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lunes, diciembre 23, 2024
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    Miguel Ángel García: “Hay compañeros que han tenido que defender su inocencia ante los juzgados y tribunales”

    Por:
    Juan Pablo Blanco A.

    Hablamos con Miguel Ángel García para saber hasta qué punto los profesionales de este sector, los abogados, graduados sociales y otros más, se puedan ver involucrados en investigaciones judiciales por trámites de documentos que en apariencia cumplen con todos los requisitos exigidos por la Administración, pero en realidad en la práctica están viciados de trampas con el fin de cometer un fraude, tal y como indica la investigación que se adelanta en torno de la estafa a marroquíes “sin papeles” residentes en Mallorca, que pagaron de cinco a ocho mil euros a un propietario de negocios a cambio de ser regularizados en España.

    Baleares Sin Fronteras: Como Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Baleares, ¿qué consejos les daría a sus colegas, a los abogados y al resto de profesionales cuando reciban una documentación que luego se deba tramitar a las administraciones públicas?
    Miguel Ángel García Albertí:
    Como bien dice, represento a los Gestores Administrativos de Baleares y en el desempeño de mi cargo trato de ayudar a todos mis compañeros en la medida de mis posibilidades.
    Dicho esto, como profesionales del Derecho que somos y como expertos en la tramitación de expedientes ante la Administración Pública, a diario recibimos documentos diversos relativos a multitud de trámites ante todas las Administraciones estatal, autonómica y local; documentación que debemos analizar, revisar y completar en función del expediente a tramitar. Y es en ese análisis y revisión cuando debemos tratar y tratamos de verificar que los datos que nos facilitan los clientes responden a la realidad de los hechos y están ajustados a Derecho.

    Y digo “debemos tratar y tratamos” con conocimiento de causa, pues no somos peritos calígrafos para poder discernir si un texto manuscrito ha sido realizado por una u otra persona; ni somos expertos en falsificaciones de documentos, por lo que no podemos determinar si un documento ha sido o no manipulado. Lo que sí podemos, y hacemos, es tomar todas las precauciones a nuestro alcance para que ello no suceda.

    BSF: Desde su experiencia en estos años, ¿tiene conocimiento de casos de profesionales que se hayan visto envueltos en problemas legales por temas burocráticos, que aparentemente no revistan problemas?.  
    M.A.G:
    Lamentablemente, sí. Como ya he indicado, tramitamos a diario un gran número de expedientes y, en alguna ocasión, algún cliente, de forma consciente o inconsciente, nos facilita documentos que, incorporados a un expediente administrativo, pretenden obtener un fin ilícito. Me consta que compañeros de profesión se han visto involucrados en situaciones similares y han tenido que defender su inocencia ante los juzgados y tribunales competentes, viéndose sometidos a la cruel e injusta “pena de banquillo”, únicamente por hacer su trabajo con dignidad y respeto.

    BSF: La picaresca está a la orden del día, ¿qué sugerencia le haría a los profesionales de la extranjería al momento de tramitar un expediente a esta oficina?
    M.A.G:
    Los trámites de extranjería son especialmente sensibles, por cuanto de la resolución de los mismos depende, en la mayoría de ocasiones, poder residir y trabajar legalmente en nuestro país y, en consecuencia, poder cubrir las necesidades básicas de las personas (vivienda, alimentación, educación, sanidad,…).
    La diferencia entre obtener o no un permiso de trabajo y residencia es la misma, en ocasiones, que la existente entre poder vivir dignamente o vivir en la miseria. Por ello, en este tipo de expedientes, debemos como profesionales extremar las medidas de precaución que ya he indicado, pues a buen seguro habrá personas que tratarán de obtener ese permiso por cualquier medio, aunque sea ilícito.

    BSF: ¿Cree que basta la picaresca de una persona para llevarse por delante a profesionales honestos? Por ejemplo, el caso del escándalo de las regularizaciones fraudulentas a inmigrantes a los que un empresario les cobraba entre cinco y ocho mil euros.
    M.A.G:
    Vivimos en un mundo en el que la presunción de inocencia sólo se respeta por la Administración de Justicia, pero no por la opinión pública.
    A diario los medios de comunicación informan de operaciones, como la que indicas, en las que se investiga a persona o personas relacionadas con ilícitos civiles o penales y, antes de ser juzgadas, ya circulan por las redes sociales comentarios que ponen en duda la honestidad de las personas investigadas.
    Y de esta situación no se libran, lamentablemente, los profesionales del Derecho como abogados, gestores administrativos,… Es lamentable y aún lo es más que, una vez demostrada la inocencia de nuestros compañeros, que es lo que acontece en la inmensa mayoría de ocasiones (como a buen seguro ocurrirá en el caso que me comenta), algunos incluso tengan que cerrar sus despachos a causa de la presión mediática carente de fundamento.    

    BSF ¿La presentación de expedientes por vía telemática puede ser un arma de doble filo?
    M.A.G:
    En absoluto. La presentación por vía telemática permite que los profesionales y la ciudadanía en general se relacionen con la Administración Pública sin las barreras tradicionales del “horario de atención al público “ y la del “vuelva usted mañana”.
    Las nuevas tecnologías no deben ser, y no creo que lo sean, un impedimento para dotar al sistema de la máxima mayor seguridad jurídica.
    Los gestores administrativos somos expertos en la presentación telemática de expedientes ante la Administración Pública, circunstancia que, más que nunca, se ha hecho evidente desde la declaración del estado de alarma en el mes de marzo del 2.020. Y consideramos que debemos seguir con el camino iniciado en beneficio de la ciudadanía, siempre y cuando no se utilice, como así parece deducirse de su pregunta, para obtener un resultado no ajustado a Derecho.

    BSF: ¿Se puede dar el caso, usted como conocedor de los trámites laborales y de extranjería, que un estafador pueda articular solo todo este entramado y engañar a la Administración Pública como al TAMIB y a Extranjería, además de abogados y empresas denominadas gestorías, aunque no pertenezcan al colegio de profesionales que usted preside?   
    M.A.G:
    Considerando que el caso que me comenta, salvo que esté equivocado, se encuentra bajo secreto de sumario, dudo que en estos momentos podamos conocer con precisión lo que ha acontecido y las personas que hayan podido participar en la comisión de los hechos. No obstante lo dicho, sí quisiera manifestar mi deseo que los profesionales, sean o no gestores administrativos, que se hayan visto involucrados en el asunto de referencia, puedan demostrar lo antes posible su inocencia y no se acaben perjudicados injustamente por las actuaciones ilícitas de otra persona o personas.

    BSF: Algo que quiera agregar. 
    M.A.G:
    Sólo espero que los Gestores Administrativos podamos seguir demostrando día a día que se puede confiar en nosotros para la tramitación de cualquier expediente ante la Administración Pública, pues seguimos trabajando sin descanso antes, durante y después de la pandemia.

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