ACTUALIDAD
Patricia Gómez recomienda a los colectivos inmigrantes: “Es necesario tener la tarjeta sanitaria para vacunarse contra el Covid-19”

06/05/2021

Por Juan Pablo Blanco A.


A pesar de la apretada agenda, Patricia Gómez, consellera de Salud y Consumo del Govern balear, concedió una extensa entrevista a este periódico. Dentro de las temáticas a tratar destacamos el acceso a las vacunas contra el coronavirus de colectivos de inmigrantes que no tienen la tarjeta sanitaria o familiares reagrupados - muchos personas mayores - que burocráticamente tienen trabas para ser incluidos en las listas para ser llamados.


Baleares Sin Fronteras: ¿A poco más de un año de haber comenzado la pandemia en España, qué resumen hace de todo lo vivido desde su conselleria?

Patricia Gómez:
Hemos pasado por diferentes momentos. Importante fue la primera ola en la que tuvimos el segundo caso de coronavirus en España, concretamente en Palma. Esto nos hizo acelerar más los protocolos, los planes de contingencia en los hospitales, es decir reorganizar el sistema sanitario. A partir de ahí el resto de comunidades autónomas fueron por delante de nosotros. Lo que veíamos que podría pasar aquí ya estaba ocurriendo en Madrid, Cataluña y Castilla León. Este hecho nos permitió tener un margen de reacción para afrontar la problemática derivada de la pandemia, especialmente con el aprovisionamiento del material. Hemos tenido el gran reto de transformación en política sanitaria de las Islas de los últimos cien años.



BSF: ¿En qué escenario sitúa el momento más crítico de la pandemia en Baleares?

P.G:
Infortunadamente en la segunda ola estuvimos a la cabeza. En agosto fuimos la primera comunidad autónoma en repuntar, y en noviembre y diciembre en Mallorca la situación fue crítica, al igual que en Ibiza en el mes de enero con muchos casos positivos. Teníamos la experiencia de la primera ola, pero he de reconocer que hemos pasado por momentos muy difíciles.

Lo peor fue en enero con la ola de contagios en Ibiza con casi una incidencia de dos mil. Estas situaciones tan abruptas nos obligaron a tomar muchas decisiones. Si bien es cierto que somos la segunda comunidad con menor mortalidad y presión en las UCI de los hospitales, también podemos afirmar que no hemos tenido una ocupación al cien por cien en el sistema sanitario. Esto se debe al trabajo que se ha realizado desde atención primaria, en los centros de salud, donde se ha hecho mucha contención para que los pacientes no tuvieran que desplazarse ofreciendo asistencia telefónica en sus domicilios.



BSF: Desde varios sectores, especialmente desde la oposición se criticó los procedimientos sanitarios utilizados con los inmigrantes que llegaron en patera a Baleares. ¿Qué responde?

P.G:
Estas personas pueden estar retenidas por la policía un máximo de 72 horas. Por este motivo se aceleraba la toma de muestras para saber en qué condiciones llegaban a nuestras costas. La mayoría de estas personas arrojaron resultados negativos.
Hemos tenido en alguna ocasión la mala suerte de tener tres positivos de inmigrantes que llegaron en tres pateras. Esta coyuntura nos obligó a aislar también al resto de inmigrantes, que lógicamente no podían estar en dependencias policiales. En algunos casos se les trasladó a alojamientos alternativos de todo tipo como centros de albergue, hoteles puente y el Consell de Mallorca alquiló un hotel puente en el Arenal para la población desfavorecida.



BSF: ¿Luego de que pasen la cuarentena cuál es el procedimiento administrativo que se sigue con los llegados en patera?. Se vende la idea de que se quedan deambulando por las calles de las Islas.

P.G:
Estas personas permanecen con vigilancia policial cuando son positivos. En el caso de los negativos que ya hayan hecho la cuarentena correspondiente son trasladados a Madrid como cualquier otro inmigrante.



BSF: ¿Cuál línea de actuación han escogido para difundir las campañas de vacunación entre la población inmigrante?

P.G:
Hemos tenido peticiones de cónsules de diferentes países. Hemos diseñado un protocolo adecuado, pero hay algunos que le competen directamente del Gobierno de España. Lo que si hemos difundido a través de los consulados es que las personas residentes que tienen derecho a tarjeta sanitaria deben regularizar su situación. Hace algunos días me comentaban de veinte mil personas que ya la tenían. Entiendo que antes iban a la sanidad privada, pero ahora es necesario que estén en nuestra base de datos para que sean incluidos en el momento que les corresponda la vacuna.



BSF: ¿En qué consisten los convenios sanitarios entre España con terceros países, en este caso para que estos extranjeros puedan vacunarse?

P.G:
Cuando pertenecen a países del espacio Schengen, sin embargo estamos a la espera que el gobierno de España unifique las decisiones a tomar en todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, no está claro el procedimiento a seguir con las personas del Reino Unido o Alemania que viven medio año aquí y el otro medio en su país de origen. Esta no es una decisión que la podamos tomar en el momento. Hemos abierto una línea telefónica Infocovid en donde los operadores hablan diferentes idiomas para informar a los usuarios, además, se está elaborando una base de datos con estas personas para tenerlas identificadas y determinar si es necesario vacunarlas aquí.



BSF: Entonces se entiende por su respuesta anterior que al no haber convenios con Latinoamérica se encontrarán con otra barrera…

P.G:
Efectivamente, nos ocurre con los ciudadanos de esos países con los que no tenemos convenios y suponen una situación más difícil, especialmente a la hora de venir familiares de personas que residen en España. Al no tener convenios los trámites y los plazos son distintos. A partir de ahí tenemos mayores dificultades para la vacunación. En ese orden de ideas, hemos puesto a disposición un correo electrónico y un número específico para que esas personas nos llamen y expliquen su situación personal. También hemos hecho una propuesta al Ministerio de Sanidad y estamos a la espera de una respuesta.



BSF: ¿Las personas irregulares que no tienen papeles que residan en las islas se pueden vacunar en el caso de tener tarjeta sanitaria?

P.G:
Las personas en situación administrativa irregular que tengan tarjeta sanitaria sí que tienen derecho a las vacunas. Ellos están en nuestra base de datos de población para cuando les corresponda el turno.



BSF: ¿Han tenido contacto durante este año con las asociaciones de inmigrantes para que ayuden a canalizar la información?

P.G:
Desde Salud Pública se tienen perfectamente identificados a todos los líderes de los colectivos de inmigrantes. La propia directora general tiene su base de datos. Tenemos comunicación y estamos en permanente contacto con ellos. Por ejemplo, cuando recién comenzó la pandemia mantuvimos reuniones con líderes de la comunidad China.



BSF: Quienes trabajan en comunidades diversas coinciden que en esta época cobran relevancia los mediadores interculturales. ¿Se ha potenciado desde el Govern balear esta figura?

P.G:
Es uno de los temas en los que no hemos podido avanzar y es debido a que no existe una titulación académica o formación que pueda acreditarse. No está regulado a nivel de titulación. Por lo tanto, nos es imposible crear la categoría dentro del sistema sanitario, son leyes estatales y autonómicas.

Al final lo que hacemos es tener auxiliares administrativos que tienen conocimientos de algunos idiomas no habituales, que a la vez, desempeñan esa tarea de mediadores interculturales. La figura de mediador no la tenemos dentro del sistema sanitario, ya que corresponde a servicios sociales, que a su vez los contrata para nosotros. Lamentablemente la figura del mediador intercultural no existe en el sistema sanitario con lo que genera un vacío dificultando la contratación.

No obstante, para nosotros esta figura es muy importante, tanto así que en algunos proyectos comunitarios hemos contado con ellos, por ejemplo en un reciente trabajo que se hizo entre vecinos y comerciantes en la barriada de Son Gotleu de concienciación sobre la propagación de la pandemia. Al final los resultados de este proyecto de intervención fueron muy buenos, disminuyeron los contagios, se trabajó a pie de calle con la gente del barrio.



BSF: Especifíquenos un poco más del modelo Son Gotleu…

P.G:
Allí se hizo un proyecto de intervención comunitaria con datos dignos de análisis. Hemos elaborado un documento sobre el seguimiento de la población vulnerable y se han creado estructuras en la central de coordinación Covid. Allí hay un grupo de personas que trabajan con colectivos vulnerables, entre ellos la población inmigrante. A partir de ahí se han realizado campañas sanitarias que han dado resultados positivos acompañadas de visitas de seguimiento que nos ha permitido bajar el número de incidencias de contagios.



BSF: En otro orden de ideas, muchos negocios del sector de la restauración y de ocio locales regentados por inmigrantes se han declarado en quiebra. ¿Algún mensaje en concreto?

P.G:
Ojalá la epidemia fuera diferente. Estamos permanentemente en contacto con los diferentes sectores a través de las patronales. Sabemos de la situación económica por la que atraviesan y somos conscientes de ello. Lamentablemente este virus se transmite mucho más rápido con las nuevas variantes en espacios cerrados que en abiertos. Hay lugares en donde es muy difícil mantener la distancia o aplicar los protocolos, por ejemplo, en restaurantes, en gimnasios, en las discotecas. Por ahora tenemos que analizar cómo evoluciona el virus. Fíjese que hasta hace poco nuestros países vecinos tenían una alta incidencia de contagios.

No se trata de crear una dicotomía entre salud y economía. Hay comunidades con altos índices de mortalidad y tienen la hostelería abierta. En nuestro caso no es así, si tenemos los medios para prevenir, la salud estará por encima de todo. Estamos viendo imágenes dolorosas de cómo la gente se salta las normas y luego estas irresponsables actitudes las lamentamos. Estas mismas personas acaban ingresadas, e incluso fallecen.

En el caso de los restaurantes, cuando digamos que se pueden abrir los interiores, seguirán siendo de alto riesgo. Pero esto a nivel de comunicación nos cuesta entenderlo, quizá porque estemos cansados de escuchar lo mismo. Lo importante es comprender que cuando algo se pueda hacer no equivale a que no conlleve ningún riesgo. Si las terrazas se abren no quiere decir que no debamos de tener las precauciones del caso para evitar contagiarnos.



BSF: ¿Cómo describe el trabajo del grupo de expertos para la contención de la pandemia?

P.G:
Tenemos un grupo de expertos que analiza la situación epidemiológica y cómo ir escalando medidas cuando la incidencia se dispara, y a la vez cuando estiman conveniente aliviar esas mismas medidas. En noviembre escalábamos y ahora desescalamos porque la situación está controlada. La propuesta de cada quince días la hacen expertos de diferentes ámbitos que valoran y estudian todo el día la evidencia científica.



BSF: Hay medidas controvertidas, por ejemplo, en el fútbol, donde hay restricciones de aforos al aire libre, incluso en el amateur regional no permiten entrada de público. En cambio en otros escenarios las medidas se relajan. ¿Cómo se explica?

P.G:
A veces es difícil de entender. El que haya o no público en la liga profesional no depende del gobierno autonómico, mientras que en las ligas autonómicas sí que depende de nosotros. Cuando no permitimos público en determinados campos lo hacemos con el fin de reducir la movilidad. He hablado con los directivos del Mallorca. En los estadios es fácil guardar la distancia de seguridad, es decir, por cada asiento ocupado se pueden dejar tres vacíos. Pero el fondo de la cuestión es que para llegar al estadio la gente tiene que aparcar y movilizarse. Es muy difícil que mil personas mantengan las distancias para entrar a un recinto deportivo. Las medidas, sean las que sean siempre van encaminadas a disminuir la movilidad y las aglomeraciones.



BSF: En Israel la población ya no usa mascarilla, las restricciones se han aliviado. ¿Estamos lejos de seguir esta huella?

P.G:
Hay esperanza, estamos confiados en que todo irá a mejor, pero le cito un ejemplo. En España este año no hemos tenido casos de gripe y contabilizamos ocho mil muertos menos en el primer trimestre por temas respiratorios. No sé si la mascarilla ha venido para quedarse, eso significa que las medidas de protección sirven para otro tipo de virus. Lo importante es avanzar en este proceso de vacunación y aumentar el número de personas con inmunidad. Ahora hay que ver cuánto tiempo dure esa inmunidad, hay muchos interrogantes.



BSF: ¿Hablando de esos interrogantes, qué es lo que más le preocupa en este momento?

P.G:
Tema de ayudas económicas, cuando ves sufrir hay que actuar, nunca será suficiente. A diferencia de otras crisis se está apostando mucho por dar ayudas a quienes peor lo están pasando. En lo personal estaré tranquila cuando tengamos un elevado porcentaje de población vacunada, ahora mismo me preocupan las variantes que están apareciendo. Algunas son resistentes a las vacunas, ojalá que no se propaguen, no sean perjudiciales y no desdaceleren el proceso de recuperación. Me preocupa que al flexibilizar las medidas nos relajemos en exceso. Me preocupa también que al terminar el estado de alarma el 9 de mayo la gente piense que todo ha llegado a su final.



BSF: ¿Alguna fecha prevista para que la población de Baleares esté vacunada en su totalidad?

P.G:
El Gobierno de España hablaba de finales de agosto tener un 70 por ciento de la gente vacunada. Al final, la compra de las vacunas se hace a través de la Unión Europea y llegan al gobierno, para a su vez enviarlas a las comunidades autónomas. No es un proceso que dependa de nosotros. Lo que nos compete es que cuando las vacunas lleguen a las Islas se apliquen a la mayor inmediatez. Ese es mi compromiso como consellera.






Los residentes en Baleares sin tarjeta sanitaria y personas mayores reagrupadas no pueden acceder a la vacuna contra el Covid-19

06/05/2021


Por Juan Pablo Blanco A.

¿Accederá la población inmigrante en situación irregular y los familiares reagrupados a las vacunas contra el Covid-19, que se ha puesto en marcha en las Islas?. Esta es la pregunta que planteamos desde este periódico.

A raíz de este interrogante surgen otros más, por ello, hemos contactado con Francisco Peña Gayà, presidente de Médicos del Mundo de Islas Baleares y Belén M. Matesanz Mateu, coordinadora autonómica, quienes hacen una radiografía acerca de los colectivos vulnerables.


Baleares Sin Fronteras: ¿En qué caso los inmigrantes no tienen acceso a las vacunas contra el coronavirus? 

Médicos del Mundo/Baleares:
Actualmente no pueden acceder a la vacunación aquellas personas que no cuenten con tarjeta sanitaria, ya que para solicitar cita es imprescindible contar con CIP (el CIP autonómico es el llamado Código de identificación de la Administración sanitaria, el cual se constituye como el código sanitario identificativo de cada ciudadano, a efectos de asistencia sanitaria)



BSF: ¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta sanitaria?

M.M:
Los requisitos para obtener la tarjeta sanitaria son (de acuerdo a la web del IB- Salut):
En situación irregular: pasaporte en vigor, empadronamiento y foto carnet. Declaración jurada (que debería aportar el centro de salud) de no contar con cobertura sanitaria ni recursos

En situación administrativa irregular (permiso de residencia) – NIE y pasaporte en vigor, empadronamiento y foto carnet.  En caso de personas de la UE o con convenio bilateral, el documento de no exportabilidad del derecho asistencial. Se debe pedir la información al consulado

En situación administrativa regular (permiso de residencia y Trabajo)
- NIE y pasaporte en vigor, empadronamiento y foto carnet.  En caso de personas de la UE o con convenio bilateral, el documento de no exportabilidad del derecho asistencial.  Se debe pedir la información al consulado.

Actualmente en teoría no es un requisito estar apuntado en el SOIB como demandante de empleo (este colectivo no aparece en la web del IB-Salut).
En situación administrativa regular (reagrupación familiar) – de acuerdo a la legislación de extranjería actual, las personas mayores reagrupadas deben contar con seguro médico privado, y por tanto, no tienen derecho a la asistencia sanitaria pública.



BSF: ¿En qué casos las personas que tienen los papeles en regla deben conseguir un certificado en sus países de origen para acceder a la sanidad española?

M.M:
Las persones provenientes de la Unión Europea o de países donde existe Convenio bilateral con España deben solicitar un documento de no exportabilidad del derecho asistencial. Esta documentación es difícil de conseguir en países como Rumanía entre otros. Por otro lado no hay un listado publicado en la web del IB- Salut especificando que países cuentan con convenio bilateral por lo que se dificulta la tramitación.

Aparte, nos encontramos con personas migradas procedentes de Argentina, con permiso de residencia italiano con dificultades de realizar estos trámites. Dicho esto, si contactan con el consulado italiano suelen facilitarles la documentación necesaria en un par de semanas.



BSF: ¿Qué ocurre con los familiares reagrupados? 

M.M:
Es necesario que se habiliten vías de contacto para las personas sin tarjeta sanitaria, tanto mayores reagrupados como otras personas en situación de vulnerabilidad y que no han logrado acceder al sistema sanitario público, en muchas ocasiones por falta de empadronamiento o falta de información o miedo.

Es necesario que se realicen campañas informativas para llegar a estas personas, ya que en algunos casos aunque tengan tarjeta sanitaria, no tienen teléfono de contacto o lo han cambiado y por lo tanto no podrán ser contactados para la vacunación.
Acciones como habilitar una web para solicitar la cita son bienvenidas, pero no debería ser obligatoria la identificación mediante CIP si queremos que la vacunación sea universal.



BSF: ¿Se ha planteado la posibilidad de alguna tarjeta temporal? 

M.M:
En reuniones con la Dirección General de Salud Pública interinstitucionales se ha hablado de esta posibilidad, así como valorar vías de contacto con colectivos vulnerables y colectivos que pueden precisar de alternativas a la vacunación en centros de vacunación masivo o citas telefónicas.

La dirección General de Salud Pública no ha dejado de valorar alternativas y adaptar y modificar el Plan de Vacunación a Colectivos Vulnerables de acuerdo a las reuniones de coordinación mantenidas.

Es importante recordar, que el pasado 6 de marzo, el IB-Salut anunció públicamente que habilitaría el siguiente miércoles un teléfono específico de información para personas sin tarjeta sanitaria que solicitaran la vacunación, a día de hoy (han pasado dos meses) ese teléfono no se ha habilitado aún.



BSF: ¿Qué estrategias emplean para llegar a la población vulnerable?

M.M:
Actualmente trabajamos conjuntamente entre la DG de Salut Pública y DG de Serveis Socials, junto con el Institut Mallorquí d’Afers Socials, Ajuntament de Palma, Creu Roja Illes Balears i Metges del Món para poder contactar con las personas que atendemos, las entidades del tercer sector y aquellas con dificultades para la vacunación (falta de tarjeta sanitaria, falta de teléfono de contacto, personas sin hogar u otros colectivos en situación de exclusión social o alta vulnerabilidad social) realizar un listado que se pueda proporcionar (previo consentimiento de la persona) al IB- Salut para que puedan acceder a la vacunación.

Tanto Creu Roja Illes Balears como Metges del Món Illes Balears estamos a la disposición de la administración para dar apoyo a la administración pública y acercar a los colectivos vulnerables a la vacunación.



BSF: ¿Algún mensaje especial? 

M.M:
Nuestra CCAA ha defendido desde 2015 la Sanidad Universal y ya es hora de que realmente podamos cumplir con una Sanidad Universal que no deje a nadie atrás a la hora de vacunarnos, y que se aproveche este momento para hacer un censo real de cuántas personas de nuestra CCAA continúan con dificultades de acceso al sistema de salud y por tanto excluidas de la Sanidad Universal.



BSF: Hay algún estimativo en cifras de personas que se quedan por el momento fuera de este cubrimiento de vacunación? 

M.M:
No contamos con datos totales. Solamente contabilizamos a las personas que se acercan a Metges del Món a solicitar orientación o apoyo en la obtención o reclamación de este derecho.

Por ello, es importante realizar campañas informativas dirigidas a colectivos vulnerables, campañas de fácil comprensión y traducidas a diferentes idiomas, para garantizar que lleguemos al máximo de población. Sería un gran logro llegar al 100% de vacunación y contabilizar cuantas personas ven vulnerado su derecho a la salud por no tener acceso a la tarjeta sanitaria.



BSF: Tenemos entendido que usted le preguntó recientemente en un coloquio a Juli Fuster, Director General de Salud, acerca de una línea telefónica y planes específicos para colectivos en exclusión social. ¿Qué le ha contestado?

M.M:
Según, Juli Fuster todas las personas que llegan a Baleares sin recursos desde el 2015 tienen derecho a tarjeta sanitaria y se les está vacunando, mensaje contradictorio al trabajo que se está realizando entre la dirección general de salud pública y las entidades del tercer sector. La información que se le ha trasladado desde Metges del Món Illes Balears en numerosas ocasiones al propio Fuster, es que aún existen barreras y vulneraciones al derecho universal a la salud.





Unos trescientos colombianos de Mallorca se unieron a las protestas por la controvertida reforma tributaria del gobierno de Duque

06/05/2021


BSF

Una plataforma de colombianos residentes en Mallorca se concentró el sábado 1º de mayo en la Plaza España de Palma, en contra de la reforma tributaria, una medida fiscal que ha levantado ampollas en el país sudamericano, a tal extremo de cobrarse varias vidas en las continuas protestas, que se han realizado a lo largo de estos últimos días, especialmente en la ciudad de Cali.

Denuncias de diferentes organizaciones de derechos humanos y ONGS han reportado represión policial en contra de los manifestantes que han perdido la vida por los disparos de la policía y el ejército de ese país.

No obstante, desde el gobierno han atribuido la reacción de las fuerzas de seguridad debido a los saqueos y a la destrucción de comercios y mobiliario urbano por parte de grupos delincuenciales infiltrados en las protestas.

Ante este turbio panorama, un grupo de colombianos afincados en Mallorca decidió apoyar a la distancia a sus connacionales. Durante dos horas, de 15h a 17h se concentraron en la Plaza España luciendo pancartas con mensajes de descontento al Presidente, Iván Duque.

A la concentración asistieron unas trescientas personas. En Baleares, según datos del consulado, residen aproximadamente veinte mil colombianos.

Antecedentes

Vale recordar que con el fin de aliviar la crisis económica generada por la pandemia del Coronavirus, que ha causado endeudamiento para Colombia, el gobierno había anunciado un aumento en el recaudo de impuestos y tributación. En este caso, el IVA es uno de los impuestos que tendría modificaciones sustanciales.

En la misiva, los convocantes de la protesta de Palma afirmaban que esta medida pretendía recaudar entre 4,842 millones y 5,380 millones de dólares para hacer frente a las necesidades económicas y sociales por cuenta de la pandemia, “atentando contra la estabilidad económica de trabajadores, pensionados, la clase media y personas de bajos ingresos”.

Señalaban que esta reforma tributaria consistía en aumentar el IVA a productores de primera necesidad con lo que “constituye un golpe a los productores nacionales y saqueo a los bolsillos de la ciudadanía”.

El domingo 2 de mayo, el presidente Iván Duque retiró el controvertido proyecto de reforma tributaria y un día después el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla presentaba la renuncia a su cargo. Aun así, al cierre de la edición de este periódico las protestas continuaban en varias ciudades del país.






ONU señala a policías de amenazas y disparos en las protestas de Colombia

06/05/2021


BSF

Juliette de Rivero, representante de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia acusó a la Policía Nacional de haber agredido a un grupo de funcionarios que estaba en Cali verificando la situación generada por las protestas. “miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”, anunciaba el Periódico Tiempo.

En un comunicado en su cuenta de Twitter, la comisionada Juliette de Rivero acusó a la Policía de disparar contra miembros de la comisión de ONU Derechos Humanos Colombia, pero aclaró que nadie había resultado herido.

Horas antes, Rivero había escrito que estaba preocupada por la información que estaba recibiendo ONU Derechos Humanos Colombia sobre un número no confirmado de muertes en la zona de Siloé de la ciudad de Cali.

Un equipo de la ONU se desplazó hasta esta capital y ocurrió lo denunciado por ella.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, se pronunció ante los ataques a la comisión de dicha organización en Colombia.

Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos durante la noche en la ciudad de Cali en Colombia, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas”, señala la organización.

Resaltan que el equipo de la ONU está trabajando para identificar el número de víctimas y esclarecer cómo se produjeron los hechos. “Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados ​​y amenazados”, indica la ONU.

La Oficina pide calma y reitera a las autoridades estatales su responsabilidad en la protección de los derechos humanos: “Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, pedimos calma. Recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

Por último, respecto al uso de armas de fuego durante las protestas, indican que: “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la ciudadanía”.

Piden investigación

En Colombia, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido “investigación, juzgamiento y sanción” de todos los “asesinatos” cometidos en el marco de las manifestaciones en el país.

La representante de la Oficina en el país, Juliette de Rivero, dijo en su cuenta de Twitter que están dando “seguimiento con preocupación”, desde el 28 de abril, a la situación de derechos humanos en Cali, Cauca, Medellín, Bello, Pasto, Neiva, Barranquilla, Villavicencio y Bogotá. “Estamos en contacto con el Ministerio Público. Destacamos que la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas” añade.

Frente a casos de violencia recuerdan “que según normas internacionales los Estados están obligados a respetar y proteger los derechos humanos”. “El marco normativo que rige el empleo de fuerza incluye principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, detalla.

Además, recuerda que “la posibilidad de reunirse y actuar de forma colectiva es fundamental para el desarrollo democrático, económico, social y personal, la expresión de las ideas y la promoción de una ciudadanía comprometida

El relator especial sobre la libertad de asociación y reunión pacífica asegura estar “alarmado por informes sobre el uso excesivo de la fuerza por cuerpos de seguridad contra manifestantes” y cifra en nueve los fallecidos desde el 28 de abril. “Dichas fuerzas deben abstenerse del uso excesivo de la fuerza y los responsables rendir cuentas”, dice Clement Voule en su cuenta de Twitter y añade que también está “alarmado por el número de policías heridos” y pide “a los responsables que se abstengan de cualquier tipo de violencia”.





Los ciudadanos de Baleares podrán acudir a las farmacias para pedir cita para vacunarse

06/05/2021


BSF

El Servicio de Salud ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de las Illes Balears (COFIB) para que los ciudadanos que así lo deseen puedan solicitar, en las farmacias y por medio del web BITCITA, cita para ser vacunados en los centros habilitados para ello.

El objetivo es orientar y ayudar a los ciudadanos con menos conocimientos informáticos.

En InfoVacunaCovid se ha detectado una afluencia relevante de llamadas telefónicas de usuarios que desconocen el manejo de herramientas digitales o que no disponen de conexión a internet.

Por ese motivo se ha solicitado la colaboración del COFIB, para que a partir de ahora los usuarios con estos problemas puedan pedir cita por internet, desde las farmacias, para ser vacunados.

El Servicio de Salud, a fin de agilizar el proceso de vacunación contra la COVID-19, puso en marcha el pasado 16 de abril un nuevo sistema para pedir cita por medio de internet.

Para ello creó la aplicación BITCITA, fácil de usar, muy intuitiva y que no precisa de ninguna formación previa. Simplemente basta con acceder a ella a por medio del enlace https://www.ibsalut.es/es/bitcita-cita-previa-vacunacion-covid-19 y registrarse con el DNI o CIP autonómico añadiendo el año de nacimiento.

Hasta ahora más de 10.000 ciudadanos han solicitado cita por medio de BITCITA para ser vacunados. En estos momentos pueden hacerlo los nacidos entre los años 1952 y 1961.

Siguen llegando vacunas a las Islas

Esta semana han arribado 33.930 dosis de Pfizer en las Islas Baleares (25.740 Mallorca, 3.510 Menorca, 4.680 Ibiza y Formentera). En total, esta semana se preveía recibir 80.130 viales, que permitirán acelerar el proceso de vacunación.

Aparte de las 33.930 de Pfizer, también se cuenta con 39.000 dosis de AstraZeneca (34.200 Mallorca, 1.500 Menorca, 3.300 Ibiza y Formentera), 4.100 dosis de Moderna (3.600 Mallorca y 500 Menorca), y 3.100 dosis de Janssen, que en este caso, son para Mallorca.





Amnistía Internacional denuncia las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias en donde están los migrantes y solicitantes de asilo

06/05/2021


A. I.

Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado las islas de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria y se ha entrevistado con decenas de personas migrantes y solicitantes de asilo así como con autoridades estatales y a nivel autonómico e insular, además de fiscalías territoriales, colegios de abogados y organizaciones.

La organización emitirá en adelante un informe más completo, pero antes de ello, Virginia Álvarez, investigadora de la organización, señala las primeras preocupaciones:

“En relación a la situación en Fuerteventura y Tenerife, nos preocupa confirmar las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias en los que se están quedando miles de personas migrantes y solicitantes de asilo. Si bien no hemos podido visitar los macrocentros de El Matorral y Las Raíces porque se nos denegó el permiso alegando motivos sanitarios hemos recabado información que confirma las graves carencias que tienen, que no garantizan en muchos casos una acogida en condiciones dignas”.

“Es urgente que se tomen medidas para garantizar que estas personas tienen acceso a condiciones de vida digna y que se vele tanto por su bienestar físico como mental. Además, queremos señalar que la COVID-19 no puede ser una excusa para impedir la monitorización de estos centros por parte de organizaciones de derechos humanos, un escrutinio que debe ser siempre posible, adoptando las medidas sanitarias adecuadas”.  

“Para AI ha sido especialmente alarmante observar las condiciones en las que se encuentra el lugar donde tanto las personas que han dado positivo en la COVID-19 como sus contactos directos pasan la cuarentena en Fuerteventura.
La denominada Nave del Queso, según las imágenes y los testimonios a los que ha tenido acceso la organización, es un lugar que no reúne las mínimas condiciones sanitarias necesarias. Hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, hacinados, en unas circunstancias que para la organización podrían considerarse de infrahumanas”.
Amnistía Internacional ha recogido testimonios que revelan que algunas de estas personas han permanecido en esta situación hasta un mes.  

Por otro lado, la organización seguirá recavando información sobre el acceso a información y procedimientos de protección internacional sin ningún tipo de discriminación, y sobre la situación de personas que pueden estar en especial vulnerabilidad, como mujeres que han sido víctimas de violencia de género, posibles víctimas de trata, menores no acompañados, personas LGBTI, personas que han sufrido algún tipo de tortura y familias monomarentales y monoparentales con niños y niñas. Es urgente que los recursos habilitados para estas personas garanticen una atención especializada.

En relación a los niños y niñas, AI considera que las autoridades deben evaluar si se están adoptando las medidas adecuadas que garanticen el bienestar integral que todo menor requiere sin ningún tipo de discriminación.
“Muchos han pasado por experiencias traumáticas y siguen viviendo con ansiedad tanto cuando están con sus familias, como, especialmente cuando están solos, la incertidumbre y las difíciles condiciones por las que siguen pasando. La COVID-19 no puede ser utilizado como justificación para negar el derecho al ocio o las actividades recreativas y educativas a los y las menores. Todos los niños y niñas deben tener acceso a los mismos derechos”, señala Virginia Álvarez.
 
Además, AI se suma a la petición de otras organizaciones de buscar soluciones duraderas para los niños y niñas no acompañados en las que prime el principio del interés superior del menor.

Con respecto a Gran Canaria, la organización se encuentra en estos momentos realizando la visita y las entrevistas. Ayer sí que pudo visitar el centro de emergencia denominado Canarias 50 y considera positivo que se hayan realizado mejoras en relación a la acogida de estas personas. Sin embargo, cree que debe dotarse de suficiente personal para asegurar que se cubre su derecho a información, asistencia letrada o psicológica si la requieren.

“Por otro lado, es necesario una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, asegurando criterios homogéneos que eviten la arbitrariedad en las distintas fases de atención y protección a las personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellos casos en los que se están llevando a cabo buenas prácticas”. 
 
La organización también quiere poner en valor las iniciativas ciudadanas y vecinales que están surgiendo para apoyar (y, en ocasiones, suplir, las  carencias del sistema) a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

“Canarias es otro ejemplo más del fallo de este modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solo provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre, y abandono institucional”, concluye la investigadora de Amnistía Internacional España.





Cuatro representantes de la plataforma por la inmigración acuden al Parlamento balear para condenar los mensajes de odio

06/05/2021


BSF



El senador autonómico Vicenç Vidal de Més per Mallorca, compareció hace una semana en el Parlamento con representantes de entidades de migrantes - integrantes de la Plataforma de la Inmigración de las Islas - para reclamar a la Fiscalía “que actúe de oficio contra los delitos de odio racista de la extrema derecha con representación institucional”.

Vidal ha recordado que “la estrategia del odio de la ultraderecha haciendo referencia a Vox, es heredera de la tibieza y falta de valentía de la derecha conservadora y liberal (PP y C‘s) que nunca ha condenado el franquismo y ha tolerado y menudo promovido el racismo, el machismo y la homofobia durante 40 años”.
En este sentido, el senador se ha referido, a la necesidad de “menos odio racista y más justicia social condiciones de trabajo dignas y fortalecimiento del tejido económico local para beneficiar a todos los mallorquines y mallorquinas, tanto los nuevos como los que llevan ocho siglos aquí”.

Asimismo, el ecosoberanista que dio estas declaraciones antes de celebrarse el 1º de mayo, se ha comprometido “a presentar una moción en el Senado contra el racismo y la incitación al odio recogiendo las demandas de las 22 entidades de nuevos mallorquines que se agrupan en la Plataforma de la Inmigración”.

Agregó que “las Islas Baleares son tierra de acogida, pero también de migrantes, debe ser un país líder en la lucha contra toda forma de discriminación”.

Por su parte, el representante Mustafá Boulharrak, Presidente de la Asociación de Marroquíes en Baleares, Al Magreb leyó un manifiesto en el que solicita a la sociedad civil condenar cualquier actitud racista, odiosa o indigna que se produzca en nuestro entorno social laboral, en los medios de comunicación o en las redes sociales sin descartar hacer uso de la vía judicial”.

En el documento señalan que la idea es llegar a todos con un mensaje real y verídico a los países ricos que dominan el mundo”, pero añade, “la riqueza más grande es la inmigración al fortalecer el tejido social, económico y cultural en una gran nación”.

Igualmente, el manifiesto lanza un mensaje a los medios de comunicación: “apelamos a ellos para que ejerzan su labor con responsabilidad profesional y civismo con el fin de que no difundan información sin contrastar y hagan uso de las imágenes con criterio social y real”.

Los otros tres representantes asistentes al Parlamento balear fueron Cheik Ndiaye, presidente de la Asociación de Senegaleses en Mallorca (YAPO); José Antonio Solano, presidente de la Asociación de Dominicanos, Juan Pablo Duarte y Farouk Rodolfo Pino, presidente de la Asociación de Bolivianos en Mallorca (BOCES).





Baleares mantendrá el toque de queda hasta las 23h, a pesar de la finalización del estado de alarma

06/05/2021


BSF


El Consell de Govern extraordinario ha aprobado mantener diversas medidas para contener la propagación del virus, las cuales hasta ahora están enmarcadas en el Estado de Alarma decretado por el Gobierno que decaerá a partir de la media noche del próximo domingo.

Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ratificó las limitaciones aplicadas por el Govern balear para seguir frenando los contagios en las Islas.

Se trata de medidas excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la Covid-19 durante el período comprendido entre los días 9 y el día 23 de mayo.

Concretamente limitarán los desplazamientos y la circulación por vías públicas entre las 23.00 y las 06.00 horas. Sólo estarán permitidos aquellos que se lleven a cabo por causas esenciales que se detallan en el Acuerdo.

Las personas procedentes de otras comunidades o ciudades autónomas que pretendan entrar las Islas, por vía aérea o marítima, deben someterse a un control sobre el motivo del desplazamiento y, en su caso, a un control sanitario.

Asimismo, siempre y cuando hayan superado las 72 horas fuera de la comunidad, deberán presentar un PCR con resultado negativo o bien someterse a un test de antígenos a la llegada a las Islas Baleares, hacerse una prueba en las siguientes 48 horas o mantener una cuarentena de 10 días. Pruebas que serán sufragados por la comunidad en el caso de los residentes o de las personas que viajen con causa justificada, y por los propios pasajeros si no se desplazan por uno de los motivos recogidos en el presente acuerdo.

De la misma manera, durante el periodo de vigencia de este acuerdo, únicamente se pueden llevar a cabo reuniones y encuentros familiares y sociales de un máximo de seis personas en el interior o en el exterior, tanto en espacios públicos como privados.

En el interior únicamente se pueden llevar a cabo reuniones, como máximo, de dos núcleos de convivencia. No están incluidas en la limitación prevista en este apartado las actividades laborales, las institucionales, las de transporte y las de los centros docentes, ni las actividades deportivas o culturales

También se establecerán limitaciones a las celebraciones o la permanencia de personas en lugares de culto: No se puede superar el 50% de la capacidad. En todo caso, se debe asegurar la distancia de al menos un metro y medio entre personas de diferentes núcleos de convivencia.





El mercado laboral continúa la recuperación con un incremento de 11.528 afiliados más que en el mes anterior

06/05/2021


BSF

El mercado laboral continúa su senda de recuperación, con un incremento de la afiliación por tercer mes consecutivo, que sitúa en 431.026 las personas afiliadas en el mes de abril, 11.528 más que en el mes anterior. Se trata de un valor que sitúa la afiliación de las Islas a un nivel similar de 2016.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha presentado hoy los datos de afiliación y paro, acompañado por el director general de Modelo Económico y Empleo, Llorenç Pou, y ha señalado que a pesar de las dificultades que continúa habiendo debido a la pandemia y las medidas adoptadas para hacer frente, la recuperación económica y del mercado laboral es progresiva.

Negueruela, que ha remarcado que se trata de datos todavía duros, también ha indicado que las Islas se encuentran en un marco de recuperación, y que si se suman los 4.500 trabajadores salidos de los ERTE en este mes de abril, hasta situarse en 29.824 personas, en este periodo se han incorporado a su trabajo casi 16.000 trabajadores, que perciben su salario de forma normalizada.

Aun así, ha expresado que se trata de un contexto de mucha dificultad, todavía con restricciones y autocontención para continuar haciendo frente a la pandemia y asegurar así unas mejores condiciones por este verano.

En cuanto a la afiliación interanual, en el mes de abril se registró un descenso del 6,5%, que suponen 29.824 afiliados menos. En este punto, el conseller ha indicado que abril ha sido el primer mes que, de forma íntegra, ya permite comparar dos periodos en pandemia. No obstante en abril de 2020 los trabajadores fijos discontinuos todavía contaban como afiliados para poderse acoger a un ERTE. A partir del mes de octubre, pasan a ser computados de otro modo, puesto que empiezan a cobrar una prestación extraordinaria específica y dejan de ser considerados como afiliados.

De este modo, Negueruela ha indicado que si se neutraliza este efecto, las cifras de las Islas estarían al mismo nivel que la media nacional. De hecho, el número de personas afiliadas fuera de los sectores turísticos (hostelería y comercio) ya presentan un incremento interanual de 4.128 personas trabajadoras (1,4%).

Descenso del paro por segundo mes consecutivo

En cuanto al paro, abril registró 82.066 personas paradas, que supone 922 parados menos que el mes anterior. Es el segundo mes consecutivo que baja el paro, y se sitúa en un valor muy lejano al que se registró en la anterior crisis económica, cuando en abril de 2012 había 89.207 parados, según ha resaltado el conseller. Con la cifra de abril, el descenso intermensual de parados ha sido del 1,1%, una caída ligeramente superior a la media nacional (-1%).

El paro interanual se incrementó en un 13,1%, 9.524 personas más.

Trabajo autónomo

El mes de abril continúa la misma tendencia de los meses anteriores en cuanto a número de personas autónomas, cuando se registraron 91.898 personas, un valor muy similar a los mismos meses de años de prepandemia y ya por encima del 2018 y que continúan mostrando la capacidad de resiliencia de este colectivo, tan relevante en el tejido productivo de las Islas Baleares.

La tasa de protección, en el 49,4% y 91.570 personas

Finalmente, la tasa de protección se ha situado a finales de marzo en el 49,4% y llega a 91.570 personas. A esta cifra, hay que añadir que el número de personas autónomas que perciben una prestación extraordinaria es de 18.673.





La nueva temporada de vigilancia de la posidonia contará con un teléfono de atención directo a la ciudadanía y una cartografía completa de las praderies

06/05/2021


BSF

El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas, ha presidido, este miércoles, el Comité Posidonia, que se ha celebrado de manera telemática a causa de las restricciones motivadas por la pandemia.

Durante el encuentro, se han avanzado las principales novedades de la nueva temporada del Servicio de vigilancia de la posidonia que se iniciará, como es habitual, de manera parcial, día 15 de mayo, con dos embarcaciones en Eivissa y dos más en Formentera, y que día 1 de junio ya contará con todos los medios habituales en todo el archipiélago (5 embarcaciones en Formentera, 5 en Mallorca, 3 en Eivissa y 3 en Menorca).

Para la campaña de este año, los usuarios del mar contarán con nuevas herramientas que los ayudarán a cumplir con más facilidad con la prohibición de fondear sobre posidonia.

Así, por ejemplo, ya está disponible la cartografía completa de las praderías de posidonia en las Illes Balears que se ha sufragado con fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La elaboración de la cartografía ha sido posible gracias al proyecto «Atlas submarino» y se puede consultar en la web www.atlasposidonia.com. En esta web, también se puede descargar una aplicación informática que permitirá al usuario informarse sobre si se encuentra en zona de fondeo permitido, prohibido o regulado.

La cartografía, según ha especificado Mas, iniciará ahora la tramitación, que incluirá un proceso de exposición pública antes de publicarse a Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). En todo caso, el director general ha dejado claro que la cartografía será una herramienta informativa porque, en ningún caso, se impondrán sanciones a partir de la cartografía sino que estas siempre van avaladas por fotografías submarinas donde se constata la posición del ancla sobre la pradería.

Además, y en el marco de otro proyecto financiado con el ITS, Som Posidonia, se pondrá en marcha el Teléfono Posidonia, una línea de comunicación directa a través de la cual se resolverán dudas sobre la protección de la posidonia y se podrán transmitir sugerencias y propuestas de tal manera que se pueda mejorar la atención a la ciudadanía.

En cuanto a la retirada de la posidonia de las playas, Mas ha presentado una Guía de buenas prácticas que se remitirá a todos los ayuntamientos costeros del archipiélago y que está basada en el trabajo conjunto que se ha hecho con ayuntamientos como Campos, Calvià o Manacor. La Guía se puede descargar a través de este enlace.

En relación a los proyectos sufragados con el Fondo Posidonia, Mas ha destacado que, a pesar de las dificultades motivadas por la pandemia, se ha podido avanzar en algunos proyectos de educación ambiental y que se ha recuperado la Red de Monitorización de la Posidonia que, entre 2016 y 2019, fue gestionada por la Dirección General de Pesca y Medio Marino, gracias a un proyecto financiado por el ITS.

Durante el turno de preguntas, Mas ha valorado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSIB) que anula tres puntos de dos artículos en el marco de un recurso de impugnación a la totalidad del decreto, Mas ha valorado positivamente la sentencia puesto que «a efectos prácticos, no tendrá repercusiones y, por lo tanto, supone una consolidación jurídica al grueso y a la filosofía del Decreto». Mas ha confirmado que la Conselleria, coincidiendo con el criterio de la Abogacía de la comunidad, no recurrirá la sentencia.

El Comité Posidonia es un órgano creado a raíz de la aprobación del Decreto 25/2018 de conservación de la posidonia oceánica en las Illes Balears. Está formado por treinta miembros de varios órganos y entidades públicas y privadas, entre los que está el Estado, varias consellerias, Puertos de las Illes Balears, los consells insulars, las entidades locales, la Universitat de les Illes Balears, instituciones científicas, entidades ecologistas, cofradías de pescadores y el sector de la navegación de ocio. Sus funciones son de deliberación, asesoramiento, propuesta, seguimiento y control en materia de posidonia.






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