Las consejeras de Salud y Consumo y de Administraciones Públicas, Patricia Gómez e Isabel Castro, y la directora general de Turismo, Rosana Morillo, se han reunido hoy con Eugenia Cusí, presidenta de la patronal de restauración de Pimem y Alfonso Robledo, presidente de restauración de Caeb, para analizar la situación de la COVID-19 y lanzar un mensaje común para que empresas y usuarios de cafeterías, bares y restaurantes cumplan las normas y recomendaciones de seguridad que tienen como finalidad evitar la propagación de los contagios.
La consejera Gómez ha recordado que las nuevas medidas acordadas por el Govern responden al empeoramiento de los datos epidemiológicos y asistenciales y reiteró que en este contexto es primordial cumplir las reglas para poder frenar el ritmo de contagios y garantizar la capacidad de respuesta eficiente del sistema asistencial.
En este sentido, ha agradecido el esfuerzo que está haciendo el sector y, a la vez, ha pedido la colaboración de las patronales de la restauración para que faciliten a sus asociados toda la información necesaria para asegurar la protección de trabajadores y usuarios y ha reclamado también que contribuyan a difundir entre los clientes las medidas de protección mediante carteles y otros materiales informativos editados por las autoridades sanitarias.
También ha recordado que, aunque se ha insistido mucho y la mayoría de locales las cumplen, hay algunos que ignoran las normas básicas de aforo, de separación entre mesas, de máximo de clientes por mesa, de horarios o de prohibición de consumo de tabaco. También ha recalcado que se ven terrazas cubiertas con carpas, lo cual está prohibido y es susceptible de derivar en una sanción.
En este sentido, la consellera Castro recordó que los operativos conjuntos de inspección – integrados por inspectores de la Comunidad, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales- se han reforzado con motivo de las fiestas navideñas para vigilar la actividad en comercios, centros comerciales, establecimientos de restauración y bares con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa.
Desde la activación de estos operativos conjuntos, se han realizado 1.119 inspecciones y se han levantado 821 actas por incumplimientos de la normativa. Por otra parte, desde la entrada en vigor del decreto ley sancionador el pasado mes de julio, se han registrado 6.082 denuncias (incluidas las levantadas por otras administraciones que han sido remitidas a la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización), de las cuales 5.402 corresponden a particulares y 680 a establecimientos.
Asimismo, Castro señaló que tal como contempla el Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, durante el nivel 4 de alerta sanitaria las infracciones consideradas leves y graves podrán pasar a ser consideradas como graves y muy graves, llegando las posibles sanciones desde 60.000 € hasta 600.000 € y la posibilidad de ordenar el cierre del establecimiento.
Hasta la fecha, se han cerrado 4 establecimientos en las Islas para incumplimientos muy graves. Dos en Mallorca, uno en Ibiza y otro en Formentera.
Por su parte, Rosana Morillo, recordó el compromiso del Govern con el sector. Hay que señalar que, junto con el Consejo de Mallorca y el Ayuntamiento, se ha puesto en marcha un plan conjunto de apoyo al sector de la restauración por valor de casi 7 millones de euros.
Las ayudas a fondo perdido para bares, cafeterías y restaurantes abiertos servirán para contribuir a disminuir el gasto básico de los establecimientos afectados por el cierre de interiores y el cierre total debido a la entrada de Mallorca en el nivel 4 de máximo riesgo sanitario.
Además, entre otras iniciativas, el Ayuntamiento de Palma se ha comprometido a prolongar la exención del pago de la ocupación del espacio público de las terrazas durante el primer trimestre de 2021, una medida que supondrá un ahorro para los restauradores de 450.000 euros. Cabe recordar que esta medida entró en vigor desde la declaración del estado de alarma. El coste de 2020 ha sido de 1,6 millones de euros.
Finalmente, también se ofrecerá la posibilidad de aplazar las facturas de agua y de recogida de residuos. Así, los restauradores podrán financiar cualquier factura emitida desde el mes de agosto de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, en un plazo de un año o dos, en función de determinados parámetros.
El objetivo del Gobierno es trabajar de manera conjunta con todas las administraciones y con todos los sectores sociales para contribuir a paliar los efectos de la pandemia y las dificultades que se puedan derivar de la necesidad de restringir determinadas actividades con el objetivo de proteger la salud de la población.
Tanto Robledo como Cusí recalcaron la importancia de cumplir las medidas de seguridad y han ofrecido la colaboración de las patronales para hacer llegar la información y los mensajes de precaución y prevención a todos los socios y a la ciudadanía y han expresado su disposición a continuar trabajando con la Administración a medio y largo plazo para hacer frente a la pandemia.
