En una noticia que publicamos en esta edición destacamos que el número total de extranjeros residentes en España a finales de 2022 ascendía a 6.493.147 personas, un 7,3% más que en 2021, debido fundamentalmente a la llegada de desplazados ucranianos. Hasta ahí todo bien.
Sin embargo ese número de personas podría haber aumentado si este mismo gobierno se hubiese puesto por la labor de dotar a las oficinas de extranjería de medios para sacar adelante expedientes en los plazos correspondientes.
Seguramente las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda habrían aumentado si a cientos de esos solicitantes para regularizar su situación migratoria les hubiesen resuelto sus expedientes en el tiempo establecido de tres meses. Conozco casos de inmigrantes sin papeles con ofertas de trabajo en mano que por culpa de los retrasos de las oficinas de extranjería se quedan sin regularizarse. Y es que cuando se trata de mano de obra y de inmediatez no hay empresas que puedan darse el lujo de esperar más de ocho meses para que su trabajador se incorpore a su plantilla.
Hablando con los abogados de extranjería columnistas de este periódico, no es una coyuntura nueva ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez nada ha hecho. Por eso, mi afirmación de que ese 7,3% tendría que duplicarse o triplicarse con la generación de mayores activos -nuevos residentes- para el Estado.
Otra de las noticias relacionadas con esta temática apunta a que el Gobierno aprueba el nuevo Marco Estratégico contra el Racismo y la Xenofobia. En mi opinión este tipo de actuaciones bien encaminadas surten efecto, pero a veces se queda en un manual de buenas intenciones.
Dentro de la primera, se ha puesto en marcha un procedimiento de denuncias ante la Fiscalía General del Estado, de posibles delitos de discurso de odio de motivación racista y xenófoba, que permite al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) dar un paso más en su trabajo contra los mensajes de odio que empañan el debate público. Según este nuevo procedimiento, OBERAXE ha presentado cinco denuncias.
No obstante, considero que otra de las estrategias para combatir la xenofobia y el racismo es permitir a la gente indocumentada regularizarse mediante una oferta de empleo.
Desafortunadamente se vende la idea demagógica de que “todos los ilegales vienen a delinquir”.
Por mi diaria experiencia puedo asegurar que conozco a decenas de personas que llegan a esta parte del mediterráneo y nunca en su vida han delinquido ni lo harán. Padres o madres de familia que se parten el lomo de sol a sol trabajando para sacar adelante a sus familias cuando regularicen su situación migratoria.
Para ser delincuente no se necesita mostrar un pasaporte o DNI basta con que se tenga la intención de hacerlo. Pero, lo que es inminente es que el discurso y los mensajes de odio aumentan y surten un efecto peligroso, máxime cuando no se tienen los papeles en regla. Por inercia una cosa va ligada a la otra si le ponemos un poco de sentido común.
Por esta misma razón – insisto- en que también el Gobierno es parte activa de esta situación. No bastan con planes de acción de lucha contra la xenofobia y el racismo si el propio Ejecutivo de Sánchez no hace algo por interesarse en los que pudiendo comenzar a trabajar no lo logran por inoperancia de la propia administración.
Como dato anecdótico: durante una entrevista para el diario alemán Mallorca Zeitung, el periodista me preguntaba si considero que los inmigrantes deben tener miedo por el cambio de Gobierno en Baleares. Le respondí que el miedo era para muchos con derecho al arraigo social que no lo puedan tramitar en los plazos correspondientes. Miedo que a las personas que van a renovar un permiso de residencia y trabajo les despidieran de sus trabajos o les congelaran sus cuentas bancarías por no recibir la renovación en los plazos establecidos. Miedo a que se siga vendiendo la idea de subvenciones y paguitas para los irregulares. Hasta ahora en 25 años de residencia en España no he visto ningún BOE que ponga “ayudas y subvenciones para gente sin papeles”.
El verdadero temor es que el discurso del odio sea aprovechado por quienes utilizan como conejillo de indias la irregularidad para abrir brechas de odio en la sociedad.
