En Baleares la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares comenzó a operar desde la posesión del Pacto del Govern, cuyos partidos aprobaron la restitución del documento a quienes se habían visto afectados por el decreto- ley 16 del 2012 del 20 de abril.
Una de las primeras iniciativas del Govern hace tres años fue que los más de 20 mil “sin papeles” tuvieran nuevamente cobertura sanitaria. Incluso, fue un pulso que esta Comunidad Autónoma tuvo con el gobierno del ex presidente Rajoy.
Uno de los detonantes para que las políticas de Baleares en materia de asistencia sanitaria fue la muerte del inmigrante senegalés, Alpha Pam, que murió el 21 de abril del 2013 por una tuberculosis no diagnosticada.
Este sonado caso llegó hasta los tribunales a tenor de una querella interpuesta por Drets Humans de Mallorca, la Asociación de Senegaleses, CGT y UGT, representados por el letrado Pablo Alonso de Caso, contra el ex conseller de Salud, Martí Sansaloni, el director general de Salud Pública y Consumo, Luis Rafael Santiso, el director del Servei de Salut, Miquel Tomàs, y el exdirector de la Fundación Hospital Comarcal de Inca Fernando Navarro.
Los querellantes en aquella época responsabilizaban a todos ellos la comisión de un homicidio imprudente, prevaricación, coacciones, revelación de secretos y denegación discriminatoria de una prestación de carácter público.
En enero del 2014, el juez archivó la causa argumentando que no había quedado acreditada la comisión de los delitos que las anteriores entidades incluían en su querella.
En su auto de archivo, el juez Pedro Barceló aseveraba que la tesis sostenida en la querella de que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, derivó en «serias disfunciones en la atención sanitaria de un importante número de personas extranjeras», carece de «rigor probatorio».
