La conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha resuelto 8.198 entre enero y julio de 2024, lo que supone un 200% más que el mismo periodo que el 2023, cuando se resolvieron 2.717. Así lo ha podido constatar la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, en su visita en el centro de valoración de discapacidad de Manacor donde, durante los primeros siete meses del año se ha dado respuesta a 1.179 resoluciones ante las 610 que se llevaron a cabo en el mismo periodo del año anterior.
En su visita en el centro de Manacor, la consellera Cirer quiso destacar los buenos resultados obtenidos con la reorganización de las tareas de las oficinas de Manacor y de Inca desplazando equipos completos de valoración en ambos centros durante los meses de verano. Esta nueva forma de trabajar ha permitido que todas las valoraciones que se hagan en este periodo, tanto en los centros de Inca, Manacor o Palma, se puedan resolver en una única visita, evitando desplazamientos innecesarios a las personas interesadas, puesto que cada valoración supone una entrevista con un profesional sanitario, un psicólogo y un trabajador social.
En cuanto al centro de Inca, se tiene que destacar que los datos de resoluciones de grado de discapacidad a Inca también han sido notablemente más favorables que en el ejercicio anterior, pasando de las 529 resoluciones el 2023 a las 907 en el 2024, entre enero y julio.
Lista de espera valoración de discapacidad
A pesar de que la lista de espera de valoración de personas con discapacidad continúa siendo elevada, 14.485 personas a junio de 2024, causada también por el incremento de las nuevas solicitudes de valoración detectadas en los últimos meses, desde la conselleria de Familias y Asuntos Sociales se está llevando a cabo un trabajo exhaustivo para conseguir reducir tanto el número de personas que esperan como el tiempo medio, calculado hoy en torno a los 16 meses.
Ante la situación de las listas de espera para la valoración de discapacidad, la conselleria de Familias y Asuntos Sociales ya anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan de choque para hacer realidad la reducción de estas listas. Entre las medidas ya adoptadas figuran la reactivación de un convenio vigente con el servicio de salud de las Islas Baleares (IBSALUT), mediante el cual profesionales de la sanidad pública pueden compatibilizar su trabajo con la valoración de personas con discapacidad; la introducción de un nuevo sistema de equivalencias mediante el cual a las personas usuarias con una edad igual o superior a 80 años con un grado de dependencia I les corresponde un 33% de grado de discapacidad y una movilidad del 25%. A las personas usuarias con una edad igual o superior a 75 años con un grado de dependencia II les corresponde un 65% de grado de discapacidad y una movilidad del 25% y a las personas usuarias con una edad igual o superior a 65 años con un grado de dependencia III permanente les corresponde un 75% de grado de discapacidad y una movilidad del 25%.
Así mismo, los menores pasan directamente a valoración al servicio de valoración de atención temprana para evitar que este sector tan vulnerable tenga que esperar, hecho que los dificultaba el acceso a recursos de apoyo escolar, entre otros.
Otra de las medidas impulsadas es el incremento de horas extraordinarias para los profesionales valoradores.
Actualmente, se encuentran en estudio otros sistemas de equivalencias para aligerar la lista de espera y facilitar el acceso a servicios y prestaciones a todas aquellas personas en situación de dependencia que lo necesitan.
