BSF
El objetivo de esta nueva norma es agilizar la gestión de la administración y, sobre todo, de las medidas para paliar los efectos económicos que ha causado la pandemia de la COVID-19.
El Decreto Ley aprobado permitirá a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes avanzar el pago de la renta social garantizada (RESOGA) a las familias sin ingresos económicos de las Illes Balears a las que se haya desestimado el ingreso mínimo vital (IMV), total o parcialmente, y cumplan con los requisitos de la prestación autonómica.
Así pues, en lugar de, como se hacía hasta ahora, llevar a cabo una revisión previa antes de conceder la renta social, con el tiempo que esto supone, la revisión se hará a posteriori. De este modo, las personas solicitantes, bastará que presenten la solicitud de renta social -o haberla presentado ya- una vez se tenga la resolución denegatoria del IMV, y una declaración responsable en la que se indique que se cumplen los requisitos de la prestación económica autonómica.
La revisión se hará a posteriori y, si no se cumplen los requisitos de concesión o estos se dejan de cumplir, se suspenderá el pago y se exigirá el regreso de las cuantías recibidas indebidamente.
El objetivo es evitar que las familias sin ingresos que llevan meses esperando cobrar el ingreso mínimo vítal (IMV) y que finalmente se les ha denegado para no cumplir alguno de los requisitos, puedan acceder directamente a la renta social y no estén más tiempo sin cobrar.
La renta social garantizada es una prestación subsidiaria. Por eso, antes de solicitarla, los interesados tienen que haber optado a recibir el ingreso mínimo vital, el cual depende del Gobierno de España. Desde la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes se ha detectado que muchas de las solicitudes de IMV o bien se deniegan o bien se resuelven con cantidades mínimas porque, entre otras razones, las familias, durante el año anterior a la solicitud tuvieron ingresos económicos.
Una vez hay esta resolución del IMV, los afectados pueden optar a la renta social garantizada, y esto ha hecho que el ritmo de entradas de solicitudes a Asuntos Sociales y Deportes se haya disparado y solo los meses de noviembre y diciembre hayan entrado 1.300 peticiones.
La aprobación del Decreto Ley permitirá que las familias necesitadas y sin ingresos puedan recibir la renta lo antes posible y no tengan que esperar a las comprobaciones administrativas que harían que los afectados todavía tuvieran que esperar más tiempo a cobrar.
La nueva norma modifica el artículo 29 de la ley que regula la renta social garantizada para que durante el 2021 la solicitud se apruebe directamente si se presenta la declaración responsable que asegura que se cumple con los requisitos de acceso.
Agilización del pago de ayudas
Además, este decreto ley incorpora nuevas medidas para agilizar el pago de ayudas a los sectores afectados por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia, en el sentido de que no sea necesaria la justificación de gastos inferiores a 6.000 €, y no solo las inferiores a 3.000 € como se había establecido el pasado mes de mayo, y a los cuales se admite una declaración formal de la persona física o de la entidad beneficiaria, sin perjuicio de las actuaciones posteriores de comprobación y control.
