Las medidas de excepción han afectado profundamente a los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a ellas
Por Amnistía Internacional
Las durísimas medidas de excepción, incluidos los registros domiciliarios nocturnos y la asignación forzosa de un lugar de residencia, han pisoteado los derechos de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, a los que ha traumatizado y estigmatizado. Así lo expone un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, en vísperas del debate parlamentario que se celebrará en Francia el viernes sobre el afianzamiento en la Constitución de las medidas de emergencia.
Upturned lives: The disproportionate impact of France’s state of emergency detalla la manera en que, desde que se declaró el estado de excepción poco después de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, se han llevado a cabo más de 3.242 registros domiciliarios, y se han impuesto más de 400 órdenes de asignación forzosa de un lugar de residencia. De las 60 personas entrevistadas por Amnistía Internacional, la mayoría han declarado que las duras medidas se aplicaron sin apenas explicación, e incluso sin explicación de ningún tipo, y en ocasiones haciendo uso de fuerza excesiva. Según afirmó una mujer, unos policías armados irrumpieron en su casa por la noche mientras cuidaba de su hijo de tres años. Otras personas han contado a Amnistía Internacional que el estigma de haber sido objeto de registro les ha hecho perder sus empleos.
“Aunque los gobiernos pueden hacer uso de medidas excepcionales en circunstancias excepcionales, deben hacerlo con cautela. La realidad que hemos visto en Francia es que los amplios poderes del ejecutivo, con pocos controles de su uso, han generado una serie de violaciones de derechos humanos. Resulta difícil pensar en qué argumentos pueden esgrimir las autoridades francesas para afirmar que estas medidas son una respuesta proporcionada a las amenazas a las que se enfrentan”, ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional desde que empezó a documentar casos, poco después del inicio de los tres meses de estado de excepción, dijeron que no habían recibido prácticamente ninguna información que demostrara de qué manera estaban implicadas en algún tipo de amenaza a la seguridad. Los archivos de los servicios secretos presentados en los tribunales apenas contenían información que fundamentara las acusaciones de que esas personas constituían una amenaza para el orden público. Muchas han luchado por hacer frente a las restricciones que les han sido impuestas a consecuencia de esas acusaciones.
Ivan declaró que los 40 policías que, en noviembre, registraron su restaurante de la periferia de París mientras hombres, mujeres, niños y niñas disfrutaban en él de su cena, actuaron con una dureza innecesaria.
“Dijeron a todo el mundo que pusiera las manos sobre la mesa, y luego lo registraron todo durante unos 35 minutos. Forzaron tres puertas. Les dije que tenía las llaves, podía haberles abierto esas puertas, pero me ignoraron”, contó al equipo de investigación de Amnistía Internacional.
“Lo que realmente me asombra es que, según la orden de registro, pensaban que en mi restaurante podían encontrar a personas que constituyeran una amenaza pública. Sin embargo, no comprobaron la identidad de ninguno de los 60 clientes que había allí.” No se emprendió ninguna otra acción contra Iván.
Las medidas de excepción han afectado profundamente a los derechos humanos de las personas que han sido sometidas a ellas. Algunas han perdido su empleo. Casi todas sufren como secuela estrés y ansiedad.
El domicilio de Issa y su esposa Samira fue registrado el 4 de diciembre con el argumento no especificado de que él era un “islamista radical”. Aunque la policía no inició ninguna investigación criminal contra la pareja, los agentes copiaron todos los datos contenidos en el ordenador de Issa, le impusieron a éste un toque de queda nocturno, lo obligaron a presentarse tres veces al día en una comisaría de policía y le prohibieron abandonar su localidad de residencia. A consecuencia de ello, Issa tuvo que dejar su empleo como repartidor, y ha gastado la mayor parte de sus ahorros en costes legales.
Las personas entrevistadas dijeron a Amnistía Internacional que los registros domiciliarios provocaban miedo, tensión y otros problemas de salud.
“Ya no duermo bien y, si alguien habla alto, me echo a temblar”, contó Fahima a Amnistía Internacional después de que unos policías irrumpieran con armas de fuego en su casa en plena noche, mientras cuidaba de su hijo de tres años.
