La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, manifestó que este gobierno está centrando todo su esfuerzo en conseguir una inmigración segura, ordenada, integradora y con un carácter comunitario.
Valerio ha subrayado la importancia de abordar la gestión de los flujos migratorios como una cuestión de Estado, con mayúsculas, “porque cuando hablamos de migraciones hablamos de personas, de la sensibilidad de una sociedad que acoge, hablamos de humanidad.”
La titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Comisión correspondiente convocada por la Diputación permanente, que se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha explicado que este Gobierno centra todo su esfuerzo en la consecución de una inmigración que reúna tres características: debe ser ordenada, porque no cabe el “papeles para todos”. Debe ser integradora, porque el objetivo de la inmigración legal no puede ser otro que la integración plena de los migrantes en nuestra sociedad.
Y, por último, debe ser de carácter comunitario, puesto que es la única solución posible en la Europa sin fronteras que estamos intentando entre todos construir, lo que requiere de mayores dosis de solidaridad para que los esfuerzos se repartan de una manera justa.
Medidas humanitarias de carácter urgente
Este gobierno, ha explicado Magdalena Valerio, se vio obligado a ponerse “manos a la obra de forma inmediata”, con medidas humanitarias de carácter urgente. Y esto fue así por la evolución del fenómeno en sí, pero también por la inacción y la falta de previsión de gobiernos anteriores.
En este sentido, la ministra ha recordado que “el Tribunal Supremo, en su sentencia 2546/2018, de 9 de julio, se convirtió en el primer tribunal nacional en condenar a un país de la Unión Europea por no cumplir los compromisos adquiridos en el contexto de los acuerdos de reubicación y reasentamiento europeos dentro de la Agenda Europea para la Migración”.
En efecto, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar –y a reubicar efectivamente– únicamente ofertó 2.500 plazas (1.875 de Grecia y 625 de Italia), lo que equivale solamente a un 12,85 % del total de solicitudes que España tenía que tramitar.
Por ello, ha concluido la ministra, ahora nuevamente deberán ser ofertadas por España, “cosa que no duden que va a ser llevado a cabo”
La ministra ha explicado como “el 12 de junio, apenas cinco días después de constituir su Gobierno, el Presidente Pedro Sánchez dio instrucciones para que España acogiera, en el puerto de Valencia, al buque Aquarius, que navegaba por el Mediterráneo con más de 600 inmigrantes y refugiados rescatados por Médicos Sin Fronteras y Sos Mediterrenée.
En este sentido, Valerio ha expuesto que “quiero dejar meridianamente claro, que dicha decisión excepcional no supuso efecto llamada alguno, sino que supuso el estricto cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales de atención humanitaria”.
Otra de las cuestiones reseñadas ha sido la puesta en marcha desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de un Plan de Emergencia presupuestado en 29.705.755 €, reforzando así el Programa de atención a pie de playa y el Programa de atención humanitaria.
Y, además, según ha indicado Magdalena Valerio,”se están abriendo Centros de Acogida de Emergencia y Derivación, especialmente diseñados para prestar una acogida de emergencia que permita hacer frente al incremento de llegadas que se vienen produciendo.
En total el número de plazas de acogida disponibles asciende a 4.210. Se van a habilitar 1.149 plazas más para alcanzar un total de 5.359.
Se trata de prestar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas una atención adecuada, imposible de prestar en centros deportivos, y analizar las necesidades para su derivación posterior”.
Al respecto ha añadido que “ya contamos con dos centros, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y en Mérida (Badajoz)”.
La titular de Trabajo ha puesto de relieve que una vez efectuadas las actuaciones urgentes, su departamento se ha centrado durante estos meses en la gestión migratoria a medio-largo plazo con una clara visión estratégica que exige la actuación en tres niveles de intervención: dentro de nuestras fronteras, en los países de origen y tránsito, y, por último y fundamentalmente, en el ámbito comunitario.
Por ello este Gobierno ha creado una Comisión Delegada para Asuntos Migratorios mediante el Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, presidida por la Vicepresidenta del Gobierno e integrada por los Ministros de Interior, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de Fomento y de Trabajo Migraciones y Seguridad Social.
En esta misma línea de trabajo conjunto y participación la ministra ha señalado que “este Gobierno tardó exactamente dos meses en convocar la primera Conferencia Sectorial de Migraciones cuando ni una sola conferencia sectorial de inmigración con las CCAA se había celebrado en casi tres años.
Añadiendo que “la normativa legal obliga a convocar dicho órgano de diálogo con las CCAA dos veces al año”.
Para el gobierno, según Magdalena Valerio, el ámbito comunitario es el más importante de los escenarios de actuación, pues probablemente ninguna política requiera de una actuación conjunta de manera tan clara como la migratoria. De ahí que los esfuerzos de este Gobierno se hayan centrado también en la relación con dos países a los que consideramos esenciales: Francia y Alemania.
