A. I.
Ante la muerte el 11 de abril de Daunte Wright por disparos de una agente de policía en Minnesota, Kristina Roth, responsable superior de Programas de Justicia Penal de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“A Amnistía Internacional le entristece que otro padre, hijo y compañero negro más haya sido arrebatado a su familia como consecuencia de las acciones de la policía”.
Según informes, a Daunte Wright lo hicieron detenerse so pretexto de que la placa de matrícula estaba caducada y llevaba un ambientador colgando del espejo retrovisor, circunstancias que no justificaban lo que escaló hasta convertirse en un encuentro fatal.
El año pasado, el teniente del ejército Caron Nazario, negro y latino, fue objeto de un control de tráfico violento en Windsor (Virginia).
Los agentes afirmaron que no habían visto su matrícula de papel en la ventanilla trasera de su auto nuevo. Estos incidentes indican un denominador común y nos recuerdan las deficiencias sistémicas de la actuación policial que desembocan en la aplicación desigual de la ley a las personas racializadas, especialmente las negras. Simple y llanamente, debe excluirse el uso de armas en la aplicación de las normas de tráfico.
Sobrevivir a una interacción con agentes encargados de hacer cumplir la ley no debería depender de dónde se vive ni del color de piel.
Las normas internacionales establecen claramente que, además de los derechos a la igualdad de protección de la ley, a la seguridad y a la vida, tenemos el derecho a no sufrir discriminación cuando interactuamos con agentes encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes responsables de uso excesivo de la fuerza deben rendir cuentas cualquiera que sea el resultado.
La comunidad local de Brooklyn Center y de la región de Minneapolis está comprensiblemente frustrada y airada por estos repetidos incidentes de violencia policial y ha salido a la calle para exigir que se rindan cuentas por la muerte de Daunte Wright.
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben proteger y facilitar el derecho de quienes se manifiestan a la libertad de reunión pacífica y garantizar que cualquier decisión de dispersar una multitud.
