La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, y la directora de la Fundación IRES en las Illes Balears, Aina Capellà, han firmado este martes el concierto para el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial para el año 2021. La inversión prevista es de 225.274 euros.
Para la consellera es la constatación de que esta vía de colaboración, a través del concierto, iniciada en 2017 funciona y ayuda a este colectivo que tanto lo necesita. ”Garantiza una estructura de los servicios sociales en el ámbito judicial”, ha especificado.
Al acto de la firma también han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Carlos Gómez, quien fue uno de los impulsores del servicio en la década de los 80, y la directora general de Serveis Socials, Teresa Vallespir. Allí, se ha recordado que durante el 2019 se atendió a 1.095 personas y 221 familias. Unos datos muy similares con los que se espera cerrar este 2020 ya que, a pesar del confinamiento provocado por la Covid-19, se siguió ofreciendo el servicio.
El servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial es un servicio de atención especializado en el ámbito judicial que atiende a las personas encausadas o condenadas. Se les informa y asesora de los recursos de la red comunitaria a su alcance; se basa en llevar a cabo una intervención psicosocial, y ayudar en trámites y gestiones con el fin de prevenir la reincidencia.
La atención social en los juzgados pone el centro de atención en la persona que sufre un problema en el entorno judicial. Esto la posiciona de manera privilegiada en la detección y atención, muy a menudo por primera vez, de una gran cantidad de problemáticas sociales (drogodependencia, violencia familiar y de género, conflictos vecinales, salud mental, marginación…) que, pese a tener consecuencias judiciales, requieren del abordaje de su dimensión social.
En este sentido, la atención social en los juzgados, se convierte en un servicio especializado que permite atender situaciones de déficit social en un entorno que, contrariamente, se caracteriza por un abordaje exclusivamente pericial y valorativo.
El servicio presta dos tipos de atención en función de la población destinataria:
A- La atención directa: destinada a personas implicadas en un procedimiento judicial penal o civil, con independencia de la situación jurídica en que se encuentren (acusadas, víctimas, denunciantes, demandantes, testigos, etc.). Entre estas se priorizarán aquellas en las que, por el contacto con el entorno judicial, se incrementan las desventajas de partida o bien por la especial relevancia social de la problemática que presentan:
– La violencia contra la mujer y / o doméstica.
– La drogodependencia.
– La incapacidad
– La salud mental.
– La privación de libertad.
B- La atención a los profesionales: se presta asistencia técnica, con carácter instrumental, los profesionales tanto del ámbito judicial como los socio-sanitarios y servicios sociales, tanto de atención primaria como especializada. En este sentido, este tipo de atención permite establecer mecanismos de comunicación, contacto e interacción entre los sistemas sociales y judiciales.
El servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial se presta en todos los partidos judiciales de las Illes Balears. El horario de prestación del servicio se ajusta al horario de las sedes judiciales y en función de la demanda de cada partido judicial.
