Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14
Teniendo en cuenta que solo en el año 2018 han pasado por las oficinas de extranjería de toda España 760.000 expedientes, decir que estas oficinas están colapsadas es quedarse cortos.
Los expedientes de residencia una vez se consigue poder tramitarlos ante la oficina de extranjería se demoran mucho mas de los tres meses que estipula la ley en ser tramitados y resueltos lo que genera no solo inseguridad jurídica en el extranjero que lo presenta, sino también una dilatación excesiva en su inclusión en el mercado de trabajo y en su integración en nuestra sociedad.
El hecho de no tener tarjeta de residencia aboca al extranjero a no poder comenzar la nueva vida que viene buscando, sin la tarjeta física ( TIE) es imposible poder acceder a un trabajo, una vivienda, abrir cuentas bancarias, tener una línea telefónica.
Por lo cual la administración se ha convertido en un problema y no en una solución de las personas que llegan a nuestro país, llevando a los inmigrantes a situaciones limites además de a una irregularidad sobrevenida por el casi imposible acceso a los procedimientos legales establecidos a fin de regularizar su situación.
Las oficinas de extranjería estaban en una situación critica antes del estado de alarma por lo cual la pandemia no ha hecho mas que rematar un sistema que ya estaba moribundo.
Si bien, actualmente el 80 % de los trámites se pueden realizar de forma digital en una medida que se adoptó en un intento de descolapsar las oficinas.
Para acceder a las plataformas digitales que la administración habilitó a fin de poder realizar el trámite deseado de forma online, se necesita un certificado digital y el procedimiento para su obtención es incluso más difícil que el propio trámite, además de que los inmigrantes que están de forma irregular no pueden acceder a éste.
Por lo cual, los extranjeros que quieren regularizar su situación en nuestro país no les queda otro remedio que solicitar una cita previa a fin de realizar el trámite presencial.
Esta tan ansiada cita previa que se solicita por internet, pero a la vez, es prácticamente imposible de conseguir. No es exagerado afirmar que un extranjero puede tardar semanas, o incluso meses, en poder conseguir una cita, según la comunidad autónoma en la que resida. Esta coyuntura lleva al usuario a un estado de desesperación de llegar a pagar sumas exageradas por conseguir una cita, que dicho sea, es un servicio público que no tiene coste alguno.
La dificultad para solicitar una cita previa los esclaviza a estar 24 horas ante el ordenador actualizando la página a fin de conseguirla. Nada más y nada menos una cita les permite regularizar su situación. Además, como un daño colateral añadido se ha creado un mercado paralelo de “cazadores de citas”, los cuales pueden llegar a cobrar entre 50 y 400 euros, según el trámite que se quiera realizar.
Durante la pandemia en un intento de agilizar la terrible burocracia y para intentar paliar un colapso aún mayor al que ya había generado por la paralización de la administración a consecuencia del estado de alarma, se firmó un convenio con el Consejo General de la Abogacía mediante el cual los abogados podemos realizar casi todas las solicitudes de residencia mediante plataforma digital, la firma de este acuerdo fue aplaudido por nuestro colectivo que lo venia reclamando hace ya 5 años.
Pero, aunque necesario, dado que esto facilita nuestro trabajo y también el de la administración, además de acelerar considerablemente la tramitación de las solicitudes de residencia, no es la solución a un problema que llevan años sufriendo los extranjeros en España, ya que se ha de matizar que acceder al servicio de un abogado depende de la situación económica de cada extranjero, por lo cual dicha solución está fuera del alcance de las personas con menos recursos.
En resumen, las dos medidas que ha planteado la administración no han sido suficientes para solucionar un problema crónico que sufren los inmigrantes en nuestro país hace años.
Para que las oficinas de extranjería sean eficaces hay que dotarlas de material tecnológico acorde con las exigencias y de personal dado el gran volumen de expedientes de extranjeros.
Estas soluciones deben tomarse de inmediato. La actual crisis sanitaria que estamos viviendo ha llevado al límite a un colectivo que ya sufre grandes obstáculos con el fin de cumplir los requisitos para regularizarse. La Administración no se puede convertir en la principal piedra en el zapato.
Ser parte de la solución a esta situación que vulnera los derechos de los ciudadanos extranjeros de nuestro país es una obligación de la Administración, pero aún más importante es aceptar el problema y no tirar balones fuera.
