En el marco de las actuaciones de inspección coordinadas conjuntamente desde la Dirección General de Emergencias e Interior para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la COVID-19, los equipos formados por inspectores de la Comunidad y de los consejos insulares y por agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad (cuerpo nacional de Policía, Guardia Civil y policías locales) han realizado inspecciones este fin de semana en 91 locales, zonas de ocio nocturno y espacios públicos de las cuatro islas.
De estas intervenciones, 37 se han producido en Mallorca (en el Passeig Marítim de Palma, en S’Arenal, Bunyola, Andratx y Alcúdia); 8 en Menorca, (en Es Castell y Alaior); 39 en Ibiza (Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, Sant Josep de sa Talaia y Santa Gertrudis), y 7 en Formentera (Illetes, playa de Migjorn, Es Pujols y Sant Ferran).
Como resultado de estas inspecciones, los equipos multidisciplinarios han levantado 44 actas por incumplimientos relacionados con excesos de capacidad, con distancias sociales, incumplimiento de horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y por prescindir de información al público y señalización adecuada.
Concretamente, se han levantado 31 actas en Mallorca, 8 en Menorca y 5 en Formentera.
Son los datos del tercer fin de semana de actuaciones de estos equipos coordinados. Desde el inicio de la campaña de inspecciones coordinadas se han producido un total de 204 intervenciones en todas las islas y se han levantado 114 actas de infracción, que ahora pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en las actuaciones.
La consejera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en las Illes Balears es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: la Delegación del Gobierno del Estado, el Govern de les Illes Balears, los consejos insulares y los ayuntamientos.
La consejera ha vuelto a pedir responsabilidad individual para evitar que las imprudencias que pueda cometer una minoría perjudiquen al conjunto de la ciudadanía.
El Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde este pasado viernes 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 € cuando se produzcan infracciones muy graves.
