No me deja de causar estupor la noticia sobre las restricciones de la alcaldesa de Ripoll, Cataluña, Sandra Orriols, de empadronar a los inmigrantes que llegan con papeles en regla a residir a ese municipio.
Aunque ella replique que está cumpliendo su programa electoral, cierto es que se están vulnerando unos derechos fundamentales de menores de edad como lo son tener derecho a una tarjeta sanitaria y acceso a la escolarización.
En un completo informe de la situación, EL PERIÓDICO, en su edición digital hace una radiografía de lo que sucede con tres niños de origen marroquí que no han podido ir a la escuela desde noviembre hasta que no transcurra un plazo de tres meses para poder empadronarse, que es el tiempo máximo que marca la ley.
La noticia de este medio hace referencia a que durante la campaña electoral, Alianza Catalana, a cuyo partido pertenece la alcaldesa, “prometió no empadronar a inmigrantes sin papeles”, no siendo este el caso de Mohamed Bousnash, de 13 años, de los gemelos Adán y Mayasse de 7 años y de Fátima Bouyzgarne, madre de los tres menores.
Los cuatro llegaron en noviembre del 2023 a España por la reagrupación familiar que tramitó el cabeza de familia, Brahim Bounash, que lleva 16 años residiendo en este país.
El ciudadano marroquí, trabajador de una empresa de limpieza, se lamenta diciendo que cuando fueron al médico les dijeron que tenían que pagar la visita. Este les respondió que no tenía dinero y finalmente lo dejaron pasar.
El padre de familia agrega, en su relato a EL PERIÓDICO, que durante este tiempo sus hijos y su mujer han enfermado por el frío de la zona y la falta de calefacción. Los niños no tienen tarjeta sanitaria ni un seguimiento de las vacunas.
Lo grave de este asunto es que el caso de esta familia se extrapola otras tantas que padecen el mismo problema. Los afectados denuncian que la alcaldesa pone trabas y espera tres meses para revisar cada expediente. El medio digital informa que los propios trabajadores municipales, que prefieren guardar el anonimato, tienen que insistir para no agotar los plazos.
Otro de los casos más sonados -dice el informe- es el de un ciudadano británico, Steve Cedar, residente en Cataluña hace más de treinta años, que hace dos meses compró un piso en Ripoll. Comenta que fue a empadronarse con las escrituras y le respondieron que hasta que no pasaran noventa días no sabría si lo admitirían.
Los que no tienen papeles lo tienen aún peor. Aziz Oabou llegó a Ripoll desde Francia, pero no tiene permiso de residencia y trabajo. Lo más preocupante de todo es que está tendencia se extienda a otros municipios de España.
Y es que al tener restricciones o prohibiciones en el momento de empadronarse, centenares de personas que están esperando regularizar su situación administrativa en España no podrían hacerlo. Recordemos que uno de los requisitos para obtener un permiso de residencia y trabajo es estar empadronado en sus respectivos municipios.
Cabe reseñar que en Baleares hay muchas personas que están aspirando a tener sus papeles por medio del arraigo social, y uno de cuyos requisitos obligatorios es estar empadronado.
Con estas líneas de opinión, reproduciendo apartes del artículo, no se trata de generar angustia entre quienes están a la espera de sus papeles. Es simplemente la evidente descripción de una insensible servidora pública que, aunque no está en su puesto para vulnerar las leyes, sí fue elegida para garantizar un estado de bienestar a la ciudadanía y defender sus derechos.
