Los gobiernos de toda la región de América Latina y el Caribe deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela, ha manifestado Amnistía hoy, en una carta abierta a los gobiernos de la región asistentes a una cumbre de urgencia que se celebra en Quito, Ecuador.
“Millones de personas han sido obligadas a dejar todo atrás y caminar durante días para escapar de las violaciones de derechos humanos cometidas en gran escala en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violación del derecho a la alimentación y a la salud,” ha señalado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“La solución requiere liderazgo y cooperación internacionales. Los países vecinos deben mostrar solidaridad y comprometerse a proteger a las personas de Venezuela en los momentos de necesidad. No deben dar la espalda a quienes no hacen más que buscar un lugar donde rehacer su vida en condiciones de seguridad.”
Más de 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015, el equivalente a más del 7% de la población, según cifras de la ONU. La mayoría han buscado refugio en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Dada la magnitud de la crisis de refugiados, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que permitan el acceso a procedimientos de solicitud de protección a todas las personas llegadas de Venezuela.
Los países receptores deben aplicar de inmediato medidas efectivas de protección de esas personas y garantizar que no son devueltas. Los Estados deben garantizar el acceso a los derechos humanos tanto a las comunidades receptoras como a quienes necesitan protección internacional, incluidos los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la libertad de circulación, entre otros.
Los gobiernos regionales y las agencias internacionales especialistas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Regional (ACNUR)y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), deben también determinar su responsabilidad compartida de prestar apoyo económico y logístico para garantizar los derechos y la protección de todas las personas que llegan de Venezuela.
Ante la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de expulsar a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un día después de la presentación de su informe “Violaciones de Derechos Humanos y Abusos en el Contexto de las Protestas en Nicaragua”, sobre la grave crisis que enfrenta el país desde el 18 de abril de este año, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
“Con esta decisión el presidente Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país ha podido constatar crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos, y ha ofrecido al gobierno, a través de su informe, una ruta de soluciones que deberían ser implementadas inmediatamente, además de las ya ofrecidas por diferentes organismos y organizaciones de derechos humanos.”.
