Entre nueve mil a doce mil personas accederán a esta ayuda que prioriza a las familias con menores a cargo
Redacción BSF
El Parlamento de les Illes Balears aprobó la Ley de la Renta Social, un nuevo derecho social para la ciudadanía. Esta aprobación supone la puesta en marcha de manera progresiva una prestación mensual dirigida a cubrir las necesidades básicas de las familias sin ingresos, liderada y gestionada por la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación.
Durante el año 2016, los beneficiarios de esta Renta Social serán las familias sin ningún tipo de ingresos económicos con menores de edad a cargo. Se calcula que en este primer año se beneficiarán tres mil familias, equivalente a nueve a doce mil personas.
Esta nueva prestación económica que para este año tiene una asignación de 20 millones de euros, va ligada a una situación económica y no a una exclusión social. En este sentido, la crisis y la precariedad laboral ha generado que muchas personas con formación pero sin trabajo se enfrenten a extremas dificultades pare el sustento de sus familias. Ellos, afirman desde la Conselleria, no tienen problemas de socialización, simplemente tienen que hacer frente a necesidades básicas que no pueden cubrir. La Ley fija por primera vez, la cuantía que se considera mínima para la subsistencia.
Esta Rentra Social contempla un mínimo de 428 euros y una máxima de 776 euros, en ambos casos mensuales, en función del número de integrantes del núcleo familiar. De todas formas, la ayuda se podrá extender a otros colectivos y personas sin recursos de forma progresiva. En esa línea, en el 2016, serán las personas con menores a cargo que se beneficiarán de la ayuda y a partir de 2017 se irán cubriendo otras situaciones de necesidades y perfiles de beneficiados en función de las partidas presupuestarias asignadas.
La Ley de la Renta Social es la principal acción social de los próximos tres años y uno de los compromisos, según el acuerdo de gobernabilidad que sido redactada, consensuada, tramitada y aprobada en estos primeros nueve meses de la legislatura.
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El Govern renueva el compromiso con la cooperación y el desarrollo
La presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago y el director general de Cooperación, Antoni Servera, han presentado el Plan de Cooperación para el Desarrollo de las Illes Balears para el periodo 2016-2019.
Con este Plan, el Govern reactiva las políticas de ayuda al desarrollo después de 4 años de paralización y se compromete a destinar un mínimo anual de 2,5 millones de euros en convocatorias de subvenciones destinadas a las entidades sociales de desarrollo. De esta manera se asume el compromiso reclamado por las entidades de recuperar un mínimo de estabilidad presupuestaria para impulsar las ayudas a proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y emergencias y de educación para el desarrollo.
El Plan recupera también el diálogo social, ya que la participación y reflexión crítica de los principales agentes de desarrollo, a quien se ha invitado a trabajar conjuntamente, marcarán las líneas estratégicas del Govern en materia de cooperación durante los próximos cuatro años.
El Plan fija cinco líneas sectoriales básicas: el derecho a los servicios sociales básicos (salud, educación, y agua y saneamiento); el desarrollo económico para la reducción de la pobreza; el apoderamiento de las mujeres; la protección y la conservación ambientales y el apoyo a la gobernanza democrática y al poder local.
Por otra parte, y según los criterios acordados con los agentes de cooperación de las Islas Baleares se han establecido las siguientes prioridades geográficas.
Países prioritarios: en los cuales se destinará aproximadamente el 80% de los fondos en materia de cooperación. África sub-saharaui: Níger, Burundi, Burkina Faso, Malí, República Democrática del Congo, Etiopía, Senegal y Tanzania
En Centroamérica y Caribe: Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador
y en América del Sur, Bolivia; mientras que Asia, la ayuda se destinará a India.
El area mediterránea, incluye a Marruecos, Territorios Palestinos Ocupados (y población palestina refugiada en otros países)
Dentro de los países preferentes: en los cuales se propone destinar aproximadamente el 20% de los fondos en materia de cooperación están Colombia, Ecuador y Perú, República Dominicana y Cuba