Ente las propuestas de la Comisión Europea de crear “centros controlados” para procesar a las personas rescatadas en el Mediterráneo, así como plataformas de desembarco en terceros países, Fotis Filippou, director de Campañas de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:
“Estas propuestas son un plan para una peligrosa ampliación de las políticas europeas que están causando indecibles sufrimientos y violaciones de derechos humanos en el Mediterráneo. Los intentos de invisibilizar a las personas migrantes no son ni factibles ni admisibles.
“Como los ‘puntos críticos’ establecidos en Grecia e Italia, los ‘centros controlados’ no servirán para garantizar una gestión más ordenada de las llegadas, sino que podrían exponer a hombres, mujeres, niños y niñas a violaciones de derechos humanos.
“Un claro ejemplo de las consecuencias de unas políticas que priorizan la protección de las fronteras frente a la vida humana se está viendo ahora en la costa de Túnez, donde hay 40 personas abandonadas a su suerte desde hace casi dos semanas, en medio del calor y cada vez con menos recursos.
“Los y las líderes europeos deben garantizar que las personas que corren riesgo de ahogarse son rescatadas y desembarcadas en países donde no estarán expuestas a sufrir abusos graves.
En lugar de introducir nuevas políticas centradas en la contención y de delegar el control de las fronteras, nuestros líderes deben ofrecer vías para que las personas refugiadas y migrantes crucen las fronteras sin riesgos”.
Pacto sobre los Refugiados de la ONU: Líderes mundiales no están a la altura del reto
Ante la publicación del texto final del Pacto Mundial sobre Refugiados, acordado por los Estados miembros de la ONU, Charmain Mohamed, director de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional, ha declarado:
“El Pacto Mundial era una empresa ambiciosa que debería haber creado un cambio drástico en la forma en que los gobiernos tratan a las personas refugiadas. Lamentablemente, los y las líderes del mundo no han estado a la altura del reto de producir las soluciones audaces y valientes que necesitamos con tanta urgencia.
“El texto final se limita a afianzar el enfoque actual, que es insostenible, por el que los Estados más ricos pueden elegir qué medidas, en su caso, adoptan para compartir la responsabilidad. Esto dejará a muchas personas refugiadas en países más pobres que no pueden o no quieren ayudarlas.
Los líderes del mundo no han estado a la altura
de producir soluciones valientes que se necesitan con tanta urgencia
Por Charmain Mohamed,
de Amnistía Internacional
“Aunque el Pacto contiene algunas sugerencias positivas sobre cómo hacer realidad el reparto de la responsabilidad, no está claro si existe la voluntad política para llevarlas a la práctica. Antes incluso de que se secara la tinta sobre el Pacto, las acciones de muchos gobiernos eran contrarias al propósito expreso de éste de proteger a las personas refugiadas y compartir la responsabilidad respecto de ellas.
“Mientras los diplomáticos negociaban el Pacto en la ONU, los gobiernos europeos atacaban la capacidad de las ONG para rescatar a personas refugiadas abandonadas a su suerte en el mar e ideaban nuevos planes para disuadirlas y detenerlas, mientras Australia seguía justificando sus crueles y tortuosas prácticas de detención en Manus y Nauru.
“Lo que hace más falta que nunca es una respuesta compasiva y fundada en los derechos humanos a las necesidades de las personas refugiadas, basada en compartir la responsabilidad, no en eludirla”.
UE: Los líderes europeos deben atajar enérgicamente las leyes xenófobas de Hungría
Tras la apertura por la Comisión Europea de un nuevo procedimiento de infracción contra Hungría por vulneraciones de la legislación de la UE y ante la inminente votación en el Parlamento de nuevas leyes represivas, Iverna McGowan, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado
“Los intentos de Hungría de prohibir la labor, legítima y vital de las personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo son inaceptables.
“Al cuestionar un paquete legislativo que infringía de forma flagrante la legislación de la UE sobre derechos humanos, la Comisión Europea ha transmitido el mensaje claro e inequívoco de que no se van a tolerar las políticas xenófobas de Hungría.
“Los líderes europeos que han guardado en gran medida silencio ante la represión de los derechos humanos en Hungría deben seguir el ejemplo de la Comisión y pedir la retirada de estas leyes.
“Con las nuevas restricciones a la libertad de expresión y de reunión cuya adopción por el Parlamento húngaro está prevista mañana, es más importante que nunca cuestionar alto y claro al gobierno húngaro”.
Información general
El nuevo procedimiento de infracción de la Comisión Europea se refiere a un paquete de medidas xenófobas que entraron en vigor en Hungría el 1 de julio de 2018.
En virtud de estas leyes, las personas que ayuden a solicitantes de asilo y migrantes, profesionales de la abogacía y organizaciones internacionales y no gubernamentales (ONG) incluidos, pueden ver restringido su acceso a las zonas de tramitación de asilo y ser incluso sometidas a actuaciones penales si presentan solicitudes infructuosas.
Las medidas imposibilitan que soliciten asilo las personas que hayan pasado por otro país antes de llegar a Hungría.
La Comisión Europea ha declarado que estas medidas violan la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, la Directiva sobre Condiciones de Acogida y la Directiva de Reconocimiento, de la Unión, así como el derecho de asilo.
También señaló discrepancias con las disposiciones de la UE sobre libertad de circulación de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión y sus familiares.
Las políticas y prácticas de Hungría sobre personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes causan un sufrimiento humano innecesario, al mismo tiempo que el gobierno trata cada vez más de silenciar las voces críticas.
Está previsto que el Parlamento húngaro adopte una serie de reformas legislativas de carácter represivo, como la introducción de un impuesto especial que podría privar a las ONG de las que se considere que “apoyan la migración” del 25% de su financiación.
Otra reforma limita la libertad de expresión al declarar que las actividades privadas o de índole familiar quedan excluidas del ámbito de los asuntos públicos.
El gobierno introducirá también una nueva ley que permite a la policía prohibir reuniones pacíficas con antelación basándose en motivos imprecisos.
