ASESORÍA
Masivas solicitudes de nacionalidades obligarían a contemplar un segundo plan de descongestión de expedientes

17/11/2020

Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB
Contacto: 628 47 89 14

El pasado 29 de octubre de 2020 se llevó a cabo la segunda jornada online de extranjería sobre nacionalidad española, organizada por el Grupo Aristeo y la Asociación de Inmigrantes sin Fronteras, contando con la participación de la Subdirectora General de Nacionalidad, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Maria del Mar López Álvarez, quien nos informó sobre todas las novedades sobre los expedientes de Nacionalidad Española.

Expuso que en la actualidad hay más de 242.000 expedientes en tramitación y que cada año se reciben un promedio de más de 100.000 solicitudes de nacionalidad española y que solo hay 35 funcionarios y 9 calificadores encargados de tramitar y resolver los expedientes.

Ante la falta de personal se ha producido de nuevo un colapso importante y hay miles de expedientes en tramitación. Es por ello, que ha solicitado al Gobierno realizar otro plan intensivo de descongestión de las solicitudes de nacionalidad española.
v Está propuesto este nuevo “plan de choque”, pero se desconoce si será aprobado y si finalmente se pondrá en marcha. En la actualidad el Ministerio de Justicia está intentando conseguir una partida presupuestaria para poner en marcha un nuevo Plan Intensivo o Plan de Choque para intentar así agilizar los expedientes de Nacionalidad Española. En la memoria desarrollada desde el Ministerio se ha solicitado 1.900.000 euros, argumentando el pago de las distintas tasas administrativas que han realizado cada uno de los solicitantes de nacionalidad española.

Sin embargo, y siendo realistas, no saben si desde el Ministerio de Hacienda se reconocerá esta partida presupuestaria para poder llevar a cabo este Plan de Choque, máxime con la situación sanitaria, social y económica que estamos viviendo con motivo del Covid-19.


Actualmente hay en el Ministerio de Justicia 35 funcionarios tramitando las más de 100.000 solicitudes al año que entran en esa sede. En el año 2019 miles de expedientes de solicitud de Nacionalidad Española fueron resueltos, gracias al “plan de choque” o plan intensivo de descongestión implantado por la Dirección General de los Registros y del Notariado DGRN y el Ministerio de Justicia, el cual llegó a su fin el día 30 de noviembre de 2019. El propósito de este plan de choque fue resolver todos los expedientes pendientes de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Como también se fueron emitiendo resoluciones de expedientes presentados de forma telemática del año 2019.

Dentro de la exposición de Dª Maria del Mar Álvarez, Subdirectora General de Nacionalidad y Estado Civil, mencionó otras novedades con relación a los expedientes de solicitud de nacionalidad en este año 2020:
Expedientes con recurso administrativo: Como bien sabéis una vez presentada la solicitud de nacionalidad española por residencia, el Ministerio de Justicia dispone de un año para tramitar la solicitud. Si pasado ese tiempo no se ha resuelto el expediente, se puede acceder a una vía judicial, e interponer un recurso contencioso administrativo Por ello y ante el gran número de personas que deciden acudir a la vía judicial para obtener una resolución de su expediente, el Ministerio de Justicia incorporará a siete funcionarios para agilizar y tramitar los expedientes de nacionalidad española sobre los que se ha interpuesto recurso contencioso administrativo.

Además, estos expedientes que actualmente están completos, en fase de calificación, y sobre los que se interponga procedimiento contencioso se podrán evaluar y calificar sobre la marcha, algo que supondrá una agilización del propio expediente.

Dispensa de exámenes

Otra de las novedades, es que el Ministerio de Justicia quiere hacer una contratación menor de personal para poder atender las solicitudes de Dispensa de nacionalidad española, como la dispensa para analfabetos.

Desde el Ministerio de Justicia se va a enviar un formulario a todos estos solicitantes para valorar el grado de analfabetismo, y dispensar así de la realización de los exámenes de nacionalidad española, el CCSE y DELE. Sefardíes

En cuanto a los expedientes de Nacionalidad Española y uno de los problemas que está encontrando el Ministerio de Justicia es que en los expedientes se están aportando informes incorrectos, lo que provocará muchas denegaciones, las cuales se comenzarán a notificar en los próximos meses.

En el anterior Plan de choque se revisaron más de 200.000 solicitudes de nacionalidad española y de esos expedientes se resolvieron 135.000 solicitudes de Nacionalidad Española.

El resto de los expedientes continuaron su curso de tramitación normal y se siguió pidiendo los correspondientes informes, los cuales están llegando ahora. En la actualidad, existen 48.0000 expedientes de nacionalidad en el estado de “En Calificación” y solo hay actualmente 9 calificadores para llevar a cabo el trabajo y resolver estos expedientes. Otra de las novedades que el Ministerio de Justicia va a implementar es la emisión de un formulario para hacer la prejura y jura de forma más ágil. Ya que cuando se obtiene la resolución de nacionalidad española se debe completar el proceso haciendo la prejura y jura en nuestro Registro Civil. Para este acto, hay Registros Civiles que actualmente están colapsados ante el gran número de prejuras y juras que tienen que hacer, y por ello, se ha establecido un Formulario para poder completar los datos de la inscripción de nacimiento y poder realizar la misma de forma más ágil.

Los profesionales y los solicitantes de Nacionalidad Española, vemos como desde la fecha en que finalizó el plan de choque en el mes de noviembre de 2019 y durante estos 11 meses de 2020, el ritmo de las resoluciones o de expedientes en estado de “tramitación” es notablemente menor, da la sensación de que todo está paralizado. Al revisar la mayoría del estado de los expedientes presentados desde el mes de diciembre de 2019 a la fecha, aparecen como” Registrados”, transcurren los meses y todo igual, sin cambios, cuando deberían de aparecer los expedientes en “Estado de Tramitación” o que se han solicitado los informes preceptivos.

También nos encontramos un gran número de expedientes en estado de “calificación” (que corresponde a la etapa final del proceso, donde ya el expediente tiene un proyecto de resolución) durante meses estancados, sin ningún cambio, ni resolución alguna. Sumado a ello vemos paralizados los expedientes de los años 2017, 2018 y 2019 que no fueron resueltos durante el plan de choque.

Es decir, están paradas las solicitudes de nacionalidad española presentadas por vía telemática, los expedientes presentados en papel ante los Registros Civiles y ante el Registro Público, los expedientes del anterior proceso (2015), en general todos están en las mismas condiciones, estancados. Esperemos que se tomen los correctivos necesarios o que se ponga en marcha otro plan choque, ya que estamos todos cansados de la burocracia, de los largos tiempos de espera para obtener una resolución de nacionalidad española y la posterior cita para la jura.

Si desean contar con nuestros servicios profesionales, no duden en contactarnos.



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Preguntas y respuestas sobre la prórroga a las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero

17/11/2020


Por: José María Sánchez

Gestión TST Consulting

Técnico tributario 1937

971 213 543

971 721 033 (fax)




Son muchas las preguntas sobre las prórrogas a las ayudas que tienen los autónomos hasta el 31 de enero por eso aquí detallamos dichas preguntas y respuestas recibidas en nuestro despacho profesional de TsT Consulting


Estoy cobrando la prestación ordinaria compatible con la actividad, ¿puedo seguir cobrándola?

Sí, puesto que esta prestación se prorroga hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre de 2020 sigas cumpliendo los requisitos exigidos para su concesión, entre ellos, acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no superar unos rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el periodo octubre-diciembre de este año.

¿Qué otros requisitos debo cumplir?

Además de la caída de la facturación, hay que estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso; haber cotizado por cese de actividad como mínimo durante los 12 meses inmediatamente anteriores de forma continuada; no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social.

¿Cómo y cuándo la solicito? ¿Cuánto tiempo dura?

Tienes que solicitarla ante tu mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Si lo haces entre el día 1 y el 15 de octubre de 2020, la recibirás con efectos desde el día 1 de octubre y durante 4 meses. Si la solicitas después, la percibirás desde el día siguiente a la fecha en la que presentaste la solicitud y no podrá ir más allá del 31 de enero de 2021.

¿Cuánto voy a cobrar por el cese ordinario compatible con la actividad?

Es el 70% de la base reguladora además del abono de la cuota por contingencias comunes, que se devuelve al trabajador. Si cotizas por la base mínima, serían unos 660 euros al mes, que llegan a los 930 euros de beneficio económico si se suma el abono de la cuota por contingencias comunes.
Durante el tiempo que esté percibiendo el autónomo esta prestación deberá ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de sus cotizaciones. La mutua abonará al trabajador autónomo, junto con el importe de la prestación, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes.

¿Y si recupero mi facturación?

El autónomo que esté cobrando el cese compatible con la actividad puede renunciar en cualquier momento y devolver la prestación que se haya cobrado una vez recuperado el nivel de facturación, o cuando la caída de ésta ya no sea del 75%  si no menor.

No solicité el cese ordinario en verano, pero la facturación de mi negocio ha sufrido una merma de más del 75%.

Los autónomos que hasta el 30 de junio hayan percibido la prestación extraordinaria pueden solicitar una prestación ordinaria compatible con la actividad ahora. Para ello, deben haber estado dados de alta como autónomos al menos 12 meses y estar al corriente de pago. Además, tendrán que acreditar una reducción de la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año 2019.

No puedo optar al cese ordinario compatible con la actividad porque no he cotizado los últimos 12 meses, pero estoy facturando muy poco, menos del Salario Mínimo Interprofesional. ¿Qué puedo hacer?

Si no puedes optar al cese ordinario compatible con la actividad porque disfrutas de una tarifa plana, por ejemplo, o porque no has cotizado los últimos 12 meses, que es uno de los requisitos, puedes solicitar la nueva prestación por bajos ingresos.
Esta ayuda está diseñada para aquellos trabajadores cuyos ingresos en el último trimestre de 2020 no superen el salario mínimo interprofesional (1.108 euros/mes por 12 pagas) y prevean una reducción de ingresos en el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 50% en relación a los ingresos del primer trimestre de 2020.

¿A cuánto asciende la ayuda?

La cuantía será del 50% de la base mínima de cotización y no tendrán que abonarse las cuotas, aunque sí computará como tiempo cotizado.
No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%.
No es compatible con una remuneración por cuenta ajena, salvo que sea de menos del 1,25 del SMI, ni con otra actividad por cuenta propia distinta a la que causa derecho a la prestación, ni con percibir otras prestaciones de la Seguridad Social, a no ser que sean compatibles con la actividad

¿Dónde la solicito? ¿Cuándo?

Tienes que solicitarla en tu mutua o, en su caso, al Instituto Social de la Marina.
Si la solicitas antes del 15 de octubre, tendrá efectos desde el día 1 de octubre. Si lo solicitas después, tendrá efecto desde el primer día del mes siguiente a presentar la solicitud. Su duración no podrá ir más allá del 31 de enero.

Soy autónomo de temporada y recibo la prestación. ¿Voy a seguir cobrándola?

Los perceptores de la prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporadas prevista en el Real Decreto Ley 24/2020, podrán solicitar percibir la nueva prestación siempre que reúnan los requisitos para causarla.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para solicitar la prestación para autónomos de temporada?

Para acceder a la prestación extraordinaria para autónomos de temporada tienes que haber cotizado un mínimo de cuatro meses entre junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos durante 2020 y no haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo.
Además, no tienes que haber percibido prestación alguna de la Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el trabajo autónomo.

¿Cuánto se cobra con ella?

La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización e incluye la exoneración de las cuotas.
Mientras la cobres, no puedes recibir otra remuneración ni prestación de la Seguridad Social.

¿Si me cierran el negocio por la evolución de la pandemia?  ¿Tendré alguna ayuda?

Se ha creado una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad para aquellas personas que se enfrenten a una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas dirigida a la contención de la pandemia de la COVID-19.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para acceder a la prestación extraordinaria por suspensión de la actividad?

Hay que estar afiliado y en alta como autónomo al menos 30 días naturales antes de la resolución administrativa que acuerde el cese de actividad como medida de contención y estar al corriente de pago.
Es necesario que haya una resolución administrativa que implique la suspensión temporal de su actividad debido a la pandemia.

¿Cuánto cobraré?

La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Si eres familia numerosa, esta cantidad se incrementará un 20%.
Este importe se reducirá al 40% de la base para el caso de que convivan en un mismo domicilio personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más miembros tengan derecho a esta prestación.
No vas a tener que pagar la cuota de la Seguridad Social, pero este tiempo sí te va a contar como cotizado.

¿Es incompatible con otros ingresos?

Sí, esta prestación es incompatible con un salario procedente por cuenta ajena, salvo que sea inferior al 1,25 del SMI, y con el desarrollo de otra actividad por cuenta propia. Tampoco se puede simultanear con otra prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

¿Cuándo la solicito? ¿Dónde?

Puedes solicitarla a partir del día siguiente de haberse publicado en el boletín oficial correspondiente la medida/s de cierre. Debes hacerlo ante tu mutua colaboradora, o bien ante el Instituto Social de la Marina, si es el caso.



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Conozca las novedades de los nuevos ERTES desde el 1º de octubre

30/10/2020

Por: José María Sánchez
Técnico Tributario nº 1937
Gestion TsT Consulting
c/ Lleo XIII nº 6 bajos derecha
Plaza Sant Antoni nº 13
Entresuelo / 971 213 543
www.tstconsulting.net


En TsT Consulting os contamos las nuevas modalidades de Erte desde el 1 de Octubre de 2.020 según el RD Ley 30/2020 de 29 de Septiembre.

A continuación vamos analizar para los lectores de Baleares Sin Fronteras las tres principales modalidades de ERTES asociados al COVID-19 que ya tenemos desde el 1 de octubre de 2.020 hasta el 31 de enero de 2021

1. Los ERTES por rebrote desaparecen, para transformarse en los nuevos “ERTES por impedimento”, dirigido a empresas que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas, tanto por autoridades nacionales como extranjeras, a partir del 1 de octubre de 2020 (por ejemplo, un bar de ocio nocturno ubicado en un barrio en el que se ha detectado un repunte de contagios y al que resultan de aplicación medidas restrictivas impulsadas por el gobierno autonómico).

2. . Aparece, del mimo modo, el denominado “ERTE por limitaciones”, referido a aquellas empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas podrán solicitar a la autoridad laboral (ejm.: un teatro que tiene limitado su aforo por motivos sanitarios).
3. Y, un “ERTE para sectores específicos”, aplicable a aquellos sectores más afectados por el impacto del Coronavirus COVID-19, donde  se concreta una lista de actividades delimitadas por CNAEs (clasificación nacional de actividades económicas), consideradas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad.

En relación de lo que no se puede realizar en cuestiones de despidos relacionados con el coronavirus COVID-19 hasta el 31 de enero de 2.021
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

Se mantienen vigentes los compromisos de mantenimiento del empleo regulados inicialmente por D.A. 6 RD ley 8/2020 donde se regula de la siguiente manera:

“1. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
2. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

4. No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

5. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar”.



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>>>ASESORES

30/10/2020


Por: Carolina Quintana

Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6511

628 47 89 14



Por: Rebeca López Maldonado

Psicóloga / Col. B-1213

Tel. 619 037 019



Por: Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14



Por: Carlos Martínez,

Presidente de 

IMF Institución Académica



Por: Margarita Palos Nadal

Abogado

Colegiado 1242 del Ilustre Colegio

de Abogados de Baleares

971 71 91 22 / 646 84 86 95



Por: José María Sánchez

Gestión TST Consulting

Técnico tributario 1937

971 213 543

971 721 033 (fax)




Por: Miguel Ángel García,

Presidente del Colegio de Gestores

Administrativos de Baleares




Por: Ana Mariño

Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6237

628 47 89 14


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Ya es posible solicitar la residencia por arraigo social teniendo en trámite la solicitud de asilo

30/10/2020


Por: Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14

El procedimiento para solicitar el asilo o protección internacional, una vez que el extranjero está en España, tiene varias fases:

-Primero deberá presentar la solicitud ante la Oficina de Extranjeria o ante la Comisaría de Policía Nacional correspondiente.

-Una vez presentada la petición, las Oficinas de Asilo y Refugio tienen un mes para pronunciarse sobre su admisión o inadmisión a trámite. La mayoría de los casos son admitidos a trámite, pero esta admisión a trámite no significa que han resuelto favorable el fondo del asunto, sobre si procede o no la protección internacional, con ello simplemente se inicia el estudio e investigación del caso, de acuerdo con las alegaciones y pruebas que haya presentado el solicitante.

Desde que se inicia el procedimiento, hasta que finalmente se emite una resolución, puede transcurrir un largo período de tiempo entre 2 y 3 años aproximadamente. En el momento de admitirse a trámite la petición de asilo o protección internacional, se expide un documento provisional, que se emite como documento de identificación, el cual se conoce como “Tarjeta Roja”.

La primera tarjeta roja tiene una vigencia de seis meses que autoriza a residir legalmente, pero no autoriza a trabajar, no obstante, si incluye el NIE (Número de Identidad del Extranjero), que le permitirá realizar gestiones tales como la apertura de una cuenta bancaria, solicitar la tarjeta sanitaria, etc.

Transcurridos los seis meses, si aún no se ha obtenido resolución, se deberá renovar esta tarjeta roja por otra, la cual incorporará la mención expresa “Autoriza a Trabajar”. Su vigencia será de seis meses, y se irá renovando hasta que finalmente se resuelva la petición y se emita la resolución definitiva.

Todo este largo proceso desde la solicitud de asilo y su resolución denegatoria y los recursos interpuestos, transcurren cerca de tres años, tiempo suficiente para que el extranjero pueda optar por solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (arraigo social).

Hasta ahora, para que un solicitante de Asilo pudiera comenzar con el trámite de una residencia por Arraigo Social, debía renunciar a su procedimiento de Protección Internacional. Es así como para obtener una Autorización de Residencia se debía desistir de la solicitud de asilo, es decir, no era posible solicitar el arraigo social mientras se resolvía el proceso de Protección Internacional.

El 8 de septiembre de 2020, El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones emitió una Nota Informativa que establece que todas aquellas personas que se encuentren en trámites de solicitud de asilo que, mientras se encuentran en este proceso, podrán solicitar una Tarjeta de Residencia por Circunstancias Excepcionales – Arraigo Social.

El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha abierto la posibilidad de que todos los solicitantes de Protección Internacional podrán obtener una Autorización de Residencia sin renunciar a su estatus. Esto gracias a que dicha situación fue denunciada en distintas ocasiones por el Defensor del Pueblo, haciendo llegar al Ministerio las peticiones oportunas, para que se abriera la posibilidad de tramitar de manera paralela un Arraigo Social, mientras se estaba gestionando una Solicitud de Protección Internacional.

Esto quiere decir, que se podrá tener de forma paralela ambos procedimientos, y serán por tanto completamente compatibles.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, que no en cualquier momento se puede hacer la solicitud de residencia por Arraigo Social, sólo, una vez cumplidos los requisitos, como es una permanencia ininterrumpida en España mínimo de 3 años, contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a un año, y que el empleador tenga la solvencia suficiente para hacer frente a las obligaciones derivadas de este contrato y estar al corriente en sus obligaciones con seguridad social y hacienda. O bien, tramitar el Arraigo Social por cuenta propia, con un proyecto empresarial, es decir, crear su propia empresa.

También podrá solicitar un arraigo social sin contrato de trabajo, aportando los medios económicos de un familiar o del cónyuge.

El solicitante de Asilo que quiera tramitar el Arraigo Social debe cumplir con todos los requisitos tanto de permanencia mínima de 3 años en España, contrato de trabajo o medios de vida, no contar con antecedentes policiales ni penales tanto en España como en el país de origen y un informe de inserción social o en el caso de que tenga en España familiares directos, cónyuge o pareja registrada con nacionalidad española o una residencia legal en nuestro país, no será obligatorio aportar dicho Informe de Inserción Social (siempre que esté solicitando su Arraigo Social con una contrato de trabajo).

Quiero finalmente tocar un tema relacionado con el asilo y su denegación que no quiero dejar pasar, pues considero importante que los inmigrantes que tramitan esta vía legal conozcan sus derechos.

Como lo expuse anteriormente cuando la solicitud de Protección Internacional es admitida a trámite, y se obtiene la Tarjeta Roja (renovada al menos una vez) ya es posible trabajar sin ningún problema y sin ninguna limitación.

En el caso de una denegación de la solicitud de Asilo- Protección Internacional y que se haya interpuesto el recurso contra la resolución denegatoria, es posible continuar trabajando, ya que hasta tanto no se produzca la desestimación definitiva de su solicitud de Asilo, podría seguir ejerciendo su derecho a trabajar. En razón a que la ejecución de la resolución denegatoria se encuentra suspendida durante el trámite del recurso.
De acuerdo con el contenido de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, articulo 15:

Empleo
1. Los Estados miembros velarán por que los solicitantes tengan acceso al mercado laboral a más tardar a los nueve meses desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional, cuando las autoridades competentes no hayan adoptado una resolución en primera instancia y la demora no pueda atribuirse al solicitante.
2. Los Estados miembros decidirán los requisitos para conceder al solicitante el acceso al mercado de trabajo, con arreglo a su Derecho nacional, garantizando el acceso efectivo de los solicitantes al mercado de trabajo.

3. No se privará al solicitante del acceso al mercado de trabajo cuando se interponga un recurso, que tenga efectos suspensivos, contra una decisión negativa tomada en un procedimiento ordinario, hasta la notificación de su desestimación.

Por tanto, a aquellos solicitantes de Asilo- Refugio- Protección Internacional a quienes se les deniega su petición pueden interponer los recursos administrativos correspondientes: Recurso Potestativo de Reposición y/o el Recurso Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional, contra la resolución denegatoria.

Así mismo, dentro del tramite del Asilo o si se produce una denegación, si el solicitante cumple con todos los requisitos podrá acceder a una Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales (Arraigo Social) o bien, si ha contraído matrimonio o ha constituido una pareja de hecho (pareja registrada) con un ciudadano de la UE, puede obtener una Tarjeta de Residencia de Familiar de Ciudadano de la UE.

Si desean contar con nuestros servicios profesionales, no duden en contactarnos.



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Los progenitores extracomunitarios de un menor comunitario podrán solicitar la tarjeta de residencia de familiar comunitario

14/10/2020


Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada
del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

Hasta ahora los progenitores nacionales de terceros estados de un menor comunitario podían solicitar la residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar.

Está contemplado en el reglamento: “Cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el progenitor solicitante tenga a cargo al menor y conviva con éste o esté al corriente de las obligaciones paternofiliales respecto al mismo”.

Además, de acuerdo con el contenido del criterio de gestión 64-2011 de la Subdirección General de Inmigración, esta figura se ha extendido en relación con la residencia de los progenitores nacionales de terceros países de menores nacionales de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza que residen en España.

Este arraigo conllevaba un permiso de residencia y trabajo por un año y su renovación dependía de la actividad laboral del titular, obligándolo a trabajar un mínimo de seis meses a jornada completa, o bien doce meses a media jornada.

Este requisito no podían cumplirlo los progenitores en muchas por lo se dedicaban exprofeso a la crianza de su hijo. Se presentaban casos en los que no habían podido conseguir un puesto de trabajo, lo que automáticamente repercutía en la pérdida de la residencia y del permiso de trabajo.

Sin embargo, ha habido un cambio de criterio por parte de la Dirección General de Migraciones de España.

A partir de ahora el progenitor de un tercer país de un menor nacional de otro Estado miembro que se encuentre en España puede solicitar la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Esto quiere decir que los padres de un menor comunitario podrán solicitar la tarjeta de residencia de familiar de comunitario, que les dará permiso de residencia y trabajo por 5 años. Los requisitos a cumplir serán los siguientes:

Ser padre o madre de un menor nacional de un estado miembro.

Contar para sí mismo y su familia de medios económicos suficientes.

Tener un seguro de salud privado.

En los supuestos en que no se puedan cumplir con los requisitos para solicitar residencia de familiar de comunitario se podrá pedir la residencia por arraigo familiar.

La figura del arraigo familiar podrá emplearse cuando no se acrediten los requisitos exigidos para la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Solicitudes de autorizaciones para progenitor nacional de un tercer país de un menor de nacionalidad española.

Las solicitudes de residencia de progenitores nacionales de terceros países de un menor de nacionalidad española se resolverán en caso de que puedan acreditarse los siguientes requisitos, mediante la concesión de una autorización de residencia con una vigencia de cinco años que le habilitará a trabajar.

En concreto se verificará:

a) La identidad del solicitante mediante la presentación del pasaporte en vigor. En caso de que esté caducado será admisible la presentación de la copia de éste y solicitud de renovación.

b) La situación que da lugar a la autorización: padre o madre nacional de un tercer país de un menor de nacionalidad española.

c) El hecho de que la denegación de la autorización implica que el menor tuviera que abandonar el territorio de la UE, de acuerdo con la relación de dependencia existente entre el progenitor y el menor.

d) Que tal autorización no suponga un riesgo para el orden o la seguridad pública, haciendo de esto una interpretación estricta que atienda al principio de proporcionalidad y se base exclusivamente en la conducta personal del interesado (no meros antecedentes penales).

En particular, no podrá denegarse automáticamente esta autorización por contar el solicitante con antecedentes penales, salvo que la entidad de éstos permita aplicar una excepción por “mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad pública”.

Los conceptos de orden público y de seguridad pública, en estos supuestos, deben ser objeto de interpretación estricta de acuerdo con los señalados por el TJUE.

En concreto, ha de considerarse si las infracciones penales cometidas implican la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden o la seguridad pública, por lo que será el único caso en el que hará lugar a la denegación de la autorización por estas circunstancias. En todo caso, la valoración habrá de ser individualizada y atinente a la solicitud concreta.



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Un recordatorio de los derechos básicos de los ciudadanos ante la ley de acuerdo a la Constitución de 1978

14/10/2020


Por: Ana Mariño
Abogada Colegiada del ICAIB Nº 6237
628 47 89 14

Tal y como establece la Constitución española de 1978, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo a lo establecido en la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.
Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza la Constitución para los españoles. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos de la extradición los delitos políticos. Ciudadanos de otros países y apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Todos los ciudadanos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, quedando abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. La detención preventiva no podrá durar más de setenta y dos horas, a partir de cuyo momento el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.

Se garantiza la asistencia de abogado de oficio al detenido en las diligencias policiales y judiciales. La ley regula un procedimiento de “Habeas Corpus”, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Por ley se determina el plazo máximo de la prisión provisional.

Se garantiza también el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable, por lo que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Se garantiza en secreto de las comunicaciones. La ley limita el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.

Otros derechos son el de elegir libremente la residencia y poder circular por el territorio nacional al igual que entrar y salir de España. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; derecho a la producción y creación literaria, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

La ley regula el secreto profesional, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa.

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público con peligro para personas o bienes.
Se reconoce el derecho de asociación, quedando prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos directamente o por medios de representantes y tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales si consideran que han sido vulnerados sus derechos y libertades públicas, contando con el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, derecho a ser informados de la acusación, derecho a no declarar contra sí mismos, derecho a no confesarse culpables y derecho a la presunción de inocencia, por cuyos derechos y libertades velará siempre su abogado.



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Extranjería: Trámites exitosos de renovaciones de permisos de residencia y trabajo en PCB

14/10/2020


BSF

Patricia Gutarra inició el trámite de renovación del permiso de residencia y trabajo con PCB, Extranjería. Ambos acudieron allí por las “excelentes referencias” de los usuarios que han tenido la experiencia de gestionar este tipo de trámites de extranjería o realizar procedimientos civiles y de familia con este despacho.

La abogada argentina Carolina Quintana se suele encargar de las renovaciones de las tarjetas - familiar de comunitario de permiso de residencia y trabajo.
Para Patricia Gutarra, madre de un pequeño de dos años, es importante no esperar a última hora para gestionar estos documentos. “Tan pronto como reuní los papeles vine a PCB y espero comenzar exitosamente la renovación”, dice.

En PCB Extranjería se tramitan autorizaciones de estancia, residencia y trabajo; solicitudes de permiso de residencia; autorizaciones de trabajo y residencia; permiso de residencia por cuenta ajena o propia. Además se gestionan solicitudes de residencias no lucrativas, renovaciones, tramitación de cartas de invitación, arraigos sociales, familiares y laborales.

Asimismo, las abogadas especializadas en extranjería interponen recursos contra recursos no favorables. De la misma forma se realiza la tramitación de solicitud de certificado de nacimiento y de matrimonio ante el Registro Civil Central.

Por otra parte, la abogada Ana Mariño que lleva trabajando en derecho penal durante varios años, se encarga de los expedientes de delitos de tráfico, delitos contra la Seguridad Social y Derechos de los trabajadores.

PCB – Pensiones

PCB también es especialista en los convenios bilaterales entre España con la mayoría de países de Latinoamérica. Los tiempos trabajados en el país de origen y en España se suman para obtener una pensión de acuerdo a los años cotizados. En el caso de la ciudadana boliviana, Guillermina Morales Maldonado acaba de recibir una jubilación por incapacidad permanente gracias a los correctos procedimientos empleados.

La señora de origen su-damericano quedó satisfecha con el servicio eficiente de PCB. Cuando fue a preguntar por los requisitos le dijeron lospapeles que tenía que reunir y acto seguido comenzaron los pasos a seguir con la Seguridad Social. Hace pocos días le dieron la feliz noticia de que su jubilación por incapacidad permanente estaba aprobada a solo un año de haberse iniciado el papeleo.

PCB trabaja desde hace cuatro años en estos casos y otros asuntos jubilatorios que exigen requisitos no fáciles de gestionar

Patricia Oteiza, especialista en trámites de convenios bilaterales de pensiones ofrece la asesoría entre España y Latinoamérica desde el primer día.




Los padres en situación irregular administrativa de menores españoles podrán solicitar una autorización de residencia y trabajo por cinco años

29/09/2020


Por: Margarita Palos Nadal
Abogado
Colegiado 1242 del Ilustre Colegio
de Abogados de Baleares
971 71 91 22 / 646 84 86 95


A M, B y M

Los padres de los menores españoles y de los nacionales de un país de la UE se documentan en España mediante la figura del denominado arraigo familiar. El arraigo familiar se concede al acreditar el ser progenitor/a de un menor de nacionalidad española o de un menor ciudadano de la Unión Europea. Debe probarse la convivencia con éste, o bien si no se convive con el menor, el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones paterno – filiales según lo que en su caso hayan acordado los tribunales (pago pensión de alimentos y cumplimiento del régimen de visitas, todo ello salvo que la custodia del menor sea compartida).

Normalmente no es suficiente para nuestra Oficina de Extranjeros que los padres lleguen a un acuerdo extrajudicial sobre sus relaciones respecto del menor sino que exigen la aprobación judicial del mismo mediante el correspondiente procedimiento.

A partir de ahora, como veremos, esta situación se mantiene en todos los casos, pero se mejora para algunos supuestos. Los que llevamos tiempo defendiendo los derechos de los menores de nacionalidad española con padres irregulares no pudimos más que mostrar nuestra alegría cuando en el año 2011 se modifica el Reglamento de Extranjería y surge el denominado arraigo familiar.

A partir de entonces, Lluís ya no se planteó tirar su DNI al mar. Con el paso del tiempo se vio como esta figura devenía insuficiente, por ejemplo, no permitía su renovación automática aunque el niño seguía siendo español y el padre o madre estaban a cargo del mismo. El incansable trabajo de la abogacía española ante los tribunales de justicia españoles y europeos y las sentencias de los tribunales españoles y comunitarios, así como la impagable ayuda del Defensor del Pueblo mediante las recomendaciones realizadas a la Administración, han culminado en la instrucción que resumimos a continuación.

Padres de menores de nacionalidad española

A partir de ahora los padres de menores españoles podrán solicitar una autorización de residencia con una vigencia de cinco años que les permitirá realizar actividad laboral. La nominación de la residencia no la especifica la instrucción, podríamos suponer que se tratará de una residencia de larga duración puesto que es la única autorización de cinco años de duración en la legislación española.

Deberán presentar para ello, pasaporte, certificado de nacimiento del menor, la dependencia entre el menor y el solicitante (progenitor) en el sentido de que si se le denegase la autorización al progenitor, el menor debiera abandonar el territorio español.

Que el padre o madre no representen peligro para la seguridad pública a pesar de que se establece como ya han dicho en sobradas ocasiones los tribunales, que no cabe una desestimación automática de la solicitud por contar con antecedentes penales. Se establece que cualquier interpretación de la norma lo será en beneficio del menor. En ningún caso será necesario acreditar, a priori, por parte de los progenitores medios económicos.

Padres de menores nacionales de la Unión Europea

Los padres de menores nacionales de un país europeo (en principio a partir de enero se excluyen a los progenitores de menores británicos), podrán documentarse con una tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea, que tiene también una vigencia de cinco años. Ahora bien estos papás deberán acreditar si no realizan actividad laboral, medios de vida, seguro privado de enfermedad y todos aquellos requisitos que exige el régimen comunitario de extranjería.

Si carecen de trabajo en el momento de la solicitud pueden solicitar un arraigo familiar sin perjuicio de que si se estabiliza su situación económica puedan transitar al otro régimen y solicitar una tarjeta de familiar de la UE. Tarjeta de la Unión Europea que sólo podrán solicitar si se desprende que no van a representar una carga económica para el sistema asistencial del estado español.

Como establece la legislación y han repetido nuestros jueces y magistrados en innumerables ocasiones todo deberá interpretarse teniendo en cuenta el interés de los menores sean españoles o nacionales de países de la UE. Lo dicho no supone una modificación legal, su naturaleza es de instrucción que pudiera variar o en un futuro incorporarse a la legislación vigente. A la vista de todo ello nuestra recomendación es que ante la incierta situación económica como consecuencia de la COVID 19, procedan los que no lo hayan hecho ya, a la mayor brevedad a solicitar la nacionalidad española de sus hijos menores de edad, tanto si han nacido en España como fuera de nuestro país.

La nacionalidad española de lo menores asegura su pacífica estancia en nuestro país, siempre que se cumplan las circunstancias expuestas. Y si van a abandonar el territorio español en cualquier caso el acceso al mismo en unos años podrá realizarse con base en ser progenitores de menores de nacionalidad española.

¡Por encima de todo, cuídense!.



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Emprendedores: autorizacion de residencia por cuenta propia

29/09/2020


Por: Carolina Quintana
Abogada Colegiada
del ICAIB Nº 6511
628 47 89 14

Actualmente en las economías globalizadas, los emprendedores ven como aumentan sus posibilidades de invertir o desarrollar sus negocios fuera de su país de origen.

Pero, aunque el espíritu emprendedor no tiene fronteras, los países sí, y muchas veces la burocracia en materia de extranjería frustra los ánimos de los inversores extranjeros que no cuentan con la doble nacionalidad.

Sin embargo, España es un país que cuenta con una normativa especifica en cuestión de emprendedores y tiende abrir sus puertas a los que quieren desarrollar sus negocios en su territorio.

Por eso, estimamos conveniente en esta edición hablarles de la autorización de residencia por cuenta propia.
Esta es una autorización de residencia temporal y trabajo a un extranjero no residente en España para la realización de una actividad lucrativa por cuenta propia.

Para poder tramitarla necesitan los

siguientes requisitos:


No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.

No encontrase irregularmente en territorio español.

Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.

Poseer la cualificación profesional exigible o experiencia acreditada, suficiente en el ejercicio de la actividad profesional, así como en su caso la colegiación cuando así se requiera.

Poder acreditar que la inversión prevista sea suficiente y la incidencia, en su caso, en la creación de empleo.

Poder acreditar que cuenta con recursos económicos suficientes para su manutención y alojamiento, una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.

Si se cumplen estos requisitos, España nos concederá una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, la cual tendrá la duración de un año y la podremos renovar.

La documentación que se exige para tramitar

esta autorización es la siguiente:


Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–07) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado.  

Copia completa del pasaporte o título de viaje en vigor.
En actividades comerciales minoristas y prestación de los servicios enumerados en el Anexo de la Ley 12/2012, que se realicen en establecimientos permanentes, cuya superficie útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados, declaración responsable o comunicación previa (en los términos el artículo 71.bis de la Ley 30/1992) y, en su caso, justificante de pago del tributo correspondiente. 

En el resto de las actividades y prestaciones de servicios profesionales, relación de las autorizaciones o licencias que se exijan para la instalación, apertura o funcionamiento de la actividad proyectada o para el ejercicio profesional, indicando la situación en la que se encuentre los trámites para su consecución, incluyendo, en su caso, las certificaciones de solicitud ante los organismos correspondientes.

Copia de la documentación que acredite poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

Acreditación de que se cuenta con inversión económica suficiente, o compromiso de apoyo por parte de instituciones financieras u otras.

Proyecto de establecimiento o actividad a realizar, con indicación de la inversión prevista, su rentabilidad esperada y, en su caso, puestos de trabajo cuya creación se prevea. 

A título de ejemplo y con independencia de su justificación mediante otros medios admisibles en Derecho, los tres últimos apartados pueden ser acreditados por el informe de valoración emitido por una de las siguientes organizaciones:

Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA)

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) 

Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE)

Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) 

Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE).



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