Por Juan Pablo Blanco
Tal y como le ocurre a Edgar Narváez son cientos los ciudadanos extranjeros que requieren una cita de toma de huellas en la Policía Nacional para poder renovar su tarjeta de residencia de larga duración. Es una situación que se ha vuelto a nivel nacional insostenible además de originar una situación de irregularidad administrativa. Y lo que es peor, las entidades financieras no aceptan las resoluciones y las otras administraciones como la Seguridad Social interponen trabas para realizar un trámite burocrático.
Para cobrar la pensión, la Seguridad Social le exige la presentación del NIE o el resguardo que estaba en trámite. No es posible adjuntar ninguno de los documentos y teme que le quiten un porcentaje de lo que recibe.
Para más inri la Seguridad Social le da un plazo de diez días para que aporte la documentación en vigor, de lo contrario, en la carta a Edgar le advierten que de no presentarla se procede a la suspensión provisional de los mínimos con que se complementa su pensión.
A Edgar se le venció la tarjeta el 21 de junio, sin embargo, ante el temor de cualquier inconveniente, su esposa, Lucero Arias se adelantó un mes en el tiempo. Es decir, desde finales de mayo está solicitando la cita y ha sido imposible obtener respuesta al día de hoy. Los intermediarios cobran 100 euros por sentarse en un ordenador para probar suerte, pero la cita es concedida para Menorca.
La pareja cuenta que una abogada les cobró 50 euros de más, porque según ella, “había que pagar a alguien para que estuviera todo el día en frente de un ordenador”. Lo peor es que no hay nada seguro, e incluso, quienes hacen su agosto en algunos locutorios ya se abstienen de comprometerse a realizar la cita.
“Si en Mallorca llueve en Ibiza no escampa”
A la redacción de este periódico nos llama John Jairo Hernández residente en Ibiza que tiene el mismo problema de Edgar. Cuenta que su documento caduca el 20 de agosto pero el sistema le da la cita en Mahón. En los pasos a seguir ni siquiera le preguntan el código postal y a dónde reside.
Directamente lo envía a Menorca, algo que él considera inconcebible, además de estar a punto de obtener la nacionalidad española que no le ha sido notificada podría quedar irregular por culpa de la negligencia de la propia administración.
La hija de John Jairo, nutricionista de profesión y residente en Ibiza también afronta la misma coyuntura.
Van a los locutorios uno de los lugares en donde sacaban las citas- es gente que tiene tiempo de hacerlo en sus establecimientos- pero ya ni siquiera se comprometen a hacerlas.
“Entendemos que es por la pandemia, pero la Administración tendrá que hacer algo para evitar este caos insostenible”, dice John Jairo, colombiano de origen.
