PIMEM, de la mano del experto Jaume Pallerols, economista, consultor en estrategia empresarial y director de contratación pública de CONPYMES, han expuesto la dificultad de las pymes en conseguir la participación que les corresponde en las adjudicaciones públicas y para dar una solución a esta problemática. En este sentido la patronal mallorquina se sumó en su momento a las propuestas de la Confederación Nacional de PYMES (CONPYMES) y ahora la Federación pide al Govern pasos firmes para crear una ley que haga posible el acceso de las pymes a la contratación pública.
En su intervención, Jaume Pallerols, ha asegurado que la patronal mallorquina debe promover y de manera obligatoria la reserva del 25% para las pymes de Balears ya que no hay otra manera de subir la participación de las pymes. “Se trata de una propuesta muy técnica y se debe hacer teniendo en cuenta que si un ayuntamiento está por encima no le afectaría, pero sí debería adaptarse como mínimo a este porcentaje si estuviera por debajo”. Y es que según tanto la patronal como el economista, y sin tener datos de Balears, sólo el 29% de las pymes españolas participan de la contratación pública cuando su participación el PIB es del 60%”. Los datos en Balears, según el presidente de PIMEM, Jordi Mora, serían similares.
La tercera petición de PIMEM al Govern es la de crear los mecanismos necesarios para elaborar estadística que sirva de base de datos y saber en todo momento con que información se cuenta a la hora de crear las licitaciones y los pliegos de condiciones. Pallerols también apuesta por introducir el llamado texto pyme. “Antes de cualquier licitación podríamos tener la información necesaria para adaptar el pliego de condiciones y facilitar al máximo el acceso de las pymes”.
Tanto PIMEM como CONPYMES coinciden en el retraso de las instituciones a la hora de hacer cumplir las directivas europeas y los diez principios que ya se crearon en 2008 donde precisamente el punto número cinco, según Pallerols, deja clara “el apoyo explícito a las pymes en materia de contratación pública y que en la directiva europea de 2014 ya se reconoce por parte de todos los estamentos el incumplimiento de dicha directiva”.
Para el presidente de la patronal mallorquina, Jordi Mora, “la nueva ley permitiría poner orden y unificar criterios y esto se puede hacer con las actuales competencias que tiene nuestra comunidad”. Actualmente el País Vasco ya ha legislado en favor de esta contratación pública y Catalunya está en proceso.
