Desde hace veinte años en mi trabajo periodístico del día a día, cuando he entrevistado a un alto cargo de una administración autonómica, insular o municipal y en un apartado les pregunto sobre asuntos relacionados a inmigración, la mayoría de veces coinciden en contestar que la competencia no atañe al cargo que representa. Lógicamente llevan razón, pero huelga decir que en ningún momento cuando hago las preguntas desconozco esta situación, por el contrario, he tratado de aprender a diferenciar las responsabilidades administrativas autonómicas y estatales.
Dicho esto, especialmente en época electoral previa al 28 de mayo en Baleares, es sumamente preocupante lo que denuncia el Movimiento de Unidad de Acción Sindical por la calidad del sector público estatal en las Islas, “por una insularidad digna”.
Esta plataforma compuesta por 18 sindicatos de varios sectores importantes del ejercicio de la función pública vienen denunciando reiteradamente las precarias condiciones laborales en las que trabajan los empleados de la Administración Estatal de las Islas.
Los portavoces ya estuvieron recientemente en el Parlamento Europeo de Bruselas haciendo una radiografía exponencial de la crisis de insularidad que padece esta comunidad autónoma. Lo más preocupante de todo es que no se avizoran soluciones a corto plazo y la cosa parece ir a peor.
Esta afirmación no es subjetiva, ni personal, estoy seguro de que profesionales de todos los ámbitos y los propios ciudadanos usuarios coinciden en el deficiente servicio que prestan las administraciones públicas de competencia estatal.
En ese orden de ideas, siempre hay que dejar claro los buenos oficios de la mayoría de estos empleados, que hacen lo que está al alcance de sus manos. Sin embargo, la situación se sale de control cuando comprobamos las largas esperas para los trámites administrativos o las resoluciones que no llegan en el plazo de ley, tal y como ocurre con los papeleos de extranjería en los que decenas de inmigrantes –muchos de ellos que optan al arraigo social o gestionar una renovación– se ven seriamente perjudicados.
Por consiguiente, retomando lo dicho en las primeras líneas, una cosa va ligada con la otra. Y es que si la calidad de vida y el estado de bienestar no están mínimamente garantizados por una eficiente prestación de servicios públicos del Estado en una comunidad autónoma, equivale a un “apague y vámonos”, pues toda la ciudadanía sin importar su estrato social o estatus migratorio está condenada a padecer las inclemencias del deficiente servicio administrativo, y por ende, nos afectará directamente en cualquier ámbito profesional, laboral o personal de nuestra vidas.
Es cierto que la post pandemia continúa siendo parte de nuestro hábitat diario, especialmente en los estragos que ha causado en las administraciones públicas, no obstante, es hora de reaccionar al tsunami que se nos avecina a corto plazo, especialmente en una región turística como Baleares.
Lo preocupante es que nadie se le mide al reto de venir trabajar a las Islas con un plus de insularidad muy por debajo de la media de Ceuta y Melilla y Canarias. Y como agravante es que a las primeras de cambio cuando se presenta la oportunidad, los funcionarios que sufren están vicisitudes, no dudan en solicitar un traslado a la península.
Nos estamos quedando sin funcionarios públicos, tal y como lo denuncia la Plataforma, además de las conclusiones a las que llego de la entrevista que realicé a Miguel Ángel García, Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Baleares. El estado de bienestar tambalea por la precariedad a la que se ven abocados estos funcionarios repercutiendo directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. El alto coste de vida y la misión imposible de conseguir una vivienda en las Islas están haciendo mella para que el panorama no sea halagüeño.
Más allá de entrar en enfrentamientos dialécticos o peleas en redes sociales con sus contenedores políticos, los que están en la primera fila para cargos de responsabilidad no se deben desentender de este tema, aunque no sea competencia de las autonomías, sí que están en la obligación de presentar una hoja de ruta con propuestas a Madrid y hacer eco de las reivindicaciones antes de que toquemos fondo.
