del periódico en el que un joven senegalés que llegó hace cuatro años a Mallorca, no pudo regularizar su situación por negligencia de la propia administración.

    A usted que posiblemente no entienda a qué me refiero le pongo en contexto: Las personas que llevan tres años residiendo irregularmente en España ininterrumpidamente y cumplen con los requisitos de la Ley de Extranjería pueden acogerse al arraigo social. Una de las exigencias es tener una oferta de trabajo de una empresa. En el caso del joven africano todos los requisitos se reunían. Lo que no tenía en sus planes era que extranjería tardaría ocho meses en contestar por lo que el empresario perdió la paciencia y retiró la oferta de trabajo.

    Para no extenderme demasiado, este es uno de los cientos de casos que ocurren diariamente en España. Gente que aún no cotiza a la Seguridad Social y no paga sus impuestos por la lentitud de estas oficinas para resolver los expedientes.

    Hace dos años al ministro Escrivá quien escribe esta columna le formulaba en una conferencia de prensa la pregunta sobre la crisis en las oficinas de extranjería de España, especialmente la de Palma. Me respondía que era una asignatura pendiente de resolver en corto plazo, pero a la fecha nada de nada.

    Qué bueno sería que el Gobierno de Madrid creara un plan de emergencia para arreglar la situación de miles de inmigrantes que por culpa de la propia administración no pueden regularizarse. De esto poco se habla, nadie dice nada y parece que no formara parte del plan electoral de ningún partido político.

    Si se moviliza toda la logística necesaria para la gente de Ucrania, la mayoría con tarjeta sanitaria y cotizando a la Seguridad Social a un año de haber llegado, por qué no hacer lo mismo también con las personas que están residiendo hace tres años o más en este país, y no pueden acceder a un estatutos migratorio legal que les permita vivir dignamente. No es un “papeles para todos”, simplemente es un derecho de tres años de arraigo que por ley se ha ganado, pero la ineficacia del propio sistema lo deniega. ¡Así de simple!

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