La consellera de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, Catalina Cirer, ha anunciado hoy la creación de una línea extraordinaria de ayudas para los consells insulars, que se encuentran en una situación dramática de falta de espacios y recursos para atender niños y adolescentes menores no acompañados.
Cirer lo ha comunicado a los representantes de los consells insulares con los cuales ha tenido una reunión para tratar la grave situación migratoria que viven las Islas y en concreto, la atención a los niños y adolescentes menores no acompañados. En el encuentro, los asistentes han coincidido en la preocupación ante la consolidación de las Baleares como ruta migratoria, especialmente con Argelia.
El objetivo de esta iniciativa es asegurar que ningún menor quede desatendido, garantizando que reciban la atención y los servicios necesarios para su bienestar y desarrollo. Cirer ha destacado la importancia de esta medida: «Nuestro compromiso es firme. Queremos garantizar que todos los niños y adolescentes que llegan a nuestras islas, a menudo en situaciones muy difíciles, tengan acceso a una atención humana y digna». Por el contrario, ha destacado la consellera, «el Gobierno central mira hacia otro lado ante esta realidad tan compleja que vivimos y traslada toda la responsabilidad en las comunidades autónomas».
Las ayudas, que se distribuirán de manera proporcional entre los consells insulars en función de las llegadas que se van produciendo, estarán destinados a cubrir necesidades específicas de estos menores. «Nos encontramos en una situación en que la falta de recursos por parte del gobierno central nos ha obligado a tomar medidas urgentes. No podemos esperar más a soluciones que no llegan, mientras nuestros Consells Insulars luchan para hacer frente a esta crisis humanitaria.
Es imprescindible una respuesta clara y contundente desde Madrid para garantizar los derechos y el bienestar de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas», ha subrayado Cirer, que ha estimado que la llegada de menores no acompañados supone un sobrecoste anual a los Consells Insulars de aproximadamente 40 millones de euros. En este sentido, la titular de Familias y Asuntos Sociales ha reclamado en el gobierno central la creación de una línea de ayudas específica para las comunidades autónomas y ha anunciado que la comunidad autónoma no renunciará a reclamar este importe al gobierno central, puesto que, «a pesar de que las competencias en tutela de menores son de los consejos insulares, la política migratoria es de Madrid. Esperamos que vuelvan a la política de la racionalidad y del consenso y abandonen las imposiciones».
