El Govern endurece el régimen sancionador para las infracciones de la normativa COVID-19 durante el nivel de alerta 4

19/12/2020

Ante la evolución de la pandemia de coronavirus en las Islas Baleares, que ha empeorado los últimos días, y con el doble objetivo de incrementar el nivel de cumplimiento de las medidas preventivas y contribuir así a evitar las situaciones que favorecen los contagios, el Govern ha decidido endurecer el régimen sancionador para determinadas infracciones de la normativa COVID-19 en nivel 4 de alerta. Así lo han explicado hoy la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, y la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez.

Gómez ha recordado que la incidencia acumulada de la COVID-19 en los últimos 14 días en el conjunto de las Islas Baleares continúa la tendencia al alza y ha registrado un nuevo incremento respecto a hace una semana. Ha pasado de 237,4 casos por cada 100.000 habitantes a 328,7 –un 40% más-, de acuerdo con el que recoge el informe 30 del Servicio balear de Epidemiología que se publica este viernes y que recoge información hasta el 17 de diciembre.

En cuanto a Mallorca, que se encuentra actualmente en nivel 4 de alerta, también ha registrado un incremento destacado de más de un 40 % en la incidencia en sólo 7 días. Ha pasado de 272,9 casos detectados por cada 100.000 habitantes (2.445 diagnósticos en 14 días) a 386,6 (3.464 positivos en las últimas dos semanas).

Gómez ha añadido que a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía, que cumple de manera muy correcta con las normas y recomendaciones para evitar los contagios, todavía hay situaciones que suponen un grave peligro para la salud pública. Por este motivo se ha considerado adecuado endurecer las sanciones para determinadas infracciones que suponen un mayor de riesgo de contagio.

En este sentido, la consellera Castro ha explicado que según la modificación prevista del Decreto ley 11/2020 de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, durante el nivel 4 las infracciones consideradas leves y graves podrán pasar a ser consideradas como graves y muy graves, llegando las posibles sanciones desde 60.000 € hasta 600.000€ y a la posibilidad de ordenar el cierre del establecimiento.

Castro ha añadido que cuando el nivel de alerta sanitaria es máximo, como es el caso ahora mismo, resulta necesario actuar con mayor diligencia en el cumplimiento de las medidas para paliar los efectos de la pandemia. Es por eso que es necesario aumentar las sanciones por la comisión de estas infracciones.

Por otro lado, ha destacado que los operativos conjuntos de inspección que se han reforzado con motivo de las fiestas navideñas vigilarán especialmente la actividad de comercios, centros comerciales, establecimientos de restauración y bares para garantizar que se respeten las normas, también en estos espacios de ocio.

Castro ha recomendado evitar las aglomeraciones en los comercios y centros comerciales, y ha aconsejado esperar o volver más tarde si el comercio al cual se quiere acceder se encuentra muy concurrido. Así mismo ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones de distancia, manos limpias y mascarilla cuando no se esté consumiendo.

Más de un millar de inspecciones y cerca de 800 actas por incumplimiento

La estrategia responde a la necesidad de aumentar el grado de cumplimiento de las medidas establecidas. En este sentido, hay que destacar que desde la activación de los operativos conjuntos entre inspectores de la CAIB, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales, se han realizado 1.059 inspecciones y se han levantado 789 actas por incumplimientos de la normativa.

Desde la entrada en vigor del decreto ley sancionador el pasado mes de julio y hasta el 7 de septiembre, se han registrado 5.532 denuncias (incluidas las levantadas por otras administraciones que han sido remitidas en la Consejería de Administraciones Públicas y Modernización), de las cuales 4.870 corresponden a particulares y 662 a establecimientos.



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