El Consell de Govern ha aprobado hoy autorizar a la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad para otorgar una subvención directa a la Fundación +34 de 13.000 euros para destinarlos a prestar ayuda humanitaria y a defender los ciudadanos españoles que se encuentran encarcelados en países extranjeros, además de ayudar a sus familiares y, en particular, atender a aquellas personas nacidas en las Illes Balears que se encuentran en situación de privación de libertad en el exterior.
El Govern ha otorgado una ayuda a esta entidad durante los últimos tres años. En este tiempo, la Fundación +34 ha asistido a más de 50 ciudadanos de las Illes Balears privados de libertad en países donde, según los informes de organismos internacionales y del Defensor del Pueblo, no se cumplen las condiciones humanitarias para la protección de sus derechos más básicos. Según los datos de la Fundación, durante el año 2020, 12 ciudadanos de las Illes Balears están presos en países en los que se necesita asistencia.
Con el importe de la subvención, la Fundación trabaja para facilitar asistencia médica con periodicidad a las personas encarceladas en ciudades como Lima (Perú), Sao Paulo (Brasil), Guayaquil (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Tánger (Marruecos) y Caracas (Venezuela).
En todas estas visitas, además de la asistencia médica, se les hace entrega de productos higiénicos, ropa, medicinas y gafas para quienes lo necesitan.
Además, cuando los encarcelados lo autorizan, la Fundación informa periódicamente a las familias sobre su estado de salud y del estado de su expediente y recoge cartas y artículos personales para entregarlos a los presos aprovechando las visitas médicas que se llevan a cabo.
La Fundación +34 es una fundación privada que tiene como fin la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos de las presas y los presos españoles en el extranjero; el asesoramiento y ayuda a los familiares; la promoción de la reinserción de los presos cuando vuelvan a España y la ayuda a los españoles y españolas en el extranjero que se encuentren en situación de desamparo y abandono, así como la defensa de sus derechos humanos y, si procede, su integración en la comunidad en la que residen.
