Reactivación Palma fase 2

Por Redacción BSF





ASESORÍA
Efectos colaterales sicológicos del coronavirus: la negación y la resistencia en situaciones de vulnerabilidad

27/03/2020

Por Adriana García Cavalieri
Lic. Psicóloga - Col. B-02056
678 37 97 78

Hasta noviembre del año pasado sabíamos que una pandemia es una enfermedad infecciosa que afecta a los seres humanos en un área geográficamente extensa, sin embargo, estábamos muy lejos de comprender los efectos reales en nuestra vida cotidiana.

Creíamos que eran acontecimientos del pasado, temas para libros películas o series de ciencia ficción. Esta falsa ideade invulnerabilidad y de control es el primer rasgo psicológico al que nos enfrentamos.

Las etapas de esta crisis van más rápido de lo que podemos comprender y procesar, no solo a nivel médico sino también en el plano psicológico y social.

A diez días del decreto ley en España de confinamiento en los hogares, muchas personas continúan pensando y actuando como si esto no sucediera.

La negación es un mecanismo de defensa psicológico ante el miedo que produce un acontecimiento que golpea y cambia nuestro equilibrio vital.

Consiste en enfrentarse a una situación rechazando su existencia: “esto pasa en China, aquí no va a pasar”, o su relación: “No he viajado, ¿de quién me voy a contagiar?” . Otros no le dan relevancia: “soy joven y este virus ataca solo a las personas mayores”.

En esta situación que estamos viviendo aceptar la realidad, apunta a un proceso individual y colectivo. La pandemia nos une para lo malo, pero también para lo bueno. Las experiencias personales y colectivas nos posibilitan “contagiarnos” de alternativas de aceptación y asimilación.

Nosotros como colectivo de inmigrantes estamos siendo para nuestras familias en el país de origen una vía detransmisión de conductas de prevención: “quédate en casa, lávate las manos, puede pasar a los jóvenes, haz caso a las autoridades”


Resistencia

Ante cualquier estímulo o situación estresante nuestra psiquis desarrolla en forma defensiva lo que los psicólogos dominamos Síndrome general de adaptación (SGA).

Se manifiesta mediante un conjunto de síntomas físicos, psicológicos y cognitivos: te sientes más nervioso, inquieto, acelerado, duermes mal y poco, aumenta tu sensación de desesperanza, te sientes más indefenso o desprotegido, más sensible y angustiado, piensas exageradamente en tu futuro, tuspensamientos se vuelven más pesimistas.

Tienes que entender que estas reacciones son esperables para este momento excepcional y transitorio. La clave es usar recursos internos y del entorno para mantener el equilibrio, resistir y superar la situación.


He aquí algunas sugerencias ya puestas en práctica con éxito:

Para compensar la angustia que produce el confinamiento debes mantener una rutina: despertar-duchar-vestirte (no quedarse con el pijama todo el día), hacer ejercicio, comer en forma equilibrada.

Proyecta una rutina flexible y equilibrada con actividades variadas: informativas, lúdicas, de relajación y de trabajo.

Evita sobrecargarte de noticias que aumenten la tensión y el miedo. Procura que tu hogar no se convierta en una situación de encierro: abre ventanas, sale al balcón o jardín si tienes, pon música, cuida las plantas.

Si compartes piso con personas que no son de la familia, respeta más que nunca los espacios y tiempos individuales. Si existe confianza y camaradería aprovecha a compartir tareas y actividades en grupo (cocinar juntos, aprender manualidades, juegos de mesa, compartir una charla o peli).
Evita actividades competitivas que aumenten la adrenalina y agresividad como por ejemplo videojuegos agresivos.

Si tienes niños en edad escolar, explícales en forma clara y sencilla lo que está pasando y de qué forma deben cuidarse. Acepta sus cambios de humor. Motívalos con tareas divertidas, pero dosifica energía eideas. No seas exigente con las tareas escolares, hazle siempre el repaso escolar. Que sepan que pueden hablar sobre sus miedos o angustias.

Si vives solo, si sientes que el aislamiento lo llevas mal, muchos psicólogos estamos ofreciendo atención psicoterapéutica online. El Colegio de Psicólogos de las Islas Baleares está elaborando una bolsa de profesionales para apoyar en esta crisis.

Comparte tiempo para hablar más y mejor con tus seres queridos, haciendo un buen uso de las tecnologías. Puedes trasmitir vídeos e información contrastada que les sean de ayuda, procura que sean mensajes positivos y que fortalezcan nuestro ánimo.

Si tienes acceso a la tecnología, úsala en forma constructiva: encontrarás clases de yoga, de gimnasia, de cocina, de manualidades, vídeos de relajación, música, cine, literatura y más.
Si tienes buenas ideas y fuerza para generarlas, no te inhibas.

A través de este medio de comunicación, usuarios, comerciantes, profesionales, deportistas, artistas, empresas públicas y privadas que integramos la comunidad de inmigrantes de les Illes Balears podemos apoyarnos en este momento de crisis. Fortalecer las redes de solidaridad es una necesidad y una obligación.

Estamos peleando la segunda batalla, sabiendo que este tiempo de resistencia será más extenso y duro de lo que pensábamos.

Cada uno tiene una tarea, cada uno tiene que aportar su granito de arena.



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Los procedimientos de extranjería en el estado de alarma por el COVID- 19

27/03/2020


Por: Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14


El 19 de marzo de 2020 la Secretaría de Estado de Migraciones emitió un comunicado a las oficinas de extranjería para evitar perjuicios en los derechos e intereses de los interesados y afectados en los procedimientos en materia de extranjería durante el estado de alarma decretado el día 14 de marzo de 2020, por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En dicho comunicado se establecen medidas de suspensión de plazos administrativos, agilización de los expedientes presentados antes del estado de alarma, posibilidad de presentación telemática de solicitudes de residencia iniciales y aceptación de los documentos requeridos para los trámites de extranjería y que caduquen durante el estado de alarma, así como la suspensión del plazo establecido para aquellos extranjeros que se encuentren en España en situación de estancia por turismo y no puedan regresar a sus países de origen a causa de la emergencia sanitaria.

Existe todo un conjunto de solicitudes de residencia presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma y cuya tramitación ya se ha realizado y en los que no requieran ningún trámite adicional (es decir expedientes presentados correctamente, sin requerimientos) y que la propuesta de resolución es favorable; se establece que estos expedientes deben ser terminados lo antes posible y emitir la resolución correspondiente, permitirá que el inmigrante a favor del cual se expide la autorización de residencia pueda realizar, en su caso, una actividad laboral y así evitarle una prolongación de su estado de indefensión, que en muchas ocasiones, puede causar un grave perjuicio tanto al extranjero como a su unidad familiar.

Dando cumplimiento a este comunicado, la Delegación de Gobierno en Illes Balears- Área de Trabajo e Inmigración, estableció las directrices para la tramitación de los procedimientos de extranjería durante el estado de alarma, a través de las hojas informativas No. 1 y 2 (Covid-19) del día 20 de marzo de 2020:

Presentación de solicitudes iniciales: Se permite la presentación telemática de las solicitudes de residencia iniciales por el propio interesado, y no se requerirá la comparecencia del solicitante en la Oficina de Extranjería. Con esta medida el propio interesado (no su representante) puede acceder y presentar la solicitud inicial de residencia (sin cita previa y sin presentación personal), siempre que disponga de alguno de los medios de identificación digital que facilita la plataforma cl@ve. Podrá presentar su solicitud de manera telemática a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado.

O bien, podrá el solicitante presentar su solicitud de residencia inicial a través de la representación de terceros, solo si existe convenios de habilitación para la representación de terceros (convenios que existen con gestores y graduados sociales).

Con esta medida se permite que los extranjeros puedan presentar sus solicitudes de residencia iniciales de forma electrónica, sin comparecer a la Oficina de Extranjería y se evitaría prolongar su estado de irregularidad durante el tiempo que dure este estado de emergencia, permitiéndole, una vez cumplidos con todos los requisitos, acceder a su autorización de residencia y con ello poder trabajar y vivir dignamente.

Así mismo, se evitaría un perjuicio mayor para el caso de los extranjeros que cuentan con un precontrato laboral para tramitar su permiso de residencia y trabajo por arraigo social, que de prolongarse la situación de emergencia, muy posiblemente este empleador no quiera o no esté en condiciones económicas de poder esperar, y esta oferta de trabajo desaparezca y con ello se esfume la ilusión del inmigrante de poderse regularizar.

Y la otra instrucción contenida en la hoja informativa No. 2 (Covid-19) determina que para evitar perjuicios en los derechos e intereses y afectados en los procedimientos en materia de extranjería se ha autorizado por la Delegación del Gobierno la continuación de la tramitación de todas aquellas solicitudes que obran en poder de los Colegios Profesionales con fecha anterior al 14 de marzo de 2020.

Es muy preocupante toda esta situación que se está generando por la emergencia sanitaria que está viviendo la Nación y la crisis económica y social que traerá consigo. La reforma a la Ley de Extranjería que se venía contemplando seguramente se detendrá. Muchos empresarios y empleadores no tendrán la solvencia económica para ofrecer ofertas de trabajo para que los inmigrantes puedan regularizarse y continuará incrementándose el número de extranjeros en estado ilegal. Esperemos que el Gobierno adopte a corto plazo medidas positivas en materia de inmigración y no descartar que se abra un proceso de regularización.

Finalizo dándole el agradecimiento al personal sanitario de toda España, miembros de la Policía, empleados de supermercados y todos los que están trabajando y dejando la piel en estos momentos de emergencia social y sanitaria.



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Medidas en el ámbito laboral frente al impacto social y económico del coronavirus

27/03/2020

Por: José María Sánchez
Gestión TST Consulting
Técnico tributario 1937
971 213 543
971 721 033 (fax)

Con fecha 18.03.2020 ha sido publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que articula una serie de medidas en el ámbito laboral que buscan flexibilizar los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos y que pasamos a sintetizar: (encontrando un mayor desarrollo en los enlaces adjuntos:

Expedientes Regulación Temporal de Empleo (ERTEs)

Todas las pérdidas de actividad consecuencia del coronavirus tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada.
Se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Los trabajadores afectados por un ERTE tendrán acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella.
La prestación que se perciba durante el periodo de suspensión del contrato o reducción de la jornada no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos. Es decir no le consumirá prestación para un futuro cese. Exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo.

Prestación por
cese de actividad
de los trabajadores
autónomos


El Real Decreto-Ley 8/2020 contempla una prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma, que durará un mes, desde el 14 de Marzo, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes.
Podrán acogerse los trabajadores autónomos, cuyas actividades queden suspendidas por el Estado de Alarma, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad del 70% de su base reguladora.

Medidas de Apoyo
a Trabajadores


Se priorizan los sistemas de trabajo a distancia frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, estableciendo ayudas a tal fin.
Se articula el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada para los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas dependientes por las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la extensión del COVID-19 a acceder a la adaptación o reducción de su jornada, con la consiguiente disminución proporcional del salario.

Dos cuestiones finales:

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en este real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
Podrá estudiar en un mayor detalle todas las novedades incorporadas por el Real Decreto-Ley 8/2020 en nuestro comentario “Medidas Laborales del RD-ley 8/2020 para hacer frente al coronavirus”.
Al mismo tiempo no debemos olvidar las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, que las situaciones de cuarentena y contagio por coronavirus serán tramitadas como casos de incapacidad temporal por accidente de trabajo. De esta forma:

IT por Accidente
de Trabajo


Si el servicio médico ha decretado aislamiento preventivo, no puede exigirse al/la trabajador@ que continúe prestando servicios desde su domicilio pese a estar asintomátic@ y por supuesto si está contagiad@; sin esta prescripción, el riesgo de contagio no autoriza a un trabajador@ a no ir al trabajo y se consideraría una ausencia injustificada.
La empresa pagará el 75% de la base reguladora a partir del día siguiente al de la baja laboral, aunque realmente el coste será asumido por la Administración, al constituirse este pago como un pago delegado, es decir, se descontará de los propios seguros sociales.
La empresa seguirá cotizando durante todos los días de baja de acuerdo con la base reguladora del mes anterior a la misma.
Además del Consejo de Ministros que “da pie” a este RDley 6/2020, sale el anuncio de aprobar una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a tres mensualidades consecutivas para empresas y trabajadores por cuenta propia; si bien esta medida fue anunciada de forma que se aplicaría solo para las zonas geográficas y sectores que el Gobierno considere necesario apoyar, siendo identificados en la correspondiente Orden Ministerial, ésta todavía no ha sido publicada y la evolución de la propagación de la enfermedad puede determinar su aplicación en ámbitos geográficos y sectores no contemplados inicialmente.
Este mismo Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, incluye como principal medida en este ámbito:

Empresas sectores
del turismo, comercio
y hostelería vinculadas a turismo


Para preservar empleo, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social en contratos fijos discontinuos siempre que:
Generan actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio,
Que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo,
De esta forma podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.
Aplicable desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, en todo el territorio nacional, salvo en Illes Balears y Canarias, donde durante los meses de febrero y marzo de 2020, será de aplicación,la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre (Thomas Cook).

Aplazamientos y
Fraccionamientos


Por otro lado, en comparecencia pública del Presidente del Gobierno de España, con fecha 12.03.2020 se anuncia como principal medida en este ámbito:
Posibilidad de solicitar aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias en las siguientes condiciones:
El plazo extraordinario de aplazamiento será de seis meses.
No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.
Aplazamiento correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde 13.03.2020 y hasta 30.05.2020, ambos inclusive.
Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
Podrán aplazarse extraordinariamente deudas tributarias (que salvo esta excepcionalidad no se podía) relacionadas con:
Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.
Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, desde 13.03.2020 y hasta 30.05.2020, ambos días inclusive, las pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia que así lo deseen podrán aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos durante seis meses, con tres meses de carencia de intereses.
Además puede consultar en nuestra web el procedimiento adecuado para poder solicitar este tipo de aplazamientos y fraccionamientos.



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Medidas en materia de extranjería frente al estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19

20/03/2020


Por: Beatriz Tobón Vallejo
Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB
Contacto: 628 47 89 14


La Secretaría de Estado de Migraciones el día 19 de marzo de 2020 ha emitido un comunicado a las Oficinas de Extranjería de España de cómo proceder ante la suspensión de plazos administrativos.

“El objetivo de esta comunicación es lograr el equilibrio entre la concentración de los recursos públicos en los servicios esenciales necesarios en el actual contexto de emergencia sanitaria y la preservación de los derechos e intereses de los interesados en los procedimientos”.

Para evitar perjuicios en los derechos de todos los solicitantes afectados en los procedimientos en materia de extranjería, y aplicando lo dispuesto en la legislación de extranjería en materia de plazos administrativos, se establecen las siguientes medidas:

1º Se finalizarán las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/202, de 14 de marzo donde se declara el Estado de Alarma, cuya propuesta de resolución sea favorable.

2º Se emitirán los certificados de silencio positivo en las solicitudes presentadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma Nacional.

3º Se suspenderán los procedimientos de solicitudes (iniciales o renovaciones) presentadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto de Estado de Alarma, cuya propuesta de resolución sea denegatoria o de archivo.

4º La administración aceptará aquellos documentos exigibles en el procedimiento y cuya vigencia haya expirado durante la actual situación de excepcionalidad.

Como ejemplo podemos señalar el caso de los certificados de antecedentes penales que se requieren para la tramitación de las autorizaciones de residencia por arraigo, si se llegasen a caducar durante el tiempo del Estado de Alarma, al momento de presentar la solicitud, se tendrán por válidos.

5º Se suspenderán los plazos de expiración de las estancias de nacionales de terceros estados cuyo retorno no es posible por la emergencia sanitaria internacional derivada del coronavirus.

Como bien sabemos, en la legislación de extranjería el período máximo de estancia por turismo son 90 días, por tanto, se suspenderá este plazo para todos los ciudadanos extranjeros que estén en España y no sea posible el regreso a sus países de origen debido al cierre de las fronteras por la emergencia sanitaria.

6º Se admitirán y tramitarán, sin sujeción a plazos administrativos, las autorizaciones (iniciales y renovaciones) presentadas con posterioridad al Real Decreto del 14 de marzo de declaratoria del Estado de Alarma. Y se generaliza la posibilidad de presentar solicitudes por medios electrónicos, sin perjuicio del cumplimiento de determinados requisitos exigidos por el ordenamiento de extranjería.

Estaremos entonces atentos a las directrices que determine la Oficina de Extranjería de les Illes Balears referente a esta posibilidad de presentar las solicitudes iniciales de residencia tanto del régimen general como comunitario de forma telemática. Esta sería una excelente medida, ya que, así como actualmente es viable presentar las solicitudes de renovaciones de residencia, modificaciones de residencia y solicitudes de nacionalidad española de forma electrónica, se pudiese hacer con las solicitudes de residencia inicial y así evitar graves perjuicios a los inmigrantes que están a la espera de obtener su permiso de residencia, situación que ya viene ocurriendo, ya que un sinnúmero de extranjeros se han visto seriamente afectados por el mal funcionamiento de la Oficina de Extranjería de Palma, que ante “la falta de personal” se ha formado un verdadero colapso y como siempre el mayor perjudicado “el inmigrante”.

Esperemos que más temprano que tarde se tomen las medidas necesarias y se habilite la vía telemática para la presentación de las solicitudes de residencia iniciales, por que de lo contrario si antes veníamos mal, ahora con la emergencia sanitaria esto se convertirá en un autentico caos.

Finalizo dándole el agradecimiento al personal sanitario de toda España, miembros de la Policía, empleados de supermercados y todos los que están trabajando y dejando la piel en estos momentos de emergencia social y sanitaria.



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Delegación de Gobierno y Oficina de Extranjería: tenemos un problema y no se llama COVID-19

17/03/2020


Por Margarita Palos Nadal
Abogado
971 71 91 22 / 646 84 86 95

Es verdad que al escribir estas líneas el principal problema en España es el Coronavirus (COVID-19). Todo se vuelve casi insignificante ante tal reto sanitario y económico - social por sus previsibles consecuencias. Pero en Felicià Fuster número 7 (dirección de la Oficina de Extranjería) va a diluviar sobre mojado. No podrán culpar al Covid – 19, digamos que el nefasto funcionamiento de esta Oficina viene de mucho atrás. Cuando hablo de la Oficina obviamente no hablo de personas sino de Administración, los responsables estarán en otro sitio evidentemente o esto quiero pensar.

Hay que llamar a las cosas por su nombre, en toda mi vida profesional jamás se había dado peor servicio por la Administración a los ciudadanos extranjeros y españoles que dependen en muchos aspectos de su vida de la Oficina de Extranjeros. Puedo afirmar que el funcionamiento de la Oficina de Extranjería no permite el ejercicio de los derechos individuales de personas extranjeras y españolas. Lo mismo digo para los extranjeros “europeos “, cualificados por tanto por su pertenencia a la Unión Europea. Repito, todo ello desde mi más absoluto respeto a las personas que trabajan en la Oficina de Extranjería, pero todos sabemos que se han dado situaciones que no son de recibo. El estrés, el exceso de trabajo, crea vivencias inauditas no aconsejables en la Administración que debe fundamentalmente “servir “a la ciudadanía, desde el conocimiento de la materia que trata y de la competencia. Dejo a un lado la ilusión y motivación que también son importantes. Si la Administración no mima a los suyos, ¿qué podemos esperar?

La población extranjera y española afectada aguanta con carros y carretas, incluso hasta comprender situaciones inaceptables, ejerciendo la empatía del otro lado de la mesa. La extranjería afecta a los españoles, el cónyuge de español o de ciudadano comunitario que pretende documentarse, su pareja estable inscrita, la unión de hecho entre dos personas… son situaciones donde no sólo existe el factor “extranjero “. Por citar un ejemplo, hemos visto como matrimonios, padres de familia, han tenido que soportar que les soliciten certificados de matrimonio actualizados, de matrimonios que llegaron a España juntos hace tres meses, desde Cuba por ejemplo y que no han tenido tiempo de divorciarse. Evidentemente porque su matrimonio está inscrito en España y Cuba y son dos procedimientos judiciales ó notariales los que deben realizarse, en Cuba y en España. ¿Qué sucede con los nietos o hijos de españoles de origen que llegan a España y a Baleares con sus documentos para regularizarse?.

Me refiero a los procedimientos que dimanan por ejemplo de las concesiones de nacionalidad por la Ley de Memoria Histórica. No pueden acceder a la Oficina para un trámite de información, deben hacer cola y coger un número que no alcanzaba hasta ahora los veinte diarios. El ente de Felicià Fuster 7 es un bunker, que impide el libre acceso y por tanto el ejercicio de los derechos. La Oficina de Extranjería perjudica los intereses de españoles, se han perdido trabajos de sus cónyuges, se ha retrasado el acceso al mercado laboral, debiera de haber cientos de personas documentadas que no lo estarán y no por el COVID – 19 sino porque llevan meses intentando acceder a un procedimiento administrativo en condiciones que no facilita la Oficina. Y ahora si teníamos lluvia, tenemos diluvio, porque muchas personas este verano no estarán documentadas y no podrán acceder al “mercado de trabajo “o a lo que quede del mismo, según el tiempo que tardemos en superar la emergencia sanitaria. Que nadie culpe al Covid – 19 no lo toleraremos. Las entidades bancarias amenazan con bloquear cuentas si no tienes una tarjeta renovada, el desempleo no abona las prestaciones o ayudas correspondientes, las empresas han prescindido de trabajadores. Las regularizaciones administrativas se demoran. Las personas desde su sencillez solicitan cita para trámites que no son los que deberían realizar y los mandan a casa.

Se cercena el derecho al procedimiento administrativo, si no hay procedimiento no hay garantía de los derechos. Si no hay citas previas no hay procedimiento puesto que para la mayoría de trámites la presencia personal es ineludible como establece la propia Ley. Sabemos que estamos en una situación de tránsito a la informatización quizás total, pero la Ley Orgánica 4/2000 no se ha modificado.

La población extranjera y española afectada por una Oficina sin empatía administrativa de ningún tipo no se manifiesta, es silente, tiene una paciencia infinita, pero tiene que seguir ejerciendo sus derechos a pesar del COVID – 19 y poner en conocimiento del Defensor del Pueblotodas aquellas vulneraciones de derechos, inactividad administrativa, imposibilidad de acceso al procedimiento etc que se producen en Palma y en otros lugares de España. Nuestra Oficina, y digo nuestra porque la frecuento a menudo nunca estuvo como ahora, jamás, sin personal y sin medios para dar respuesta a una población extranjera y española que depende de riguroso funcionamiento. Esto no es Guadalajara, aquí se necesitan personal y medios. La tarjeta de residencia para un extranjero es vital. Los derechos se han de poder ejercitar en plazos razonables.

Todos queremos ayudar a que funcione. Pero no se hacen los esfuerzos necesarios. Cuestión distinta ha sido la de la Oficina de Policía de Extranjería donde con una organización y liderazgo adecuados se ha conseguido dar el mejor servicio a los ciudadanos. Aún así desde aquí y para cuando sea posible se requiere más personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional).

A las 12 horas de hoy hemos recibido el siguiente correo electrónico a través del Colegio de Abogados: “La Delegación del Gobierno en Illes Balears ha ordenado  cerrar el servicio de atención al público desde el día 16 de marzo.
Con esta medida de carácter extraordinario, se pretende cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias  por motivos de salud pública  y evitar así los desplazamientos y el contacto personal lo máximo posible.

Esta medida se enmarca en la necesidad de responder a la situación excepcional y transitoria causada por la pandemia del coronavirus.
Las Citas quedan suspendidas hasta nueva orden.”


El comunicado es absolutamente insuficiente, ¿qué hay de la presentación telemática? Se cierra la Oficina porque el art, 7 del RD 463/2020 que declara el estado de alarma no contempla la realización de actividades administrativas. La disposición adicional tercera del Decreto declara que se suspenden términos plazos y que reanudarán cuando cese el estado de alarma.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID – 19, no imposibilita el procedimiento para la protección de derechos fundamentales en el orden jurisdiccional.

Se suspenden los términos y la interrupción de plazos en todo el sector público definido en la Ley 39/2015 conocida como Ley de Procedimiento Administrativo, por lo que si usted tiene requerimientos etc, el cómputo del plazo que le hayan otorgado se reanudará a la finalización de la vigencia del RD o de sus prórrogas.

A quien le diga pasada esta crisis que es el COVID – 19 la causa de sus problemas con la Oficina de Extranjería, no le crea. El COVID- 19 abre un paréntesis de cuya longitud no tenemos ni idea por el momento pero en FELICIÀ FUSTER número 7 diluviará sobre mojado.

Por favor, recuperen las buenas prácticas, tienen la responsabilidad del respeto al ejercicio y vigencia de los derechos de todos los extranjeros y sus familiares españoles y europeos. Su vida en aspectos importantes depende de ustedes, hagan algo cuando puedan, la situación es insostenible.


Desde aquí un gran abrazo a los “ Sanitarios del Derecho “ que desde las Guardias del Turno de Oficio velan por los derechos de sus defendidos, en definitiva por los de todos los ciudadanos.

Y eso sí, todos en casa. Un abrazo y hasta la próxima.



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La solvencia del empresario en el Arraigo Social

17/03/2020


Carolina Quintana
Abogada Colegiada
del ICAIB nº 6511
628 47 89 14

El arraigo social, es una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que podrán solicitar los extranjeros que lleven residiendo de forma ininterrumpida en España durante 3 años o más y tengan vínculos familiares en España o bien estén integrados socialmente.

Esta regulado en ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (art. 31.3)
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos del 62 al 66 y del 123 al 130).

Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Los requisitos para solicitarlo son los siguientes:


No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la Unión.
Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español.

No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.
Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres años. Para que este requisito se cumpla, las ausencias de España durante este período no pueden superar los 120 días.

Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. 

En caso de que el informe no haya sido emitido en el plazo de 30 días, circunstancia que habrá de ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a un año. La empresa o el empleador deben encontrase inscritos en la Seguridad Social, así como hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
La empresa también deberá garantizar la actividad continuada, disponer de medios económicos, materiales o personales para hacer frente a su proyecto empresarial y a las obligaciones derivadas del contrato. Si es una persona física deberá acreditar, una vez descontado el pago del salario convenido, el 100% del IPREM si no hay familiares a su cargo .
Si la unidad familiar incluye dos miembros el 200% . Si la unidad familiar incluye más de dos personas se deberá sumar a la cantidad anterior el 50 % del IPREM por cada miembro adicional .
En el sector agrario, se podrán presentar dos contratos con distintos empleadores y concatenados, con una duración mínima cada uno de ellos de seis meses.
También se admite la presentación de varios contratos en una misma ocupación, trabajando simultáneamente para más de un empleador, todos de duración mínima de un año y cuya suma debe representar una jornada semanal no inferior a 30 horas en cómputo global.
Se podrá eximir la presentación del contrato en el supuesto de que se acredite que se cuenta con medios económicos suficientes o que éstos derivan de una actividad por cuenta propia, y siempre que lo recomiende el informe de integración social que emita la Comunidad Autónoma.

Normalmente si cumplimos con todos los requisitos, nuestro trámite de residencia por arraigo social, será resuelto de forma favorable.

Sin embargo, últimamente este trámite esta siendo denegado con mucha frecuencia por la oficina de extranjería, dado que los empleadores, no cumplen con los requisitos económicos.

Por lo cual cuando nos hagan la oferta laboral, que nos permita solicitar nuestra residencia por arraigo social, se deben tener en cuenta las circunstancias económicas de nuestro empleador.


¿Cuáles son los

requisitos económicos que deberá cumplir nuestro empleador?


El empleador deberá demostrar medios económicos en proporción con la cantidad de personas que estén empadronadas en su domicilio, esta información la encontraremos en su declaración de la renta, la cual nos tendrá que facilitar para poder iniciar nuestro trámite de arraigo social y sus ingresos anuales deberán ser los siguientes:

Una persona empadronada 18268,88€

Dos personas empadronadas 25893,80€

Tres personas empadronadas 29706,25€

Cuatro personas empadronadas 33518,71 €

Además de estos medios económicos, es muy importante que el empleador, ya sea un autónomo o una empresa, debe llevar como mínimo un año dado de alta en seguridad social y no debe tener deudas ni con Hacienda ni con la Seguridad Social.

Otros concejos prácticos que debes tener en cuenta a la hora de solicitar la residencia por arraigo social son las siguientes:

Si llegaste a España siendo menor de edad y ahora vas a solicitar tu residencia por Arraigo, no es necesario que aportes el certificado de antecedentes penales de tu país de origen.

No siempre estamos obligados a presentar el informe de arraigo, estamos exentos de hacerlo cuando se tienen vínculos familiares en España.

Por ejemplo, si nuestra madre o padre reside de forma regular en España, aportaríamos simplemente nuestra partida de nacimiento.

Aunque tengamos una Orden de Expulsión en España, se puede obtener la residencia por arraigo social, siempre y cuando esta orden de expulsión sea por el hecho de estar de forma irregular en España.



Si desean contar con nuestros servicios profesionales, no duden en contactarnos.
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Abogadas de PCB tramitaciones atenderán consultas y resolverán dudas por videoconferencia

17/03/2020


BSF

Las abogadas interactuarán con los usuarios que tengan dudas o quieran adelantar un expediente que esté en trámite. De la misma manera, la abogada Beatriz Tobón atenderá las consultas de las personas que tengan la intención de comenzar un procedimiento de Extranjería.

A pesar de que la oficina de extranjería suspende las citas, tal y como ocurre con el resto de administraciones públicas, la persona interesada puede recopilar información con el fin de presentar los papeles en el momento en que se levante el estado de alarma.

El mismo procedimiento se utilizará en el caso de la abogada de derecho penal, Ana Mariño que atenderá a sus clientes por videoconferencia.

Patricia Oteiza, responsable del área de pensiones también estará atenta no solo con las personas que accedan a la consulta, sino también a quienes ya se les adelanta un expediente de pensiones: “En este momento tenemos procedimientos de pensiones iniciados con personas de Argentina, Colombia y Bolivia. Por ello, es importante adelantarnos para saber cómo van sus trámites”. También las personas que tengan tiempo en sus casas y deseen averiguar el procedimiento para iniciar las diligencias de su jubilación pueden solicitar cita.

Quienes deseen contactar con PCB hacerlo al 628-47 89 14.



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Las denegaciones a reagrupaciones pese a cumplir con todos los requisitos

28/02/2020


Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14


Los familiares de ciudadano español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando se reúnan con él o le acompañen, y vayan a residir en España por un período superior a tres meses, deberán solicitar y obtener una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece los requisitos básicos para la obtención de este tipo de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
Requisitos:

*Acompañar o reunirse con un ciudadano de la Unión u otro Estado parte del Espacio Económico Europeo, con derecho a residencia por un período superior a tres meses, por ser trabajador por cuenta ajena o propia, tener seguro de enfermedad y medios económicos suficientes para la unidad familiar, o ser estudiante con seguro de enfermedad y recursos suficientes para la unidad familiar.

Tener el siguiente parentesco con el ciudadano de la Unión Europea

-Cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.

-Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión.

-Hijo directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que viva a su cargo, o incapaz.

-Ascendiente directo del ciudadano de la Unión o del Espacio Económico Europeo o de su cónyuge o pareja registrada que viva a su cargo.

-Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia estén a cargo del ciudadano de la Unión.

-Cualquier miembro de la familia que en el país de procedencia conviva con el ciudadano de la Unión. Se entenderá acreditada la convivencia si se demuestra fehacientemente una convivencia continuada de 24 meses en el país de procedencia

-Cualquier miembro de la familia, que por motivos graves de salud o de discapacidad sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal

-Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero.

Se entenderá que están a cargo aquellos familiares cuyo sostén económico lo proporciona el ciudadano de la UE y necesitan ayuda material para cubrir sus necesidades básicas. Esta dependencia debe darse en el país de origen.

Conforme a lo establecido en la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 , relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, “estar a su cargo” significa que los miembros de la familia de un ciudadano comunitario necesitan el apoyo material de este ciudadano o de su cónyuge para cubrir sus necesidades básicas en el Estado de origen o de procedencia de dichos miembros de la familia en el momento en que éstos solicitan establecerse con ese ciudadano.

La prueba de la necesidad de un apoyo material puede efectuarse por cualquier medio adecuado, aunque puede considerarse que el mero compromiso, del ciudadano comunitario o de su cónyuge, de asumir a su cargo a los miembros de la familia de que se trata, no demuestra que exista una situación real de dependencia de éstos.

Habrá de probarse:

1) Acreditación de que los familiares que se pretende reagrupar carecen de ingresos propios para cubrir sus necesidades básicas.

2) Además, se deberá adjuntar documentación acreditativa que pruebe que el solicitante de la tarjeta vivía a cargo del nacional de la Unión en el país de procedencia, de modo que pueda inferirse su situación de familiar “a cargo”. El concepto jurídico indeterminado “a su cargo”, recogido en el RD 240/2007, obliga al instructor a una valoración individualizada de cada caso concreto, a la vista de los hechos, circunstancias y documentación aportada por el solicitante para probar esta situación.

Y este es el dilema, este es el gran problema que ha surgido con la interpretación legal del Real Decreto 987/2015, porque aun aportando toda la documentación necesaria, en la mayoría de los casos la oficina de extranjeros no entiende como probado el grado de dependencia económica.

Y es que si bien es cierto, la legislación contempla todo este abanico de opciones de reagrupación para familiares directos (padres, cónyuge, hijos) y para otros familiares no tan directos, en la normativa quedan vacíos legales y no se especifican concretamente los medios de prueba para acreditar de forma fehaciente el requisito de “estar a cargo” o “grado de dependencia” y lo que ocurre es que queda a criterio de cada Oficina de Extranjería valorar las pruebas presentadas por el solicitante, conllevando a emitir innumerables resoluciones denegatorias de tarjeta de residencia comunitaria a ese familiar, que pese a reunir todos los requisitos legales y aportar las pruebas de dependencia económica, ve truncado su propósito de legalizarse y conservar la unidad familiar.

Frente a esta denegación de la tarjeta de familiar de comunitario, el extranjero tiene la opción de acudir a la vía judicial interponiendo el respectivo recurso y los tribunales en muchas ocasiones le conceden la razón, pero el coste y el tiempo que tarda un procedimiento judicial le supone al extranjero un grave perjuicio.

Recursos a interponer

Que no concedan inicialmente la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, no es definitivo. En efecto, la ley da opciones frente a esta decisión y solicitar que se revoque la resolución denegatoria. La primera de ellas es un recurso de alzada, ante el superior jerárquico del Órgano que dictó la resolución (Oficina de Extranjería de la provincia o Comunidad Autónoma) por lo que su superior es el Sub delegado o el Delegado de Gobierno, según el caso.

La siguiente opción es una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Para la interposición del recurso de alzada se cuenta con un mes de plazo desde la notificación de la primera decisión. Y para el recurso contencioso administrativo serán dos meses de plazo a partir del día siguiente de la desestimación expresa o presunta del recurso de alzada.

Si desean contar con nuestros servicios profesionales, no duden en contactarnos.



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PCB tramitaciones ofrece la ayuda legal en derecho penal, extranjería y convenios por acuerdos bilaterales

28/02/2020

La abogada Ana Mariño es especializada en derecho penal, un área que tiene varias temáticas complejas. Esta reconocida letrada que integra el staff de PCB ha llevado con éxito casos sonados en el ámbito judicial en delitos contra la libertad, tales como el acoso, coacciones, detenciones ilegales y amenazas.

Se han presentado casos de personas que no han podido regularizar su situación legal en España, y por ende, se convierten en víctimas de gente inescrupulosa que aprovechando la coyuntura les ofrecen un trabajo y luego de terminar los días de extenuantes jornadas deciden no pagarles.

Comenta que ha tenido el caso de jóvenes inmigrantes que tras haber terminado un vínculo de trabajo apalabrado no reciben ningún tipo de retribución. Así como existen personas que les cumplen lo pactado no faltan quienes se aprovechan del estatus irregular de alguien para no pagarles.

Por este motivo, la letrada aconseja denunciar, a quienes se aprovechen de la buena fe de una persona que está en situación de vulnerabilidad administrativa. La letrada también ha llevado con éxito expedientes de delitos contra el patrimonio tales como robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, falsificaciones e insolvencias.

De la misma forma, Ana Mariño es especializada en temas relacionados con accidentes de tráfico y laborales, así como insolvencias empresariales y derechos contra los trabajadores.

Derecho de extranjería en todas las áreas

La abogada Beatriz Tobón conocida dentro de gran parte de la comunidad latinoamericana de Mallorca se muestra preocupada por la falta de citas telemáticas en extranjería para obtener la autorización de trabajo por primera vez. Como ya lo ha dicho en ediciones anteriores, por este servicio que ofrece extranjería nadie debe cobrar, sin embargo, hay personas que siguen acudiendo a terceros que les cobran por sacarle una cita.

“Espero que esta situación mejore, mucha gente se está viendo afectada, más temprano que tarde tiene que cambiar esta situación”, dice. Esta profesional del derecho nacida en Colombia y nacionalizada española lleva más de 25 años afincada en este país.

Luego de homologar su carrera y obtener su tarjeta profesional en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Beatriz ha llevado con éxito expedientes de arraigos sociales, reagrupaciones familiares, nacionalidades, tramites de inscripción de parejas de heho, separaciones legales y divorcios y procedimientos exequatur.

Pensiones por acuerdos bilaterales

Desde hace cinco años, Patricia Oteiza se especializó en los convenios bilaterales de Seguridad Social entre España y la mayoría de países latinoamericanos. Es decir, el tiempo cotizado en sus países de origen cuentan en el cómputo de lo trabajado en España, y obviamente, los españoles residentes en Latinoamérica también se le suman el número de años trabajados en los dos países.

A día de hoy varios expedientes han llegado a feliz puerto. La recomendación es que la persona próxima a jubilarse en España no le pierda la pista a los años cotizados en su país de origen.

“A veces nos encontramos con situaciones desagradables”, dice Patricia. El problema es que en algunas ocasiones no aparecen los años cotizados en el lugar de origen, por ello, agrega “tenemos convenios con abogados en varios países para tramitar los expedientes y solucionar las incidencias que surjan.


PCB derecho penal, extranjería y pensiones.
Calle San Miguel 30, 4º A- Palma.
Imprescindible: solicitar cita previa al 628 47 89 14.



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La pareja de hecho y su regulación en España

13/02/2020


Beatriz Tobón Vallejo

Abogada Colegiada No. 6597 ICAIB

Contacto: 628 47 89 14


La pareja de hecho es la convivencia entre dos personas, diaria, estable y pública, que crea intereses y una vida en común, en el núcleo del mismo hogar.

La ley concibe la pareja de hecho o también llamada pareja estable, como la unión de dos personas (independientemente del sexo) que convivan de forma prolongada en el mismo domicilio de forma estable.

En el caso de las parejas de hecho, a diferencia del matrimonio, no están reguladas a nivel estatal. No existe una ley de ámbito nacional. Cada Comunidad Autónoma ha regulado su propia ley sobre las parejas de hecho o unión de hecho tales como Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia, País Vasco, Valencia, etc.). En las Comunidades Autónomas donde no hay una ley especifica (Castilla- La Mancha, Castilla- León), se contempla la posibilidad de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.

Existen diferencias sustanciales en cuanto a su normativa sobre los requisitos esenciales y necesarios de las leyes autonómicas para constituirse como pareja de hecho.

Es importante saber que dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que residan, los requisitos para la formalización de una pareja de hecho pueden variar, pero en términos generales, estos son los requisitos que se deben reunir:
Ser mayor de edad o emancipado.

No estar incapacitado.

Que no exista parentesco directo entre los miembros de la pareja de hecho.

No estar casados. De haber estado casado algún miembro, será preciso acreditar el divorcio.

Acreditar un periodo mínimo de convivencia (este requisito puede variar según la Comunidad Autónoma).

En algunos casos, otorgamiento de escritura pública.

Inscripción en el Registro habilitado al efecto por cada Comunidad Autónoma.

Inscripción de la pareja de Hecho en el Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares:

Requisitos:

Con la modificación de la Ley 18/2001 de Parejas Estables por la Ley 19/2019 de 19 de febrero se permiten dos modalidades de inscripción:

Cuando uno de dos solicitantes cumple con el requisito de vecindad civil balear.

Manifiestan:

-No tener relación de parentesco en línea directa por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

-No formar pareja estable con otra persona inscrita y formalizada debidamente en el Registro de Parejas Estables de las Islas Baleares.

-Se someten al régimen que establece la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables.

Como mínimo un miembro de la pareja tiene nacionalidad española y vecindad civil balear.

Para aquellas parejas que no cumplen con el requisito de vecindad civil balear, pero los dos miembros tienen la vecindad administrativa en cualquier municipio de las Islas Baleares.

Manifiestan:

-No tener relación de parentesco en línea directa por consanguinidad o adopción, ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado.

-No formar pareja estable con otra persona inscrita y formalizada debidamente en el Registro de Parejas Estables de les Illes Balears.

-No se someten al régimen que establece la Ley 18/2001, de 19 de diciembre de parejas estables. De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 9/2019 de 19 de febrero, el contenido de la relación de pareja se regulará por las normas que resulten aplicables de acuerdo con la normativa general que afecta a esta materia.



La pareja de hecho y su regulación en materia de Extranjería:

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece que podrán solicitar y obtener la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, en su artículo 2 b):

“Pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal e inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión, o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.”

Y en su artículo 2 bis b):

“Pareja de hecho no inscrita con la que mantenga una relación estable debidamente probada al acreditar la existencia de un vínculo duradero. En todo caso, se entenderá la existencia de ese vínculo si se acredita un tiempo de convivencia marital de, al menos, un año continuado, salvo que tuvieran descendencia en común, en cuyo caso bastará la acreditación de convivencia estable debidamente probada. Las situaciones de matrimonio y pareja se considerarán, en todo caso, incompatibles entre si.”

Nuestro Reglamento de Ciudadanos Comunitarios equipara la Unión de Hecho debidamente registrada al Matrimonio en el sentido de que ambas instituciones jurídicas permiten al familiar del ciudadano comunitario o español acceder a la tarjeta de residencia de familiar de comunitario.

La Sentencia del Tribunal Supremo ha dado plena validez a estas uniones de hecho y, a partir de la publicación de la misma, todo extranjero que esté debidamente inscrito como pareja de hecho de un ciudadano español o comunitario tendrá derecho a obtener una tarjeta de residencia en régimen comunitario que le permitirá residir en España junto a su pareja. Sólo es necesario acreditar la condición de pareja de hecho debidamente inscrita y que ambos miembros de la pareja viven juntos.

¿Qué sucede con el ciudadano extracomunitario en caso de ruptura o extinción de la pareja de hecho?
En este caso, una vez obtenida la tarjeta de residencia de familiar comunitario, la parte no comunitaria podrá mantener esta tarjeta de residencia, aunque se haya producido la disolución de la pareja de hecho, si se acreditan los siguientes supuestos:

– Duración de al menos 3 años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad o divorcio, o de la cancelación de inscripción de pareja. Deberá acreditarse que, en esos 3 años, se ha producido al menos un año de convivencia en España.

– Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial de la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión, al excónyuge o expareja registrada.

– Concurrencia de circunstancias especialmente difíciles, tales como haber sido víctima de violencia de género o haber sido sometido por su cónyuge o pareja a trata de seres humanos durante el matrimonio o situación de pareja.
– Resolución judicial o acuerdo mutuo que determine el derecho de visita, al hijo menor, del ex-cónyuge o ex-pareja, cuando dicho menor resida en España.

¿Puede una persona romper con la pareja de hecho sin el consentimiento de la otra parte? ¿O al igual que en el matrimonio debe haber acuerdos firmados por ambas partes?

Sí, una persona puede hacer la disolución unilateral de pareja de hecho. En este supuesto, los miembros de la misma no podrán formalizar una nueva unión hasta pasados 6 meses.

Similitudes y diferencias entre la pareja de hecho y el matrimonio:

Los hijos en caso de separación: Tanto como si están casados o son pareja de hecho, cuando la relación se rompe, las medidas que se toman en relación con los hijos son las mismas. Por tanto, será la pareja la que decidirá cómo gestionar la custodia del menor y llevar a cabo el procedimiento legal que se requiera.



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