Por Público
H. R. acudió a la comisaría de Burjassot, en València, el pasado 5 de diciembre para denunciar la destrucción de su pasaporte junto a un compañero. Su documento se quemó en el incendio de la autocaravana que les proporcionaba la empresa para la que él y otro compañero trabajaban de forma irregular.
Sin embargo, lo que obtuvo este ciudadano colombiano por parte de la Policía fue la apertura de un expediente de expulsión por estancia irregular en el país. Así lo denuncia la organización València Acull (València Acoge), que precisa que este procedimiento de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «genera indefensión en las víctimas, la impunidad de los victimarios y obstaculiza el acceso a derechos» de las personas extranjeras.
Según relata el afectado, tras presentar la denuncia, los agentes que los atendieron les hicieron esperar mientras realizaban comprobaciones y les citaron para dos días después en la sección de Extranjería de la misma comisaría. Cuando acudieron a la cita, iniciaron un procedimiento de sanción contra H. R. por estancia irregular, no así a su compañero, que aún estaba en el plazo de 90 días de visado como turista.
Su abogada presentó alegaciones, pero la Policía de Burjassot las rechazó al considerarlas «improcedentes» y ha propuesto a la Delegación del Gobierno que se proceda a la expulsión de H. R. Los agentes aseguran que el joven entró como turista «con la intención de quedarse a vivir en España», que todos sus familiares están en Colombia y trabaja sin alta en la Seguridad Social. Además, se afirma que tiene pendiente «una propuesta de sanción grave» por «tenencia o consumo de drogas», algo que el joven niega. «Nunca me habían sancionado por nada y tampoco es verdad que toda mi familia resida en Colombia, no le dije eso a la policía. Vivo con mi mamá desde que llegué», explica el joven a Valencia Acull.
La crítica a este tipo de prácticas policiales no viene solo de este colectivo, que lleva años denunciándolas. El Defensor del Pueblo ha solicitado en reiteradas ocasiones desde 2019 que el Ministerio del Interior dé instrucciones a las comisarías para que cesen en estas decisiones contra personas en situación irregular que acuden a denunciar como víctimas de un delito o cualquier otro trámite cotidiano ante la Policía.
El Defensor ha insistido en que, por encima de las normas de Extranjería, debe prevalecer que el Estado garantice los derechos de las personas extranjeras en situación irregular como víctimas de cualquier delito «ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos». «Esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica».
Sin embargo, Interior rechazó esta recomendación del Defensor del Pueblo en enero de 2021 asegurando que los agentes solo siguen la normativa dictada por la Ley de Extranjería. En este campo, la única excepción a sancionar a denunciantes que están en situación irregular es con las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos.
Varias organizaciones y abogados especialistas en Extranjería han señalado en varias ocasiones que las comisarías valencianas son de las más restrictivas a la hora de cursar trámites. También se ha registrado casos en los que se ha sancionado a madres extranjeras de menores con nacionalidad españolas que acuden a recoger los DNI de sus hijos.
