A.I.
La actuación policial abusiva y la excesiva dependencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para aplicar las medidas de respuesta a la COVID-19 han dado lugar a violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, empeorado la crisis de salud, ha manifestado Amnistía Internacional recientemente.
En un nuevo informe, COVID-19 Crackdowns: Police Abuse and the Global Pandemic, la organización ha documentado casos de 60 países en los que los organismos encargados de hacer cumplir la ley han cometido abusos contra los derechos humanos con el pretexto de hacer frente al virus. Entre ellos hay casos de personas a quienes han matado o herido de gravedad por incumplir, presuntamente, las restricciones o por protestar contra las condiciones de reclusión.
Según informes, en Irán, por ejemplo, las fuerzas de seguridad utilizaron munición real y gas lacrimógeno para reprimir protestas contra la falta de protección contra la COVID-19 en las prisiones y mataron e hirieron a varias personas. Sólo en los cinco primeros días de un toque de queda declarado en Kenia, al menos 7 personas murieron y 16 fueron hospitalizadas como consecuencia de actuaciones policiales.
Aunque quepa justificar la imposición de algunas restricciones de los derechos humanos durante una pandemia para proteger la salud pública o atender otras necesidades sociales acuciantes, las aplicadas en muchos casos por los gobiernos no han sido en absoluto razonables ni justificadas.
“En todo el mundo, las fuerzas de seguridad están violando ampliamente el derecho internacional durante la pandemia, al hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza para hacer respetar los confinamientos y toques de queda. Entre los terribles casos de abusos cometidos con el pretexto de luchar contra la COVID-19 figuran el de un adolescente a quien la policía angoleña disparó en la cara por infringir presuntamente el toque de queda o el de un hombre a quien la policía salvadoreña disparó en las piernas cuando salió a comprar comida”, ha explicado Patrick Wilcken, director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.
“Aunque la función de las fuerzas del orden es esencial en estos momentos para proteger la salud y la vida de las personas, el uso excesivo de medidas coercitivas para hacer cumplir las restricciones de salud pública está empeorando las cosas. El profundo impacto de la pandemia en la vida de las personas hace aún más necesario que las actuaciones policiales se lleven a cabo respetando plenamente los derechos humanos.”
En lugar de contener la propagación del virus, la decisión de practicar detenciones, hacer uso de la fuerza y dispersar violentamente las reuniones ha aumentado el riesgo de contagio, tanto para los agentes encargados de hacer cumplir la ley como para las personas afectadas por sus operaciones.
Palizas y homicidios
Detenciones y reclusiones arbitrarias
En el informe se hace también hincapié en las detenciones masivas y arbitrarias practicadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional ha documentado cómo la policía ha detenido a personas por no respetar las medidas de cuarentena, incumplir las restricciones de viaje, celebrar reuniones, participar en manifestaciones pacíficas o criticar públicamente al gobierno por su gestión de la pandemia, entre otras razones que no justifican que se prive de libertad a alguien.
En la República Dominicana, por ejemplo, la policía detuvo a unas 85.000 personas entre el 20 de marzo y el 30 de junio, presuntamente por no respetar el toque de queda.
Según informes, en marzo y mayo fueron detenidas en Turquía 510 personas para interrogarlas por “compartir publicaciones provocadoras sobre el coronavirus” en las redes sociales, lo que constituye una clara violación del derecho a la libertad de expresión.
Discriminación
En varios países, la policía ha dado muestra de prejuicios raciales y discriminación al hacer cumplir las normas relacionadas con la COVID-19. Entre los grupos que se han visto especialmente afectados figuran las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, las personas LGBTI y que no se ajustan a las convenciones de género, las trabajadoras y trabajadores sexuales y las personas sin hogar o expuestas a perderlo.
Por ejemplo, en Eslovaquia, personal militar y encargado de hacer cumplir la ley acordonó asentamientos romaníes que estaban en cuarenta, agravando así el estigma y los prejuicios que sufren ya estas comunidades. La aplicación agresiva de las restricciones asociadas a la COVID-19 ha dado lugar también a desalojos forzosos de personas que se han quedado por ello sin un lugar donde protegerse del virus, con frecuencia en grupos que ya están ya marginados.
En Francia, voluntarios de la organización Observadores de Derechos Humanos documentaron 175 casos de desalojo forzoso de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, llevado a cabo por agentes encargados de hacer cumplir la ley en Calais entre marzo y mayo de 2020.
Restricciones del derecho de reunión pacífica
Muchos Estados han utilizado también la pandemia como pretexto para promulgar leyes y políticas que violan el derecho internacional y privan de garantías de derechos humanos, por ejemplo restringiendo el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
Así, agentes de las fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 personas en la zona de Wotalita de Etiopía en agosto, tras convocarse protestas contra la detención de líderes y activistas locales a quienes se acusaba de haber celebrado una reunión sin respetar las restricciones impuestas por la COVID-19.
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cabe imponer determinadas restricciones del derecho a la libertad de reunión pacífica a fin de proteger la salud pública o por otros intereses legítimos, pero han de estar contempladas en la ley y ser necesarias y proporcionadas a un fin específico. Sin embargo, en muchos de los casos documentados por Amnistía Internacional, se han impuesto restricciones excesivas, como prohibir en general las protestas, no autorizar o restringir manifestaciones cuando otras reuniones públicas de envergadura similar sí se permitían o hacer uso de la fuerza contra protestas pacíficas.
Las autoridades deben tratar la pandemia de COVID-19 ante todo como una crisis de salud pública que debe abordarse con medidas adecuadas de salud pública.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos de todo el mundo que, cuando la función que desempeñan los organismos encargados de hacer cumplir la ley es legítima y necesaria, garanticen que éstos se atienen a su misión fundamental de servir y proteger a la población.
