Amnistía Internacional ha alertado de la reciente tendencia del Gobierno a aplicar el Acuerdo de readmisión de 1992 entre España y Marruecos que permite devolver a personas migrantes y posibles refugiadas a un país que, a criterio de la organización, no es lugar seguro para estas personas. El procedimiento de devolución, además, se lleva a cabo con una celeridad tal que plantea serias dudas sobre si se están garantizando los derechos humanos de estas personas. Ante esta situación, que se ha repetido durante este fin de semana, la organización declara:
“Una vez más, tal y como sucedió el pasado mes de agosto, el gobierno ha vuelto a llevar a cabo la devolución exprés a Marruecos de un total de 79 personas migrantes y posibles refugiadas en apenas 72 horas”, asegura Esteban Beltrán, director de AI España. “Debido a la rapidez con que se han llevado a cabo estas devoluciones, nuevamente nos preocupa que no se hayan asegurado los procedimientos individualizados y con todas las garantías, tales como una asistencia letrada y de intérprete de calidad, identificación de posibles solicitantes, menores o colectivos con necesidades específicas como personas LGBTI, etc. incumpliendo así con sus obligaciones internacionales”, añade.
El pasado día 19 de octubre, un grupo de 4 mujeres y 26 hombres fueron interceptados en Chafarinas por la Guardia Civil, y llevados a la comisaría a Melilla. La mayoría de las personas de ese grupo, a excepción de las cuatro mujeres, finalmente consideradas por las autoridades como posibles víctimas de trata, y dos menores fueron devueltas a Marruecos. Entre los 24 hombres devueltos podría haber también otros dos menores.
Por otro lado, un total de 33 letrados asistieron a las 195 personas a las que se les había notificado un procedimiento de devolución tras su entrada en Melilla este domingo. Cada letrado habría atendido en torno a 6 personas, en entrevistas demasiado breves, de apenas unos minutos de duración, con ausencia de traductores en lengua nativa y en las que habría habido una gran dificultad para prestar una asistencia letrada de calidad, tal y como aseguran algunos de los abogados que les han atendido. Además, como también ha denunciado el Colegio de Abogados de Melilla, no se permitió tramitar apoderamientos apud acta que permitiesen a los letrados ejercitar acciones judiciales con independencia de que estas personas no se encontraran en territorio español.
De las 195 personas contra las que se abrieron procedimientos de devolución, por el momento 55 de ellas han sido expulsadas a Marruecos, aplicando el Acuerdo de 1992 entre España y Marruecos y se encontrarían hasta el momento en una comisaría de policía en Nador. Del resto de las personas que entraron,140 se encuentran en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla, y habrían solicitado protección internacional, cinco siguen hospitalizadas y otros cinco están en el CETI recuperándose de las heridas. Además, otros tres menores habrían sido identificados y trasladados a un centro de menores de la localidad.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno español en numerosas ocasiones que se suspenda el acuerdo de readmisión con Marruecos en materia de control migratorio hasta que se revise y se garantice que este país respeta plenamente los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que se encuentran en su territorio. Este acuerdo, además, no incluye garantías para que las personas no sean expulsadas desde Marruecos a países donde sus derechos humanos corran riesgos.
Mediante estas expulsiones exprés el gobierno español podría incumplir también el principio de no devolución, puesto que existe el riesgo de que las personas expulsadas a Marruecos puedan sufrir violaciones de derechos humanos en territorio marroquí, en el país de origen si son devueltas o bien en el país donde hubieran comenzado el viaje. “Lo hemos denunciado durante décadas: Marruecos no es país seguro para las personas migrantes y refugiadas. Entre otras violaciones de derechos humanos, hemos documentado como la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real y las fuerzas auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en las barriadas donde viven personas refugiadas y migrantes y se calcula que desde el mes de julio de este año unas 5.000 personas podrían estar siendo abandonadas a zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o el sur del país”.
Además, una de las personas adultas habría fallecido en territorio español, desconociéndose la procedencia del mismo. Tal y como ha informado la Delegación de Gobierno de Melilla, de manera preliminar la autopsia indica que no hay lesión externa que haya provocado el fallecimiento, y se considera como causa probable del fallecimiento una parada cardiaca. Esta persona fue encontrada por agentes de la Guardia Civil que llevaban a cabo una inspección ocular por la zona, con otras tres personas con heridas leves. También habría otra persona fallecida y al menos 20 personas heridas en el Hospital de Nador, de las cuales al menos cuatro estarían en cuidados intensivos por heridas graves.
