ASESORÍA
Millones de personas huyen de sus países de origen: el procedimiento para solicitar asilo en España

27/06/2020


Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

El pasado 20 de junio se celebro el Día mundial de los refugiados.

La asamblea general de las naciones unidas decidió dedicarles este día a las personas que solicitan asilo o refugio en otro país, por que coincide con la fecha de firma de la convención sobre el estatuto de los refugiados del año 1951, que se aprobó después de la segunda guerra mundial y que concedió seguridad jurídica a los solicitantes de asilo o refugio.

Actualmente el numero de personas que ha huido de su país es según ACNUR de 79,5 millones de las cuales 26 millones son solicitantes de asilo, esto es casi el doble que hace una década.

Venezuela es el segundo país del mundo que mas personas tiene fuera de sus fronteras con 4,5 millones, esto es consecuencia de la violencia, la inseguridad que se vive en el país, además de la falta de medicamentos y servicios estatales.

España es unos de los países de la Unión europea que mas peticiones de asilo recibe 37.400 en lo que va del año 2020, esta cifra se ha visto reducida a causa de la pandemia del corona virus, el cierre de fronteras y aeropuertos ha disminuido considerablemente el numero de peticiones.

El asilo en España

La Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, configura el asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con esta Ley, con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

Por una parte, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

De otra, el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate.

El amparo concedido con la protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria) consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España mientras subsistan las circunstancias en virtud de las cuales se les concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria. 

¿Cómo solicitamos asilo?
Presentación de la solicitud

El extranjero no comunitario y el apátrida que desee solicitar protección internacional en España presentará su solicitud ante cualquiera de las siguientes dependencias:
–Oficina de Asilo y Refugio. 
–Puestos fronterizos de entrada al territorio español. 
–Centros de Internamiento de Extranjeros.
–Oficinas de Extranjeros. 
–Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen mediante Orden del Ministerio del Interior. 
–Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en el extranjero.

Forma de presentación de la solicitud

La presentación de la solicitud deberá efectuarse mediante comparecencia personal de los interesados, o en caso de imposibilidad física o legal, mediante persona que lo represente. En este último caso, el solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento.
La solicitud se formalizará mediante entrevista personal que se realizará siempre individualmente. De forma excepcional, podrá requerirse la presencia de otros miembros de la familia de los solicitantes, si ello se considerase imprescindible para la adecuada formalización de la solicitud.
En la cumplimentación y firma del correspondiente formulario, el solicitante deberá exponer de forma detallada los hechos, datos o alegaciones en que fundamente su pretensión.
Junto con su solicitud deberá aportar:
–Fotocopia de su pasaporte o título de viaje, del que hará entrega si su solicitud es admitida a trámite.
–Cuantos documentos de identidad personal o de otra índole estime pertinentes en apoyo de la misma. 

Mis derechos y obligaciones una vez
presentada la solicitud

El solicitante de protección internacional, presentada la solicitud, tiene los siguientes DERECHOS:
–A permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional.
–A ser documentado como solicitante de protección internacional;
–A asistencia jurídica, gratuita en caso necesario, y a intérprete;
–A que se comunique su solicitud al Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Refugiados (ACNUR) en España;
–A la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectarle;
–A conocer el contenido del expediente en cualquier momento;
–A la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones sanitarias;
–A recibir prestaciones sociales específicas.

Serán obligaciones de los solicitantes
de protección internacional:

–Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento;
–Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre su edad, pasado -incluido el de parientes relacionados-, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección;

–Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último extremo;
–Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él;
–Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.




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PCB reabre sus oficinas

27/06/2020

BSF


Este despacho de abogadas especializado en derecho de extranjería, familia, penal, laboral y civil regresa con la atención presencial acogiéndose a la normativa de prevención del Covid-19. Las abogadas Carolina Quintana, Beatriz Tobón y Ana Mariño atienden todos los casos relacionados a casos de nacionalidades, solicitud de permiso de residencia y trabajo. Arraigos sociales, familiares y laborales.

De la misma forma, las letradas interponen recursos contra resoluciones no favorables y también asesoran para los exámenes CCSE y DELE requeridos para el trámite de la nacionalidad española.

En el derecho de familia, la abogada Carolina Quintana tramita expedientes matrimoniales, inscripciones de pareja de hecho, separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo o contencioso. Cita previa: 628 47 89 14 .



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Se flexibilizan los requisitos de Extranjería ¡por el COVID-19

12/06/2020


Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB
Contacto: 628 47 89 14


El fuerte impacto que ha tenido el coronavirus en España y en el mundo, ha generado una crisis sanitaria que se ha transmitido, a gran velocidad, a la economía y a la sociedad, afectando gravemente tanto a la actividad económica, como al mercado laboral y al bienestar de los ciudadanos.

Ante esta situación la Secretaria de Estado de Migraciones ha publicado el día 8 de junio de 2020 unas Instrucciones tendientes a flexibilizar los requisitos para los procedimientos de Arraigo Social, Reagrupación Familiar y la Renovación de Autorizaciones y Permisos de Residencia y/o Trabajo.

La Dirección General de Migraciones envió las Instrucciones a las oficinas de Extranjería de toda España para facilitar las tres herramientas principales de las que disponen los extranjeros para legalizar su situación: el arraigo social, la reagrupación familiar y las renovaciones de permisos de residencia y/o trabajo.

En España viven legalmente más de cinco millones de migrantes. Con el parón económico provocado por el covid-19, una aplicación estricta de las normas actuales de extranjería habría dejado miles de inmigrantes fuera de la legalidad, ya que serían incapaces de cumplir los requisitos de renovación de sus permisos. Sobre todo, los relacionados con su situación laboral y sus ingresos.

Resumen de las nuevas medidas de flexibilización de los procedimientos de extranjería:

Arraigo social

En la nueva Instrucción se establece la posibilidad de hacer un alta con otro empleador en el caso que tenga la autorización de Arraigo Social concedida y no se haya podido iniciar la relación laboral.

“Se permitirá que el extranjero, al que se le haya notificado la concesión de la autorización de residencia por arraigo social, sujeto a la presentación de un contrato de trabajo, pueda ser dado de alta en la seguridad social por otro empleador. En cualquier caso, deberá existir un nuevo contrato de trabajo en los términos previstos por el artículo 124.2.b) que será presentado por registro a la oficina de extranjería competente. La búsqueda del nuevo empleo deberá producirse, en un plazo de 45 días hábiles que se iniciará desde la notificación de la resolución o el 9 de junio (día siguiente al de la firma de estas instrucciones) en caso de que la notificación se hubiese producido con anterioridad a dicha fecha. Recibido el contrato, la oficina de extranjería deberá atender prioritariamente estos casos, debiendo diligenciar el contrato en el plazo máximo de 10 días. De esta forma, se facilitará el alta en la Seguridad Social del extranjero en atención al nuevo contrato y empleador en el plazo de un mes desde la notificación de la diligencia”.

“Para aquellos inmigrantes cuya relación laboral inicial se hubiese extinguido (y, por tanto, no vaya a procederse a su alta en la seguridad social) y no encuentren un nuevo contrato en los términos exigidos por el artículo 124.2.b), podrán, en ese mismo periodo de 45 días hábiles, aportar el informe de arraigo social que podrá recomendar que se exima al extranjero de la necesidad de contar con un contrato de trabajo por contar con recursos económicos suficientes”

En relación con el arraigo presentado por extranjero que no aporta contrato de trabajo sino informe de inserción social que acredita vínculos familiares con residentes legales y que recomienda se exima de contrato de trabajo por acreditar medios económicos suficientes, la suficiencia debe ser entendida de forma flexible.

Renovaciones

Con estas nuevas Instrucciones se intenta flexibilizar las condiciones con las que un extranjero puede renovar su autorización de residencia y/o trabajo en España, con el fin de evitar la irregularidad sobrevenida de los inmigrantes en estado de legalidad y que se han visto afectados por la crisis del COVID-19.

Entre las medidas de flexibilización, está el tema de los extranjeros que se han visto acogidos a un Erte: “Esta articulación de los ERTEs permite que, pese a que se percibe una prestación contributiva por desempleo mientras dura la suspensión, la relación laboral no se encuentre extinguida sino suspendida y, por tanto, puede interpretarse, en el ámbito de extranjería, que la relación laboral se mantiene y que el periodo de tiempo por el que se prolonga el ERTE se considere como tiempo de trabajo. Se engloban dentro de estas situaciones, los trabajadores por cuenta ajena, trabajadores de sociedades laborales y cooperativas que coticen por desempleo y los trabajadores fijos-discontinuos”.

Se podrá renovar la autorización de residencia y trabajo teniendo reconocida una prestación, tales como la prestación contributiva por desempleo, prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral y se considerarán, entre otras que puedan implantarse, el ingreso mínimo vital, el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal y subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

Reagrupación familiar

Se flexibiliza la interpretación del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, cuando se trate de acceder a la reagrupación familiar de menores. “En este sentido, señalar que:

1º La flexibilización se aplicará a los supuestos en los que se solicite la reagrupación familiar de menores en los supuestos del artículo 53.c) y d) del Reglamento.

2º Habrá de flexibilizarse tanto:
La cuantía mínima exigida en el momento en el que se efectúa la solicitud de la autorización.
La perspectiva de mantenimiento de los medios económicos durante el año posterior a la fecha de presentación de la solicitud. Especialmente, en el contexto de la crisis del COVID 19.

3º Para efectuar dicha flexibilización se señala que la cuantía se ponderará en atención a los siguientes criterios:
-El interés superior del menor: Las circunstancias del caso concreto, y en particular, la relación del extranjero con el menor, su edad, su desarrollo físico y emocional, la intensidad de su relación afectiva con el extranjero o la situación del menor (i.e. persona con discapacidad), en suma, se hará una interpretación favorable a la vida familiar.
-El número de miembros de la unidad familiar:
En atención a estos criterios, la cuantía a justificar será la siguiente: En caso de que se alcance la cuantía resultante de aplicar los umbrales previstos en el artículo 50.1 del Reglamento, la autorización será concedida. El IPREM para 2020 asciende a 537,84 euros por lo que una unidad familiar de dos miembros requiere 806,76 euros/mes, de tres: 1.075,68 euros/mes y de cuatro: 1.344,60 euros/mes.
En caso de que no se alcance esa cuantía, se concederá la reagrupación familiar de los menores (i.e. una discapacidad) si el reagrupante acredita medios económicos provenientes de una fuente estable de ingresos igual o superior al SMI. El Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, lo cuantifica en 950 euros mensuales.

4º Se motivará adecuada y exhaustivamente, en cada caso, la necesidad, si se diera, de limitar las posibilidades de reagrupación del menor por falta de medios económicos.

5º En relación con la estabilidad de los medios económicos, se entenderá que existe un contrato de trabajo (y, por tanto, hay estabilidad), entre otros casos, en aquellos en los que el reagrupante se encuentre afectado, en el momento de presentar la solicitud, por un procedimiento de suspensión de contrato por causa de fuerza mayor o por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo con las especialidades introducidas por el Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Igualmente, la relación laboral se mantiene cuando se produzca una reducción, total o parcial, de la jornada en relación con personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

Si desean contar con nuestros servicios profesionales, no duden en contactarnos.



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Aumentan las consultas legales para separarse y reducir pensiones de alimentos

12/06/2020


Por: Rebeca López Maldonado
Psicóloga / Col. B-1213
Tel. 619 037 019

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha detectado un “repunte” similar al que suele aparecer después de las vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa.

La asociación cuestiona que se pueda hacer frente “al alud de procedimientos dada la precariedad del sistema judicial español”

Para ello recomienda “pactos entre los progenitores de carácter transitorio, es decir, estableciendo los sistemas adecuados para luego volver a las pensiones que se tenían antes del ERTE o de la pérdida de ingresos de la persona obligada al pago”.

¿Cómo sobrellevar la separación en
esta situación?

-Tómate tu tiempo para poner tus sentimientos en orden, escribir lo que sientes hacia tu pareja, puede ser una buena terapia. Mejor si te supervisa una psicóloga.
-Anota también qué te ha atado hasta antes del coronavirus,

¿Por qué seguías ahí?

Temor a no tomar la decisión adecuada. La idea de no dañar la estabilidad de los hijos no nos dejaba dar el paso definitivo.
-Si mantienes una relación de respeto con tu pareja actual, igual puedes ir hablando desde el respeto, la paciencia, la empatía y el civismo. Si crees que será motivo de conflicto…mejor esperar a después del confinamiento.

¿Cómo viven la separación los
miembros de la pareja y los hijos?

Los estados de ánimo dominantes en una ruptura matrimonial son de decepción, frustración, rabia, tristeza o alivio. También se pueden recibir presiones de la familia, pero lo mejor es comunicarlo.
Lo mejor para los hijos, es que los dos padres se lo expliquen y que ambos participen en la conversación. Cuando los padres se divorcian, es normal que no estén de acuerdo y es normal que puedan existir en los hijos irritación, estupefacción, desarraigo y desconcierto total.
A los niños lo que más les preocupa es quedarse solos. Necesitan saber que siempre habrá alguien a su lado, y que el amor que sus padres tienen por ellos no va a cambiar. También es importante decirles que no es culpa suya. Y lo mejor, el mutuo acuerdo, la serenidad y el respeto.

Las preguntas más frecuentes de parejas

divorciadas en tiempo de coronvirus

aunque entremos a fase 3


Hemos escogido de la Asociación Española de Abogados de Familia algunas preguntas llamativas sobre la coyuntura que actualmente se vive.

Cuando un padre tiene que cumplir un derecho
de visitas en el domicilio materno,
¿se le debe permitir el acceso?


Debe tratarse de un caso excepcional, en el que bien la sentencia o el convenio regulador han previsto este tipo de régimen. En principio, debe cumplirse el régimen previsto, siempre y cuando los progenitores no estén infectados por el virus y observen las normas de protección.

¿Prima la salud de los menores o el derecho de visitas?

El interés del menor está por encima de cualquier otro derecho, pero con carácter general no puede utilizarse este criterio para automáticamente suspender los regímenes de visitas. Es compatible salvaguardar el interés del menor con el cumplimiento de las visitas, ya que también es un derecho del menor relacionarse con ambos progenitores.

¿En un régimen con puede la madre decidir suspenderlo para evitar riesgos?
¿Y si el padre denuncia incumplimiento?
¿Cómo se garantiza la salud del menor
por el padre que quiere visitas?

Salvo que exista constancia fehaciente de que el padre o alguna de las personas con las que convive, está infectado del virus, la madre no tiene facultad para suspender el régimen de visitas. Si la madre se opone a entregar al menor, está incumpliendo la resolución judicial y el padre puede instar su ejecución.

¿Cómo se garantiza la salud de la niña
por la madre que tiene la custodia?

No puede exigirse ningún tipo de garantía y hay que pensar que ambos progenitores son responsables en el ejercicio de la patria potestad y velarán por evitar cualquier perjuicio a los menores.
  El progenitor no cumple las indicaciones sanitarias y está expuesto al contagio por seguir trabajando sin medidas de seguridad. ¿Qué hacemos si ya ha manifestado que el viernes acudirá a recoger a los menores para disfrutar del régimen de visitas?
Si existe prueba fehaciente de que un progenitor no cumple con las indicaciones sanitarias, podrá el progenitor custodio negarse a la entrega, si bien paralelamente deberá presentar una solicitud del 158 del CC para que el Juez resuelva lo procedente.

¿Qué ocurre cuando no existiendo medidas judiciales, los progenitores se han venido rigiendo por pactos verbales y, acontecido el estado de alarma, uno de ellos, quien normalmente ejerce la custodia de facto, decide dejar de cumplir el pacto verbal?

No existe resolución judicial y por tanto no hay posibilidad del exigir el cumplimiento del pacto verbal mediante un proceso de ejecución ante los tribunales. Ante la ausencia de sensatez y responsabilidad (salvo que exista un motivo justificado que impida el contacto del/la progenitor que ejerza la custodia de facto, con el/la otra progenitor, si no existen medidas solicitadas ante los tribunales -pendientes de señalamiento de vista-comparecencia de medidas-), puede instarse una medida cautelar del artículo 158 del Código Civil, que el Tribunal debe resolver con inmediatez, dado que la actividad jurisdiccional está paralizada, salvo para cuestiones de urgencia, y esta es una de ellas. En un plazo no superior a las 72 horas, debería estar resuelta cada una de las medidas cautelares que se planteen sobre estas cuestiones. No obstante, y atendiendo a los servicios mínimos establecidos en la Administración de Justicia, será difícil y, sino casi imposible, poder dar cumplimiento a dicho plazo.



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Dudas de extranjería: ¿Qué sucede con mi residencia en el caso de que me divorcie?

12/06/2020


Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada
del ICAIB nº 6511
628 47 89 14


La crisis sanitaria vivida en España estos últimos meses ha dejado muchas consecuencias y una de ellas es que los procedimientos de divorcio han aumentado considerablemente.
El hecho de que las parejas convivan más tiempo, unido al estrés por los problemas económicos que han vivido en esta pandemia ha generado un repunte de las rupturas.
¿Pero qué ocurre cuando mi residencia es por ser cónyuge de un ciudadano español o comunitario?

Esta es la situación de muchos extranjeros en España, su permiso de residencia depende del vínculo matrimonial, por lo cual unido a la ruptura sentimental viene el problema de cuál será su situación a nivel extranjería una vez el divorcio se lleve a cabo.

Cuando uno es extranjero y su residencia es por ser familiar de comunitario a la hora de divorciarse debe tener en cuenta varios requisitos para conservarla.

La residencia de familiar de comunitario es un permiso de residencia y trabajo que ostentan los cónyuges o parejas registradas de ciudadanos españoles o de cualquier país de los estados miembros de la unión europea.

Esta residencia se concede por la coyuntura matrimonial que une al ciudadano de un país extracomunitario y un ciudadano comunitario, por lo cual cabe preguntarse ¿qué sucede cuando este vínculo se rompe?

Una vez tengamos la sentencia firme de divorcio o la disolución de nuestra pareja registrada, tenemos un plazo de 90 días para comunicarlo a la oficina de extranjería que nos corresponda por domicilio.

Ahora bien, seguiremos conservando nuestra residencia en régimen comunitario si se dan determinadas circunstancias que son los siguientes:

1. Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o de la cancelación de la inscripción como pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España.

2. Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia de los hijos de ciudadano comunitario, al ex cónyuge o expareja registrada que no sea ciudadano de un estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobe el Espacio Económico Europeo.

3. Que concurran otro tipo de circunstancias especialmente difíciles;

1º Haber sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o la situación de pareja registrada.

2º Haber sido sometido a trata de seres humanos por su cónyuge o pareja durante el matrimonio o la situación de pareja registrada.

3º Existencia de una resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine el derecho de visita, al hijo menor, del excónyuge o expareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha resolución o acuerdo se encuentre vigente.

Sin embargo, muchas veces cuando nos encontramos en un proceso de divorcios estas circunstancias no se dan, ¿entonces qué sucederá con nuestra residencia?
En los casos en los que no se cumplen los requisitos, para poder seguir con nuestra residencia en régimen comunitario, lo que debemos hacer es una modificación a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o propia según nuestra actividad en régimen general de extranjería.


Para poder solicitar esta modificación debemos:
1. Comunicar nuestro divorcio en la oficina de extranjería que nos corresponda por domicilio una vez tengamos sentencia firme.
2. Solicitar la modificación de nuestra residencia en régimen comunitario a régimen general de extranjería.
Para solicitar la modificación a autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, vamos a tener que presentar nuestro contrato de trabajo.

En el caso de que desarrollemos una actividad por cuenta propia, debemos modificarla a una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, para lo cual vamos a tener que presentar nuestro plan de negocio.



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>>>ASESORES

12/06/2020


Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

Por: Rebeca López Maldonado
Psicóloga / Col. B-1213
Tel. 619 037 019

Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB
Contacto: 628 47 89 14

Por: Carlos Martínez,
Presidente de 
IMF Institución Académica

Por Margarita Palos Nadal
Abogado
Colegiado 1242 del Ilustre Colegio
de Abogados de Baleares
971 71 91 22 / 646 84 86 95

Por: José María Sánchez
Gestión TST Consulting
Técnico tributario 1937
971 213 543
971 721 033 (fax)

Por: Miguel Ángel García,
Presidente del Colegio de Gestores
Administrativos de Baleares
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Miguel Ángel García: “Muchas empresas y autónomos han perdido la ilusión por continuar en la lucha para sacar adelante sus negocios”

12/06/2020


Por Juan Pablo Blanco A


Baleares Sin Fronteras: ¿Podríamos hablar de una época sin precedentes marcada por todo tipo de problemas?
Miguel Ángel García:
Estamos padeciendo una época que nadie podía sospechar que llegaría a vivir. Se está hablando de comparar estos momentos con la más reciente crisis del 2008, pero creo que no tiene absolutamente nada que ver. Estamos ante una situación inesperada y esto a nivel práctico, y de gestiones, nos ha llevado a situaciones que no esperábamos, por lo tanto ha tenido una repercusión negativa en la ciudadanía en general.

BSF: ¿Cómo resumiría esta convulsa época y las prórrogas del Estado de Alarma?
M.A.G:
Una de las palabras que más hemos escuchado durante este tiempo, desde la perspectiva económica ha sido ERTE que hasta ahora su significado lo desconocíamos.
¿Y qué es?. Pues es un expediente de regulación temporal de empleo. Insisto en la palabra ‘temporal’ porque está deducido a un tiempo que, como estamos observando es un plazo de más que no ha sido acorde a la realidad. Es una situación que ha ido vinculada a la coyuntura sanitaria que todos conocemos con el añadido del Estado de Alarma decretado a partir del 14 de marzo. Como ya sabemos se ha tenido que ir prorrogando cada dos semanas y es probable que hasta finales de junio se siga manteniendo la misma fase en la que estamos actualmente.

BSF: ¿Cómo describiría esta complicada transición de cambios extremos en las empresas y lo que se analiza desde el Colegio de Gestores Administrativos respecto a la perspectiva de ahora?
M.AG:
Esto tiene una consecuencia respecto al tema del trámite de los ERTEs que han sido la fórmula que ha ideado el Gobierno para salvar a las empresas y los autónomos ante el agravante de cese de actividad.
La gran mayoría de las empresas desde el primer momento se han visto abocadas, o bien a cerrar su actividad, o a realizar una reducción muy drástica en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, tenemos empresas dedicadas a labores que han sido esenciales, tales como los gestores administrativos que desde el primer momento hemos estado trabajando, al igual que las empresas dedicadas a la alimentación, al transporte y al sector sanitario, entre otras. No obstante, muchas del sector de la hostelería, restauración y demás comercios han tenido que cerrar, o en su defecto, han visto reducido el volumen de trabajo.

BSF: ¿Los problemas con el retraso de algunos pagos de ERTEs podrían achacarse a que confluyen varios procedimientos desde distintas administraciones públicas?
M.A.G:
Efectivamente, en estos casos se les ha dado la opción a los empresarios de que sus trabajadores pudieran suspender su contrato y cobrar la prestación por desempleo.
Esta prestación consistía en el 70% de la base reguladora que tenían en sus nóminas. Para generar este expediente, y para que finalmente pudieran cobrar los trabajadores esa prestación se han tenido que poner de acuerdo varias administraciones.
Por un lado tenemos la autoridad laboral de cada comunidad autónoma, en nuestro caso la Consejería de Trabajo del Govern balear, por otro lado, está también el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que como sabemos en cada Comunidad Autónoma delega funciones en los servicios autonómicos, en nuestro caso el SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears). Además, ponemos en relación a la Tesorería de la Seguridad Social, ya que estos expedientes implicaban dejar de tener que pagar la Seguridad Social de estos trabajadores, y en definitiva, varias administraciones que se ponían de acuerdo de forma telemática.

BSF: ¿Todos hablamos de ERTEs, pero pocos sabemos el sistema, procedimientos y cambios?
M.A.G:
Hay que decir que este es un trámite que posiblemente en los últimos diez años ha sido prácticamente desconocido. Podría decir que en estos dos meses se han tramitado más ERTEs que en los últimos quince años.
Todo esto ha provocado deficiencias en la gestión, como por ejemplo, que la autoridad de trabajo nos haya modificado hasta cinco veces la instancia y el sistema de envío de estos expedientes.
Y otro ejemplo es que en Baleares se tuvo que sacar una norma que decía que en lugar de cinco días, en esta Comunidad Autónoma se tardaría diez días en tramitarlos. Nos hemos encontrado que muchos expedientes han sido aprobados por ‘silencio administrativo’ y no por una resolución expresa.

BSF: ¿Todo estos problemas burocráticosque han hecho que mucha gente todavía no haya cobrado?
M.A.G.:
El hecho de que hoy en día todavía haya personas que no han podido cobrar la prestación por desempleo en parte se debe a todo esto que hemos comentado, pero también obedece a que en muchos casos estas personas nunca habían cobrado un desempleo.
Por lo tanto, eran situaciones desconocidas para el SEPE, o bien eran personas que llevaban ya tiempo sin cobrar, y quizás los datos no coincidían o había modificaciones. Por ejemplo, gente que ha pasado de tener un NIE a ser portador de un DNI.

BSF.: ¿Es intrépido afirmar que los gestores administrativos se han convertido en el paño de lágrimas de los empresarios?
M.A.G:
No solamente gestionamos, sino que acompañamos a nuestros clientes en la parte humana. Hay situaciones difíciles, les tenemos que buscar alternativas para que puedan alimentar a sus familias y al mismo tiempo pagar sus obligaciones y salir de la crisis de la mejor manera posible.

BSF: ¿Imaginamos que se habrán encontrado casos de gente del mundo empresarial en situaciones desesperantes?
M.A.G:
Nos llega información de muchos autónomos y empresas que han cerrado, además han perdido la ilusión por continuar.
No ven un futuro claro. Lo ven incierto. De hecho las empresas que continúan abiertas no saben con certeza cuánto tiempo más podrán seguir trabajando.
Por ejemplo, en la hostelería no es todo como lo pintan a pesar de ver las terrazas llenas.
Podemos estar viendo una imagen distorsionada de la realidad. Igualmente, en Mallorca es dramática la situación de los empresarios del sector automotriz en los polígonos y en otros ámbitos de la economía.



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Prórroga automática de la validez de las tarjetas de residencia por el COVID-19

29/05/2020


Por: Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14


El día 20 de mayo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden donde se prorrogarán durante seis meses todos los permisos de residencia y/o trabajo de España que hayan caducado durante el estado de alarma, así como las tarjetas que se hayan caducado tres meses anteriores a dicho estado, es decir, las tarjetas de residencia caducadas desde el 15 de diciembre de 2019 hasta el 14 de marzo de 2020.

Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo, Tarjetas de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión, las Tarjetas de Residencia de Larga Duración y las Autorizaciones de Estancia por Estudios, cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma o hayan caducado en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, quedarán automáticamente prorrogadas.

La prórroga automática se iniciará al día siguiente de la caducidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis meses desde la finalización del estado de alarma.

De igual forma, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha publicado el pasado 21 de mayo la Instrucción núm. 9/2020, que recoge las medidas relativas a la prórroga de vigencia de determinados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras y entre las medidas establece la prórroga de la vigencia de la documentación para los solicitantes de Protección Internacional (Asilo o Refugio):

-El resguardo de presentación de solicitud de protección internacional (resguardo blanco), que hubiera sido expedido con anterioridad al estado de alarma, verá prorrogada su vigencia en nueve meses a contar desde la expiración de la validez del documento, siempre y cuando no se haya notificado negativamente la resolución del expediente.

-El documento acreditativo de solicitante de protección internacional (tarjeta roja) y el documento acreditativo de solicitante de condición de apátrida (tarjeta verde) que hubieran sido expedidos con anterioridad al estado de alarma, verán prorrogada su vigencia siete meses, a contar desde la expiración de la validez de los documentos, siempre y cuando no se haya notificado negativamente la resolución del expediente.

Estas medidas se han tomado para evitar que los extranjeros incurran en una irregularidad sobrevenida y se prorrogue automáticamente la validez de sus tarjetas de residencia.

Pero bien, es preciso recordar los plazos para la renovación de los permisos de residencia y la forma como se pueden hacer, ya que las renovaciones de residencia temporales, se permite la presentación telemática.

Plazo para la renovación de la residencia

-El periodo normal e idóneo para renovar las autorizaciones de residencia temporales es dentro de los sesenta días previos a la caducidad de tu tarjeta.

-También existe la posibilidad de hacer la presentación de la renovación de la tarjeta de residencia temporal dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de esta.

- En el caso de la tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la UE, los plazos para renovar son:

-Dentro de los treinta días previos a la caducidad de la tarjeta de residencia de familiar de comunitario.

-Dentro de los noventa días posteriores al vencimiento de la tarjeta de residencia.

Es aconsejable presentar la renovación de la residencia dentro de los sesenta días previos al vencimiento de la tarjeta, ya que, si se presenta dentro de los noventa días posteriores a su vencimiento, la Oficina de Extranjería puede imponerle una multa administrativa al solicitante.

La renovación de las tarjetas de Residencia de Larga Duración y de las Tarjetas de Residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Permanente, solo se permite realizarlas de forma personal y no se solicita en las oficinas de extranjería sino directamente en la correspondiente comisaría de Policía Nacional.

Es importante para no caer en situación irregular presentar la solicitud de renovación durante los plazos establecidos. Tratándose de las renovaciones de residencia temporales se debe hacer de manera telemática.

Se podrá renovar desde que empiezan los 60 días, pudiendo acceder al sistema de renovaciones electrónicas (plataforma Mercurio), con certificado digital propio o a través de un profesional habilitado para ello, cuando la autorización actual esté a menos de 60 días de la fecha de finalización de vigencia y hasta un máximo de 90 días naturales posteriores a dicha fecha.

Y una vez presentada la renovación de residencia, el solicitante podrá seguir trabajando, hasta que le sea resuelta en cuestión de pocos días, toda vez que la solicitud de renovación presentada en plazo, prorroga la validez de la autorización a efectos laborales y de Seguridad Social hasta la resolución del procedimiento.

Como lo hemos comentado en las últimas ediciones la presentación telemática tanto de las renovaciones de las residencias temporales como de las solicitudes de residencia iniciales, constituye la mejor opción. Ya que se evita demoras, el extranjero no tiene que dirigirse a ninguna Oficina de Extranjería, por ende, no es necesario la tramitación de ninguna cita previa.

-Ahorro en tiempo. Los expedientes que son tramitados de forma telemática tardan menos tiempo en resolverse que los expedientes tramitados en formato papel.

Grabación de expediente de forma inmediata. Cuando se presenta una renovación de residencia de manera telemática, como es el caso de la plataforma mercurio (Renovaciones de Extranjería), el expediente queda grabado inmediatamente.

-Agilización: La Administración Pública, para evitar atascos, colas, aglomeraciones de personas en sus instalaciones, cada vez introduce más expedientes que pueden ser tramitados de manera telemática.

Por tal motivo se recomienda la presentación de los expedientes de extranjería de forma telemática, así como sucede con las solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia, ya que ha quedado demostrado ser la vía más eficaz desde que entró en vigor el RD 1004/2015.

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29/05/2020

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29/05/2020


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