Encuesta de GADESO
La problemática de la inmigración no es nueva. Desde hace unos años vemos cómo este fenómeno ha ido ganando peso en la agenda política y está generando el resurgir de un discurso xenófobo y anti inmigración en los diferentes estados que conforman la Unión Europea, especialmente en los países que conforman la frontera sur con España en frente y con Canarias y nuestras islas como foco principales.
La continua llegada de pateras a las costas canarias, muchas de ellas con menores no acompañados, los llamados (de forma estigmatizadora como MENAS) ha provocado la saturación de la capacidad de acogida por parte de nuestras islas hermanas, hasta el punto de empezar a ser una emergencia.
El acuerdo entre el Gobierno de España y el Partido Popular para el reparto de estos menores entre las distintas comunidades autónomas ha tenido como principal consecuencia la ruptura entre los de Feijóo y VOX.
En el caso de nuestras islas, en los últimos meses hemos asistido a un estallido de xenofobia por el caso de los argelinos de Son Gotleu o S’Arenal, por los enfrentamientos con personas de etnia gitana. Unas tensiones que han sido aprovechadas por ciertos sectores de la extrema derecha para reforzar su discurso de odio y generar un alarmismo social, muchas veces basado en mentiras y falsedades, aduciendo a un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana.
Falso o no, pero exagerado o no, este discurso parece tener eco entre la ciudadanía. La pregunta es: ¿nos estamos convirtiendo en una sociedad racista? ¿Realmente existe esta animadversión hacia los inmigrantes?
En cuanto a la valoración que la ciudadanía de las islas hace respecto a esta problemática, el 64% cree que la inmigración supone un problema grave y un 27% cree que es un problema, pero no es grave.
Este hecho no implica necesariamente una visión negativa de la inmigración como tal, sino que en muchos casos supone la simple constatación de una problemática existente.
No se trata, pues, de un tema de xenofobia a pesar de que una parte de las personas que opinan así lo hacen motivadas por una serie de ideas impulsadas por la extrema derecha, como que los inmigrantes y refugiados sólo vienen a delinquir, a vivir subvenciones públicas en perjuicio de la población autóctona.
Ideas que están teniendo bastante calado entre la población y no es extraño escuchar a personas quejarse de las supuestas subvenciones y ayudas que reciben los inmigrantes, por mucho que los datos demuestren que esto no es cierto.
La problemática de la inmigración no es un tema de personas, es un tema de sentido común y de voluntad política, sin dejar de pensar que hablamos de seres humanos y como tales merecen respeto
Los motivos por los que un 62% considera que “son demasiados” se centran en la percepción de que estas personas, en situación “regular”, saturan los servicios públicos, especialmente las prestaciones y las ayudas económicas, ocupan puestos de trabajo de los “autóctonos”, o que no quieren integrarse.
Por el contrario, existe un 29% que considera positivo el hecho de que haya inmigrantes establecidos entre nosotros. Los motivos que alegan hacen referencia a que tienen los mismos derechos que nosotros, que la convivencia con culturas diversas es algo positivo y que huyen del hambre y de la guerra.
Aunque hablamos de familias regularizadas o que llevan mucho tiempo entre nosotros, no las consideramos con los mismos derechos que nosotros.
Ni para acceder a la sanidad y la educación (42%), ni por la reagrupación familiar (31%), ni para acceder a las prestaciones y ayudas económicas aunque hayan cotizado (19%).
Resulta bastante preocupante que sólo el 53% considere que tienen derecho a obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Esto en un momento en que muchas empresas se quejan de la carencia de personal.
Nos encontramos ante dos hechos incuestionables. Por un lado, si no llegan inmigrantes nuestro escudo social no será capaz de cubrir las pensiones, ante la falta de personas cotizantes a la Seguridad Social y al envejecimiento poblacional, y por otro, el discurso de odio y de rechazo a la inmigración aumenta de forma lenta pero progresiva, incluso entre algunos inmigrantes (especialmente los más jóvenes) que habiendo obtenido la nacionalidad española comienzan a darse discursos xenófobos y contrarios a la inmigración. Pedagogía para combatir el racismo. Y es urgente. En línea de lo comentado, aumenta la visión negativa frente a los “inmigrantes sin papeles” (74%) especialmente entre los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, los cuales perciben a los inmigrantes como competencia para la percepción de ayudas sociales. Los motivos son evidentes: el primero por la asociación que se hace entre inmigración ilegal y delincuencia. El segundo es el supuesto uso abusivo de los servicios públicos. Un 43% consideraba que la presencia de inmigrantes, en especial los que carecen de papeles, constituyen una de las principales causas que generan inseguridad.
Un aspecto muy recalcado, incluso falseando los datos, por el discurso claramente racista que se está instaurando en Europa con posicionamientos más xenófobos. También se hace referencia a que generan “economía sumergida” (venta ambulante) o que trabajan en “negro”.
¿Hay solución? La mayoría de los que consideran negativa la presencia de estas personas, piensa que la solución pasa por su expulsión inmediata, mientras que la segunda solución es el ingreso de estas personas en centros de internamiento (CIE) mientras se decide su acogimiento o su expulsión. Solo un 22% no considera negativa la presencia de inmigrantes en situación irregular. Sin negar la problemática, los motivos expuestos por estas personas se refieren a los derechos que se suponen a todo ser humano, al hecho de que son personas y familias procedentes de zonas en conflicto y que huyen de la pobreza y el hambre.
Contrariamente a lo que se podría pensar no se proponen soluciones basadas en “la buena voluntad”. No se propone, en ningún momento, ni una amnistía ni una regularización masiva de este colectivo.
Considerando que no es fácil, se propone, para evitar un “efecto llamada”, una regularización excepcional y transitoria sólo de aquellas personas y familias que llevan muchos años conviviendo con nosotros. Asimismo en referencia a quienes proceden de zonas en conflicto, se propone elaborar un plan de acogida, que sea efectivo y aceptable por los estados involucrados.
