A.I.
Amnistía Internacional interviene en la sesión de adopción del Examen Periódico Universal (EPU) de España por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Por eso, la organización recuerda en su intervención que es necesario que España se comprometa y aborde con urgencia la implementación de medidas que protejan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica; entre ellas, la modificación del delito de sedición en el Código Penal. Amnistía Internacional también insta a la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, a reforzar un sistema público de salud, debilitado durante décadas por medidas de austeridad, y a garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
A Amnistía Internacional le preocupa que los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica no estén suficientemente garantizados. La organización valora positivamente que se hayan aceptado recomendaciones para reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, unas reformas que deben abordarse sin demora.
Y señala por un lado, que es urgente la reforma en el Código Penal del delito de sedición. La vaguedad en la definición de dicho delito, combinada con la interpretación del Tribunal Supremo sobre el mismo en la sentencia del 14 de octubre de 2019, podría tener un efecto paralizante para las protestas pacíficas. Con esta sentencia Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, fueron condenados a 9 años de prisión.
Es necesario revisar urgentemente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminaliza el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica
“Es necesario, que exista un compromiso para revisar sustancial y urgentemente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni impone penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica como en el caso de los Jordis, que para Amnistía Internacional deberían ser puestos en libertad de forma inmediata”, resaltó Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que participará en esta sesión.
Es también urgente una reforma del Código Penal en materia de libertad de expresión, eliminando aquellos delitos que no están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, de injurias a la Corona, y de ofensas a los sentimientos religiosos.
Por otro, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, desde el 1 de julio de 2015, fecha en la que entró en vigor, está restringiendo de forma ilegítima derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación, y de información.
“Amnistía Internacional ha documentado cómo durante el estado de alarma en ocasiones ha sido aplicada de forma arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad, con un enfoque principalmente coercitivo y sin criterios claros de actuación, especialmente en el trato con personas vulnerables”, manifestó Ignacio Jovtis. Según datos proporcionados por el Ministerio del Interior, durante el Estado de Alarma y hasta el 23 de mayo pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado impusieron un total de 1.044.717 propuestas de sanción.
Para Amnistía Internacional es especialmente importante que se eliminen los artículos de la ley relativos a las faltas de respeto a agentes de la autoridad y difusión no autorizada de imágenes de agentes por ser contrarios a los estándares internacionales.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad continúa siendo un motivo de preocupación. La organización acoge favorablemente que se hayan aceptado por parte del Estado español las recomendaciones relativas a garantizar una investigación efectiva de las denuncias de abusos policiales, incluyendo la incorporación de mecanismos independientes. Pero Amnistía Internacional vuelve a pedir al Estado español que prohíba el empleo de las pelotas de goma, un material antidisturbios que conlleva un elevado riesgo de causar lesiones graves debido a su gran imprecisión.
Reforzar el sistema sanitario
La actual crisis producida por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reforzar el sistema de salud público español, mermado por la última década de políticas de austeridad. Los recortes en sanidad han tenido como consecuencia un deterioro de la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud. Las medidas de austeridad que se adoptaron en un contexto de crisis económica provocaron que desde 2009 a 2013 el gasto sanitario público se hundiera. Y aunque a partir del 2014 comienza a subir la inversión, no se alcanzan los niveles de 2009.
No obstante, acogemos con satisfacción la aceptacióndelas recomendaciones que instan al Gobierno a garantizar un acceso sin discriminación a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España; además es imprescindible que se incremente el presupuesto de salud, especialmente en atención primariay se garantice que el personal sanitario cuente con condiciones justas y seguras de trabajo.
El 24,1 por ciento de los contagios por COVID-19 se ha producido entre profesionales de la sanidad.
